El Tribunal Supremo ha confirmado la sanción de ocho días de suspensión y empleo y sueldo impuesta por Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana (FGV) al exdelegado de esta empresa pública en Alicante Francisco San Martín por saltarse dos señales y manipular el sistema automático de frenado cuando trabajaba como maquinista. Así lo establece un auto fechado el pasado 2 de noviembre al que ha tenido acceso El PAÍS.

San Martín fue nombrado delegado de FGV en Alicante en 2015, pero dimitió días después de hacerse público que arrastraba un historial de sanciones como conductor del tren metropolitano TRAM. Tras su dimisión, obtuvo una plaza de técnico responsable de Comunicaciones de la firma autonómica.

La sala de lo Social del Supremo ha rechazado ahora su recurso contra dos de las sanciones que le impuso la empresa pública. Ese expediente se saldó con la suspensión de empleo y sueldo durante 18 días y fue ratificado el pasado año por sendas sentencias dictadas por un juzgado y por el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) valenciano.

En ambas resoluciones se declaró probado que el entonces maquinista había rebasado el 11 de febrero de 2013 dos veces una señal que obligaba a detener el convoy del tren TRAM que conducía. "Sin autorización" ni "comunicación al puesto de mando", ignoró la baliza de tipo E2 Eurotenis, que estaba apagada. En la segunda ocasión, incluso "manipuló la máquina" para evitar que se activara automáticamente el sistema de frenado.

San Martín había ocupado el cargo de responsable de Relaciones Institucionales de la sección del sindicato UGT en FGV y forma parte de la ejecutiva del PSPV-PSOE en la comarca de l'Alacantí desde el 30 de diciembre de 2012, según se recoge en el auto del Supremo, del que ha sido ponente el magistrado José Manuel López García de la Serrana.

El trabajador presta servicios con categoría profesional de maquinista para FGV desde 1982. En los últimos años "ha sido sancionado por hechos similares" que han sido "confirmados por las correspondientes sentencias", según el alto tribunal.

La última sanción se remonta a abril de 2013, cuando la empresa pública le consideró autor de una falta grave y otra muy grave y le castigó con 18 días de suspensión de empleo y sueldo que más tarde rebajó a ocho. En el expediente se tuvo en cuenta que había confesado, pero también que era reincidente, pues no era la primera vez que se saltaba señales de velocidad y detención a los mandos de un convoy.

Pese a su historial infractor, el Consell le nombró delegado de Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana en Alicante en octubre de 2015. No obstante, cuando la prensa aireó sus antecedentes como maquinista, dimitió del cargo y fue designado con posterioridad técnico responsable de Comunicaciones de FGV en la provincia.

San Martín acudió al Supremo para tratar de ser exculpado. Argumentó que la sentencia del juzgado de lo Social 7 de Alicante y la del TSJ que confirmaba esta resolución debían ser revocadas porque no habían tenido en cuenta la prescripción de las infracciones. El trabajador invocó en su recurso otra sentencia en la que se había fallado a favor de un conductor de autobuses.

El Supremo ha dictaminado ahora que ambos casos no son comparables, pues revelan una infracción similar pero "los lapsos temporales que median entre la comisión de la infracción y la comunicación de la sanción impuesta, amén de otras diferencias concurrentes, son de tan diverso calibre que no puede apreciarse contradicción" entre ambas.

El nombramiento de San Martín como delegado de FGV en Alicante, con funciones de representación y firma del gerente de la empresa, estuvo envuelto en la pólemica. Un sindicato ferroviario denunció la gravedad de que hubiera anulado el ATP, las siglas que corresponden al sistema de protección automática del tren, que hace posible su frenado en determinados puntos señalizados. Y el grupo popular en las Cortes Valencianas llegó a pedir la comparecencia urgente de la consejera de Vertebración del Territorio, María José Salvador, para explicar su designación.

Sin embargo, el interpelado renunció al cargo en una carta en la que denunció un "linchamiento público" hacia su persona. En esa comunicación el maquinista dijo que dimitía para no "comprometer las políticas de regeneración democrática y social" emprendidas por el nuevo Consell.