leonoticias.com
22 septiembre 2015
La causa trata de la adquisición por parte de la ferroviaria de un inmueble en Oviedo, frente a la estación de La Losa, además de una partida de chatarra inútil. Las operaciones datan del 2011 y tras analizarlas, el equipo de Gijón de la Intervención General del Estado emitió un informe criticando que la empresa invirtiera 2,2 millones por esas oficinas; los interventores indican que según una tasación de la sociedad pública Segipsa realizada semanas después del contrato de contraventa, valía en realidad 1,26.
Renfe y Adif, en tanto que sociedades que han heredado las obligaciones y bienes de Feve, interpusieron una querella por estos hechos contra el expresidente de la aquella época, Ángel Villalba y su exdirector general Juan Díez. Tras investigar el asunto, el Juzgado de Instrucción de Oviedo decretó en febrero el archivo de la causa. Los denunciantes recurrieron a la Audiencia Provincial, quien confirmó la ausencia de delito reiterando que la operación "no alcanza una entidad criminal suficiente para seguir con su indagación".
La jurisdicción penal y la contable tienen reglas distintas. El Tribunal de Cuentas no entra en los delitos y le basta con acreditar esa gestión dolosa, culpable o negligente para imponer a sus autores multas que permitan resarcir al erario de los fondos malgastados. El equipo de Villalba se expone así a una sanción de 1,18 millones, aunque tiene argumentos a su favor. Feve abrió el expediente para adquirir el inmueble el 29 de agosto del 2010 y, un día después, Juan Díez firmó un contrato con opción a compra con el dueño de las oficinas, que ocupan 641 metros cuadrados. El convenio daba un mes para hacer efectiva la adquisición so pena de perder una garantía de 250.000 euros.
El acuerdo fijaba en 2,2 millones el precio del local. Cuatro días antes de la firma del convenio, el arquitecto al que Feve encargó la reforma, calculó en 2,5 millones el precio real del inmueble. Su tasación la hizo sacando una media ponderada de los precios que algunas portales de internet pedían por oficinas y pisos en la zona. Parte de esas construcciones eran de reciente factura, mientras que la ambicionada Feve contaba 50 años.
Valoración del polémico local
El 23 de septiembre la empresa formalizó la escritura de compra. El Tribunal de Cuentas señala en un informe que luego Feve solicitó a Segipsa que hiciera la valoración. Los tasadores del Estado fijaron en 1,26 millones el precio, eso sí, tomando como referencia oficinas que no aclaran. El Tribunal dice además que en la contabilidad de Feve no encontró el recibo de esa valoración.
En sus alegaciones, Villalba niega haber encargado la tasación y tras leerla afirma que tampoco es de Segipsa, que se subcontrató a una empresa particular. En noviembre, a días de las elecciones nacionales, Feve logró que un profesional de León emita un informe que pone el precio en 2,45 millones sin aclarar cómo llega a esta cifra. El equipo de Villalba justificó la compra en la necesidad de albergar al personal de la compañía que tenía en las oficinas bajo La Losa, entre filtraciones y humedades que, según los informes técnicos recabados, no tenían arreglo. La iniciativa se tomó tras otra operación ruinosa.
En enero de 2011, Feve adjudicó por 3 millones la construcción de un centro de formación, que iba a ir encajonado en el parking aledaño a La Losa. La comunidad de propietarios colindante interpuso un recurso contra los permisos del Ayuntamiento. En verano y alegando el temor a que los jueces parasen la obra, los gestores de Feve decidieron detenerlas y rescindir el contrato. Al adjudicatario se le indemnizó con 392.000 euros.
Tras analizar el expediente, el Tribunal de Cuentas apreció "irregularidades y deficiencias". Hay 6.000 euros sin justificación, 37.000 euros por un modificado no aprobado, y 155.000 euros en suplidos que durante seis meses habrían cobrado el gerente, su secretaria, el jefe de obra y dos trabajadores más. "Se considera que el importe de los gastos indemnizados es totalmente desproporcionado para una obra que ha estado paralizada desde finales de febrero a junio", señala el informe. Villalba sostiene que el tema lo llevó el área jurídica de la empresa sin su intervención.
