Una conexión eléctrica está casi terminada pese a estar a exposición pública

DAVID REINERO Santiago 2 MAR 2015 - 19:14 CET

Obras de la conexión eléctrica del Eje Atlántico en la zona de Coira, entre Santiago y Ames. /ÓSCAR CORRAL

Adif, la empresa pública gestora de la red ferroviaria, inició hace un mes una obra para conectar la subestación eléctrica situada al sur de la ciudad de Santiago, en Milladoiro, con la línea del Eje Atlántico de alta velocidad que prevé inaugurar en cuestión de semanas. La conducción subterránea de alta tensión, de dos kilómetros de longitud y a escasos metros de varias viviendas, está ya casi acabada pero la actuación carece aún de la autorización de la Consellería de Economía e Industria que ha pedido Adif.

La empresa, de hecho, inició la obra antes incluso de que la Xunta sometiese a exposición pública su proyecto. La asociación de vecinos de Coira, el núcleo afectado en el límite de los municipios coruñeses de Santiago y Ames, ha presentado una denuncia ante la Fiscalía de Medio Ambiente por considerar que los hechos pueden ser constitutivos de delitos de prevaricación, daños y contra el medio ambiente.

El primer trazado planteado por Adif para conectar su nueva línea ferroviaria con la subestación eléctrica de Milladoiro atravesaba el núcleo de Coira. Los vecinos se negaron a que los cables de alta tensión pasasen por el medio de sus casas y Adif se avino a desplazarlos. Para evitar tanto el núcleo de viviendas como otros terrenos privados que necesitaría expropiar, lo que retrasaría la actuación, decidió que la línea transcurriese paralela a la autovía autonómica que conecta Santiago con Bertamiráns, aprovechando terreno público del margen de la calzada. Pero aunque ya no pasa por el centro de Coira, el cableado discurrirá a menos de 40 metros de cinco viviendas, una de ellas a apenas 20 metros.

Fue el pasado 4 de febrero cuando Industria publicó en el Diario Oficial de Galicia el inicio de la exposición al público durante 20 días del proyecto de Adif. Pero mucho antes, a mediados de enero, la obra ya había comenzado. Y no paró ni ante el requerimiento previo a la vía contencioso-administrativa que formularon los vecinos el 10 de febrero. De hecho, la pasada semana, con el periodo de alegaciones aún abierto, los operarios de la empresa de montajes eléctricos que realiza el trabajo para el ente público Adif ya habían terminado y tapado buena parte de la zanja que alberga la línea soterrada.

El nuevo cableado, además, discurre en el punto más próximo a las casas justo bajo otra línea de alta tensión aérea. Los vecinos temen los efectos para su salud de dos conducciones de alto voltaje y reclaman que al menos se unifique el trazado de ambas, pero ninguna administración se lo ha planteado de momento. Y aunque están convencidos de que la nueva línea requeriría de un estudio de impacto ambiental, la Xunta ni ha analizado esa posibilidad. Industria asegura que la actuación no necesitaría siquiera el permiso que Adif le ha solicitado, pero confirma que una vez pedido este, aún no se lo ha otorgado.

Lo que sí ha hecho el Gobierno gallego ha sido agilizar, como no suele hacer en la mayoría de sus trámites, todos los permisos sectoriales previos necesarios para que Industria pueda otorgar esa autorización final que dice que la obra no necesita. Por ejemplo, la Consellería de Medio Ambiente permitió que la línea discurra junto a la autovía autonómica el lunes 19 de enero, apenas cuatro días después de recibir la petición —el jueves 15— y pese a haber un fin de semana por el medio.

Por su parte, desde Adif se responde que la empresa pública “entiende que cuenta con todos los permisos y autorizaciones en regla”, sin aclarar por qué pidió entonces el permiso de la Consellería de Industria que aún está en tramitación y por qué inició la obra, que admite que está “prácticamente finalizada”, antes de recibirlo. Tampoco aclara si su celeridad se debe a su intención de abrir el Eje Atlántico de la alta velocidad esta primavera. Ante esta situación, los vecinos ya solo confían en que actúe la fiscalía. “Estamos indefensos ante las Administraciones”, sentencia Antonio Rey, uno de los afectados.