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11 noviembre 2016
«Firmé los gastos falsos del AVE porque la gente de Adif me lo exigía»
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El responsable de una compañía contratada para supervisar las obras de la alta velocidad a Murcia desvela cómo funcionaba la trama
RICARDO FERNÁNDEZ | MURCIA
La trama delictiva montada en torno a la construcción de la línea del AVE a Murcia, que habría logrado desviar más de 50 millones de euros, operaba con el aparente conocimiento y la complicidad de altos responsables del Juzgado Privativo de Aguas de Orihuela, de las cuatro grandes empresas que se habían adjudicado esos trabajos -Sacyr, Acciona, Dragados y Constructora San José- y de la sociedad pública Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif). Y cada vez son más las pruebas que los investigadores de Vigilancia Aduanera y de la Guardia Civil van acumulando en ese sentido y que permiten ir conociendo, con creciente detalle, el 'modus operandi' de la organización.
Después de una veintena de detenciones y de cerca de otra treintena de imputaciones de todas las instituciones y sociedades mencionadas, la investigación ha entrado en una nueva fase, que se centra en conocer el papel desempeñado por responsables de una serie de empresas, que fueron contratadas por las concesionarias para supervisar las obras del AVE. Estas compañías, denominadas ACO (Asistencia y Control de Obras), son Gestinsa Ingeniería SA; Sondeos, Estructuras y Gesotécnica SA, GPO Ingeniería SA e Instituto Técnico de Materiales y Construcción SA (Intemac), según consta en las diligencias que coordina el Juzgado de Instrucción número 9 de Murcia.
Los investigadores de Aduanas y la Benemérita procedieron a finales del mes pasado a tomar declaración como imputados a tres jefes de Unidad ACO de esas empresas, Luciano M.L., José Luis C.B. y José Luis M.G.B., pero no pudieron hacerlo con el otro sospechoso, Pablo V.F.A. porque está trabajando en Chile.
El objeto de los interrogatorios era determinar hasta qué punto estos responsables de esas firmas, contratadas expresa y exclusivamente para garantizar que las obras se estaban efectuando y que los gastos eran correctos, eran conscientes o no de que se habían desviado cantidades multimillonarias.
Aunque dos de los investigados se acogieron a su derecho a no declarar, otro de ellos, José Luis M.G.B., ofreció una valiosa explicación acerca de las irregularidades cometidas, de las que dijo ser perfectamente consciente. Así, reconoció que había detectado partidas infladas por hasta ocho millones de euros y obras que no se habían llegado a ejecutar por hasta seis millones. Unas cuantías que, sin embargo, habrían sido facturadas a Adif y abonadas con cargo a las arcas públicas y que, en últimos término, habrían servido para el enriquecimiento ilícito de los integrantes de la trama.
José Luis M.G.B. explicó que llegó incluso a redactar un informe sobre todas las ilegalidades detectadas -del que aportó copia a los agentes- y aseguró que si finalmente se avino a poner su firma para que se tramitaran los expedientes de gasto falsos fue «porque me lo exigía la gente de Adif».
Cuando los investigadores le instaron a concretar, afirmó que era «José Luis Martínez Pombo quien le exigía que firmara las Relaciones Valoradas de las obras y que Francisco R.M. lo sabía». Se da la circunstancia de que Martínez Pombo, quien en esa época era jefe de Infraestructuras de la línea del AVE al sureste español, ya fue detenido en las primeras fases de la investigación, y seguidamente ingresado en prisión, acusado de haber recibido sobres con decenas de miles de euros supuestamente procedentes de la malversación de fondos públicos.
El jefe de la ACO señaló también que de las 173 reposiciones de infraestructuras hídricas que presupuestó el Juzgado de Aguas, unas 40 no se llegaron a realizar.
