La Comunidad reclamará más 300 millones a la sociedad concesionaria Cercanías Móstoles Navalcarnero, perteneciente al Grupo OHL, por incumplir un contrato. La empresa, en concurso de acreedores desde mayo, debía construir la red viaria hasta Navalcarnero y explotarla una vez terminada, lo que no llegó a ocurrir. La Consejería de Transportes ha abierto un expediente de resolución de contrato por el “incumplimiento de las obligaciones”, según ha sabido EL PAÍS.

El plan para conectar por vía férrea Madrid y el suroeste de la región comenzó en 2007, cuando Esperanza Aguirre, entonces candidata del PP a la Comunidad, convirtió el proyecto en su promesa electoral estrella para la zona. El recorrido, de 14,8 kilómetros, debía transitar por siete estaciones. Tras ganar las elecciones en 2008, Aguirre colocó la primera piedra y adjudicó la construcción a OHL, que estaba obligada a invertir en el proyecto 362 millones de euros. La empresa correría con todos los gastos y el Gobierno regional le pagaría un canon por cada usuario (2,94 euros). Incluso se cifró en 9,7 millones los viajeros de la línea al año. Pero las obras pararon por sorpresa en 2010. La constructora alegó dificultades económicas que trataron de resolver los Ayuntamientos implicados, la Consejería de Transportes y el Ministerio de Fomento.

Todos los intentos por reanudar los trabajos fueron en balde: a la concesionaria no le salían las cuentas, mientras la Comunidad exigía cumplir lo pactado. Para entonces, y en pleno periodo electoral, la sociedad ya había llevado el proyecto a los tribunales para exigir la disolución del contrato de concesión y reclamar a la Administración una indemnización de 369,5 millones de euros en concepto de inversiones realizadas, además de daños y perjuicios. Era junio de 2015 y la empresa vinculada al grupo de Villar Mir alegaba incumplimientos de la Comunidad. La respuesta no se hizo esperar. Con la llegada de Cristina Cifuentes a la presidencia regional se intentó recuperar un aval de 18 millones que la concesionaria había depositado al ganar el concurso.

En febrero de 2016, el Consejo de Gobierno multó con 34 millones de euros a la sociedad por un supuesto incumplimiento grave de las obligaciones contractuales, ya que no había terminado la obra en el plazo señalado. Aún así, la consejería liderada por Pedro Rollán dio otros 16 meses de plazo a Cercanías Móstoles Navalcarnero para terminarla.

Expediente de resolución

Un portavoz del Gobierno regional aseguró ayer que son conscientes de que tampoco cumplirán con ese plazo, que expira en junio, motivo por el que se abre el expediente de resolución. Los técnicos estudian ya la cifra a reclamar por daños y perjuicios, que superará los 300 millones de euros.

Después de la sanción de 34 millones impuesta por la Administración, Cercanías Móstoles Navalcarnero solicitó al Tribunal Superior de Justicia de Madrid la suspensión cautelar de la multa, que le fue denegada. Esa decisión llevó a la empresa a requerir, en mayo de 2016, el concurso voluntario de acreedores por encontrarse en situación de insolvencia. Tras años de litigios judiciales, el pasado diciembre la sociedad comenzó a retirar la tuneladora de diez metros de diámetro que permanecía en las obras dando al traste con el proyecto. El Grupo OHL ha invertido en él 238,9 millones.

Un portavoz de OHL reconoció ayer que a la empresa “le pilla por sorpresa el anuncio de reclamación” de la Comunidad de Madrid. Ellos, según este portavoz, ya solicitaron la “resolución del contrato” en julio de 2015. La concesionaria recuerda que hace casi dos años que se inició la demanda para “recuperar el dinero invertido en las obras”. Le entidad constructora subraya que la “Comunidad es la dueña de estas infraestructuras” por lo que no habría lugar a reclamación. Añaden que la Comunidad prometió que el Ayuntamiento de Móstoles iba a aportar 50 millones, “algo que nunca ocurrió”