La conselleira de Infraestruturas, Ethel Vázquez, dirigió el pasado 2 de febrero una carta al presidente del ADIF, Gonzalo Ferre, quejándose del mal estado de las carreteras en el entorno de las obras del AVE por culpa del continuo paso de camiones pesados, un problema que ha generado un nuevo conflicto entre parte de las adjudicatarias de la línea Lubián-Ourense y el ADIF, y que junto al problema de los modificados de los proyectos amenaza de nuevo con paralizar las obras.

En la misiva, a la que ha tenido acceso La Voz, la conselleira expone el problema que le plantearon los alcaldes de la comarca de Verín, «y con especial preocupación el propio alcalde de Laza», con los que se reunió el 26 de enero. Alerta la conselleira de que se trata de un asunto de «especial relevancia» en la provincia de Ourense, «porque las carreteras de titularidad autonómica han alcanzado un grado de deterioro elevado que pone en riesgo labores tan fundamentales como la retirada de nieve e, incluso, el propio tránsito de vehículos».

Considera Ethel Vázquez que el arreglo de estos viales afectados por el tráfico de obra -muchos de estos camiones son capaces de cargar hasta 50 toneladas de material- «debe ser asumido por los propios contratistas que ejecutan las obras, y así debe ser exigido», defiende la Xunta en su carta, sin entrar en quién debe abonar esos trabajos. Hay que recordar que algunas adjudicatarias se quejan de que estos gastos no fueron calculados en sus proyectos, por lo que no pueden repercutir el coste de los arreglos en las certificaciones de obra. Ahora aseguran que deben invertir varios millones de euros para hacer practicables las carreteras -no solo las de la Xunta, también las que gestiona la Diputación de Ourense- y exigen al ADIF que les abone estos gastos bajo la amenaza de paralizar las obras, algunas de ellas también afectadas por modificados que no han sido tramitados por el administrador ferroviario.

En el documento remitido al presidente del ADIF se indica que, a pesar de las solicitudes de los alcaldes y los técnicos de infraestructuras de la Xunta, «varios adjudicatarios de estos contratos se han desentendido de corregir el deterioro de las carreteras afectadas por las obras». Como consecuencia de esta actitud, precisa la conselleira, las carreteras OU-111, OU-113 y OU-114 «se encuentran en un estado deficiente tanto estructural como superficial», especialmente la primera de ellas. La Xunta adjuntó un conjunto de fotografías para documentar la queja. El Gobierno autónomo entiende que se trata de unas obras «de gran envergadura» con un tráfico muy elevado de vehículos pesados, lo que provoca un «rápido desgaste» en las carreteras que dan acceso a los tajos de la línea de alta velocidad.

«Alarma social»

Ethel Vázquez recuerda a Gonzalo Ferre que su departamento «ha transmitido insistentemente» al ADIF la necesidad de que se adopten medidas para garantizar el tránsito y la seguridad en estas vías, «ya que está en riesgo el servicio a los ciudadanos e incluso el tránsito de los vehículos de las propias obras». Así que le pide el «máximo esfuerzo» para solucionar el problema, «que está provocando ya la alarma social en los ayuntamientos afectados».

Como medida preventiva para evitar más daños, algunas de estas carreteras modificaron el tonelaje permitido de los camiones, pasando de 50 a 25 toneladas. Esto ha provocado las quejas de las adjudicatarias, que aducen que tienen que hacer el doble de viajes para transportar el mismo material a los tajos, principalmente áridos y cemento.

El ADIF está convencido de que son las empresas las que deben correr con los gastos de las reparaciones sin pagos adicionales.