El exjuez de Aguas de Orihuela confesó haberse lucrado con obras ficticias del AVE a Murcia

La red facturaba a las grandes concesionarias de la alta velocidad por trabajos de reparación de acequias que no llegaron a realizarse

RICARDO FERNÁNDEZ | MURCIA

Uno de los detenidos en Murcia la semana pasada. / F. M./ AGM
Por si los indicios delictivos que existían en su contra no eran suficientes, el antiguo titular del Juzgado Privativo de Aguas de Orihuela, Jesús Abadía Mira, habría confesado a los investigadores del caso del fraude del AVE que se aprovechó de las obras de la alta velocidad entre Crevillente y Murcia para lucrarse personalmente. Fuentes próximas a estas diligencias, que están siendo coordinadas por el titular del Juzgado de Instrucción número 9 de Murcia, Francisco Navarro, han explicado a 'La Verdad' que Abadía no es el único de los supuestos cabecillas de la trama que habría 'cantado', pues días antes ya lo había hecho el dueño de la constructora Obras Miramar SL, Juan Ortín. Este también habría reconocido los presuntos amaños de facturas en los que habrían incurrido con el aparente fin de obtener ingresos muy elevados -por encima de los veinte millones de euros- por obras que no se ejecutaron.

El gran volumen de material probatorio recabado durante meses por funcionarios de Vigilancia Aduanera y agentes de la Unidad Orgánica de Policía Judicial (UOPJ) de la Guardia Civil, unido a esas confesiones, determinaron que tanto Juan Ortín como Jesús Abadía ingresaran en prisión, y que les siguieran en igual trance otros supuestos socios suyos en el fraude, como el exsecretario del Juzgado de Aguas, Aníbal Bueno, y el ingeniero jefe de ese organismo, José Manuel Fernández Pujante, además de otros dos colaboradores. A estos se suma otra decena de presuntos implicados, en su mayor parte testaferros de los cabecillas, que están en libertad con cargos.

Todos ellos están inmersos en las diligencias 1007/2015 del mencionado juzgado de Murcia, que investiga presuntos delitos de falsedad documental, estafa, malversación de caudales públicos, blanqueo de capitales y pertenencia a organización criminal, entre otros cargos.
Los altos responsables del juzgado habrían creado una red de sociedades que les permitió enriquecerse
Las investigaciones se centran en una trama delictiva que se habría aprovechado del convenio que el Juzgado Privativo de Aguas de Orihuela suscribió en torno al año 2010 con la empresa pública Adif, de forma que sería el propio juzgado el que se encargaría de garantizar la reparación y reconstrucción de las acequias y canalizaciones hidráulicas que se vieran afectadas por las obras del AVE.

Con el aparente fin de enriquecerse personalmente, el entonces juez, el secretario y el ingeniero jefe habrían montado diversas empresas y comunidades de bienes, en algunos casos a nombre de familiares y de testaferros, que se habrían dedicado a emitir facturas por trabajos de reparación de acequias que no se habían realizado o que, en el mejor de los casos, habían costado mucho menos de lo que estaban facturando. Entre estas sociedades investigadas figuran Aslein Asesoría Legal e Informática CB, al frente de la cual se encontraría Aníbal Bueno, y Liberitas Desarrollos Inmobiliarios, que estaría dirigida por el ingeniero José Manuel Fernández y por su hermano Antonio José.

Los investigadores consideran que el juez Jesús Abadía habría ingresado hasta un millón de euros entre 2011 y 2013 con trabajos no realizados, que Aníbal Bueno habría llegado a percibir unos 700.000 euros de la misma forma y que José Manuel Fernández habría llegado a facturar hasta seis millones con sus sociedades.

En esta red de intereses habría desempeñado un papel fundamental la constructora Obras Marimar, pues había sido subcontratada por las grandes empresas adjudicatarias de las líneas del AVE y habría sido la que se encargaba de presentarles las facturas por esos trabajos que no se realizaron. De esa forma habría percibido cantidades que alcanzarían los siete millones de euros, según fuentes de la investigación.