«En relación con la noticia aparecida en 'La Verdad' de Murcia de 27 de septiembre de 2017, cuyo titulo era 'Dos directivos de Adif reiteran a la juez que se les instó a no actuar tras recibir la denuncia del fraude', Antonio Gutiérrez y Javier Gallego solicitan la rectificación en los siguientes términos:

En ningún momento GPO entrego «una denuncia por fraude». GPO, empresa que indicaba que se habían cometido irregularidades, era quien tenía que controlar la obra y dar el visto bueno a los pagos a la misma, por lo que la información facilitada tenía que ser comprobada. O era errónea la información, o era erróneo el control. No hubo inacción en ningún momento. Se informó a los superiores, quienes comunicaron que ya existía una investigación en curso. Al acceder a las diligencias se ha comprobado que en noviembre de 2014 ya existía una investigación por Fiscalía y por la AEAT, de manera que era cierto que se estaba llevando a cabo una investigación. Los supuestos hechos ocurridos durante la reposición de servicios del tramo Monforte-Murcia del AVE se referían a gastos y actuaciones previos a que D. Javier Gallego y D. Antonio Gutiérrez formaran parte de Adif, pertenecientes a expedientes de gastos abonados íntegramente antes de la incorporación de ambos al Adif y en los que estos no tuvieron participación alguna. La primera relación que Javier Gallego tuvo con GRO sobre este tema fue el 7 de noviembre de 2014, cuando durante el transcurso de una reunión sobre la marcha de todas obras en curso en la que GRO era la empresa de control, GRO le informó de posibles irregularidades: Se puso en conocimiento de la superioridad. Se le dijo que esa cuestión ya estaba siendo investigada y que no se hiciera nada para no interferir o alterar dicha investigación, la cual, como se ha podido acreditar, ya se estaba llevando a cabo. Posteriormente a habérsele comunicado que el asunto ya estaba siendo investigado, se le entregó copia de una información (que no un original), sobre la que se había recibido instrucción expresa de no hacer nada para no interferir o alterar dicha investigación. La documentación original estaba en poder de GRO, en el archivo de obra, siendo precisamente el lugar físico designado por los pliegos de Adif para custodiar la documentación de la obra, tal y como se recoge en las Diligencias Previas. La única manera de comprobar si realmente existían irregularidades en los trabajos realizados era realizando una auditoría (no olvidar que GRO había confirmado estos trabajos), cuya autorización no era competencia ni de D. Javier Gallego ni de D. Antonio Gutiérrez y que implicaba convocar un concurso público con un período de ejecución que puede rondar los 5 meses. Evidentemente, esto alertaría a cualquier implicado, motivo por el cual parecía lógico permitir que siguiera la investigación que ya estaba en curso.