Adif recaba apoyos ante el pulso de las constructoras

R. MUÑIZ | GIJÓN.

Pequeño vertido de la variante al río Huerna, hace un mes.

Pequeño vertido de la variante al río Huerna, hace un mes. / J. M. P.

Está pasando en la variante de Pajares y en otras obras de la red que se ejecutan para el AVE. Adif Alta Velocidad adjudicó en los últimos años sus grandes contratos de inversión advirtiendo que se lo llevaría la empresa que pusiera sobre la mesa la oferta más barata. Este tipo de concursos procura inicialmente un ahorro a la Administración pero siempre que el proyecto de obra y la supervisión de la misma sean exquisitas. Lo habitual, sin embargo, es que al empezar los trabajos, los ingenieros del Adif se percaten de que sus planos iniciales incurrieron en algún tipo de error, por lo que solicitan al constructor que asuma determinadas variaciones. La empresa privada, que llega muy justa de presupuesto a la obra, aprovecha la incidencia para reclamar un modificado económico.

A grandes rasgos, este pulso entre proyectos imperfectos y constructoras necesitadas de ampliar como sea su margen económico se está reproduciendo en las principales obras de alta velocidad. En la variante de Pajares por ejemplo Dragados aprovechó una precipitación política para solicitar la rescisión del contrato que tenía para montar la vía en la vertiente asturiana. La encomienda se le adjudicó a mitad de precio a principios de 2014, lo que permitía a la ministra asegurar que su parte estaba hecha, que ella ya había adjudicado las obras principales de la variante. Lo cierto es que al poco se le dio orden a Dragados de que no se pusiera manos a la obra. El montaje de vías no podía hacerse antes de estabilizar la inestable ladera de Campomanes, algo que todavía no se la logrado. La legislación actual permite a las empresas solicitar la rescisión de contrato, con indemnización de daños y el abono del lucro cesante, cuando la Administración le tiene ocho meses suspendido el encargo. Fuentes del sector consultadas por 'El Mundo' aseguraron que son siete los proyectos con problemas similares en todo el país, lo que supondría una inversión de unos 500 millones. Para responder a esta oleada de reclamaciones, contrató a principios de abril los servicios de Euroestudios S. L. por 33.304 euros; su misión será la de asistir a la Dirección General de Explotación en la revisión y análisis «de la documentación justificativa de incidencias contractuales en tramitación».

El refuerzo se une a los seis acuerdos marco firmados por Adif con ingenierías expertas en geología, topografía y obra civil, a los que se les pedirá que auditen las mediciones y obras de alta velocidad y su adecuación a los proyectos iniciales.