Las asociaciones de afectados solicitaron nuevos interrogatorios pero el instructor esperará a los informes definitivos de los peritos

DAVID REINERO Santiago de Compostela 5 DIC 2014 - 20:43 CET

Tanto el nuevo juez instructor del accidente de Angrois, Andrés Lago, como el fiscal del caso, Antonio Roma, rechazan practicar de momento nuevos interrogatorios solicitados por las dos asociaciones de víctimas del siniestro y apoyados por el abogado del maquinista del tren, único imputado por los 79 fallecidos en el descarrilamiento. Juez y fiscal coinciden en esperar a que los seis peritos que analizan el accidente entreguen sus informes definitivos, previsiblemente en enero, antes de practicar nuevas diligencias, lo que ha incrementado el temor de las víctimas a que la investigación judicial pueda cerrarse en falso sin analizar todas las incógnitas del caso. Según el fiscal, del que ayer se conoció su argumentación, “nos encontramos en el marco de una fase de instrucción todavía no conclusa”, por lo que “no existe indefensión” por denegar de momento esas pruebas.

Los abogados de las dos asociaciones de víctimas pidieron hace dos semanas al juez Lago que llamase a declarar a una docena de cargos de Renfe y responsables europeos del sistema de control constante de la velocidad de los trenes (ERTMS), que estaba desconectado y que por lo tanto no pudo evitar el despiste y el exceso de velocidad del maquinista. Su deseo era que los primeros aclaren, entre otras cuestiones, por qué y quién desestimó la alerta sobre el riesgo de la curva de Angrois que un maquinista jefe realizó un año y medio antes del accidente. De los responsables europeos querían saber qué sistemas de seguridad debía tener activos la línea Ourense-Santiago al estar catalogada como de alta velocidad.

El juez Lago ha rechazado esas peticiones y ha optado por esperar a que los peritos que analizan el accidente le entregen sus informes definitivos. Su antecesor al frente de la instrucción del caso, Luis Aláez, llamó a declarar por dos veces como imputados a altos cargos de Adif, gestor público de la línea ferroviaria, la primera ocasión sin contar con ningún informe pericial y la segunda con una versión provisional. En ambos casos la Audiencia Provincial de A Coruña levantó las imputaciones por considerar que carecía de indicios suficientes.

Ahora, las víctimas y el abogado del maquinista imputado coinciden en que las diligencias que piden “nada tienen que ver” con los peritajes “e incluso la declaración de los testigos podría ayudar en algo a los peritos”. El fiscal, Antonio Roma, que discrepaba habitualmente de Aláez, defiende ahora al juez Lago y asegura que su decisión “no declara la impertinencia de diligencia alguna, por lo tanto no existe indefensión” ya que la ley no obliga a que “las diligencias de instrucción se practiquen en uno u otro momento”.