Santiago. Las enconmiendas de gestión, que permiten el encargo directo a medios propios de la Administración por supuesta razón de eficacia, se han convertido en una vía de competencia desleal con las empresas privadas. El "abuso" de esta figura se constata en Galicia en la Sociedad de Ingeniería y Economía del Transporte Ineco, cuya inversión a través de las encomiendas asciende al 60 % del total, superando los 37,8 millones de euros en 2015 principalmente en ADIF.

También queda patente, según denuncia la Asociación Gallega de Empresas de Ingeniería, Consultoría, y Servicios Tecnológicos (Ageinco), en materia de carreteras, como es el caso de la Variante Ordes-A Coruña o de la ampliación de la Avenida de Madrid en Vigo. Estas encomiendas, hasta 30 en materia de la red viaria y aeropuertos, "se hacen supuestamente en aras del ahorro público".

En un comunicado, Ageinco lo rebate. "Los datos demuestran que empresas como Ineco y Tragsa se convierten en los chiringuitos particulares del Gobierno, que mete a la gente que quiere en estas empresas semipúblicas, mientras se deja de realizar concursos abiertos a todas las empresas". Prueba de ello es que mientras el conjunto de la ingeniería perdió miles de puestos de trabajo en los últimos años, la plantilla de Ineco aumentó hasta 2.366 empleados. La de Tragsa elevó sus costes de personal hasta 392 millones.

Estos ejemplos "contradicen y algo más" la directiva europea 2014/24/EU sobre contratación pública que limita expresamente el empleo de las encomiendas de gestión. Demasiado personal y costes cuando "no son capaces de hacer las obras que se le contratan", por lo que actúan de "intermediarias" cuando "lo normal de la Ley de Contratación es que se haga entre la Administración y la empresa, sin tener que pagar peajes de ningún tipo", explica Fernando López Mera, presidente de Ageinco.

En bastante ocasiones, recuerda este colectivo, estas empresas públicas subastan muy a la baja parte de los trabajos adjudicados, y que a su vez readjudican con unas bajadas de precios de hasta el 70 % al sector privado.