El Ministerio de Fomento no quiere que se modifique el diseño de la Operación Chamartín (la recalificación de 320 hectáreas en su mayor parte propiedad de Renfe al norte de Madrid) que firmó en 2015 con la anterior alcaldesa, Ana Botella (PP), la Comunidad de Madrid y el BBVA. El ministerio, en una carta enviada al concejal de Urbanismo, José Manuel Calvo (Ahora Madrid), y firmada por el subsecretario de Fomento, Mario Garcés, y los presidentes de Adif y Renfe, anuncia que emprenderá “todas las acciones en Derecho” para reclamar al Ayuntamiento los más de 700 millones invertidos hasta el momento en la operación.

En la misiva, datada el 23 de mayo, el ministerio exige al Consistorio que proceda a la “aprobación definitiva” en el pleno municipal del plan acordado con la anterior corporación (PP) en febrero de 2015 “en base a los compromisos legítimamente asumidos por todas las administraciones públicas implicadas”. E insiste en que llevaba ya invertidos “en torno a 700 millones en obras ya ejecutadas o en curso de ejecución, todo ello para cumplir compromisos asumidos y ratificados por ese Ayuntamiento, en la confianza legítima de que serán resarcidos”. Y menciona el nuevo túnel de conexión para el AVE Atocha-Chamartín, la remodelación de la estación y el tren de cercanías que une el Aeropuerto de Barajas con la ciudad.

Sin embargo, el Consistorio hizo caso omiso de esta carta dos días después de recibirla, ya que el pleno, con el apoyo de Ahora Madrid y el PSOE, acordó anular el plan anterior. Este consistía en la construcción de 17.699 viviendas y una zona financiera con el rascacielos más alto de la Unión Europea (70 plantas), zonas verdes y comerciales, el soterramiento de las vías del ferrocarril, la ampliación del metro y dos nuevos nudos de conexión para el tráfico. Llevaría a cabo las obras una sociedad del BBVA y de la constructora San José. Con las plusvalías obtenidas, se sufragarían todas las obras públicas proyectadas por Fomento y el Consistorio. La operación generaría unos 120.000 empleos.

Pero el Ayuntamiento de Manuela Carmena quiere reducir a más de la mitad el plan para hacerlo “más sostenible” e inyectar más fondos públicos. El número de viviendas pasaría así de las 17.699 iniciales a 4.600.