El tribunal rectifica al juez instructor e insiste en culpar del descarrilamiento del Alvia solo al maquinista

David Reinero Santiago de Compostela 8 OCT 2014 - 12:47 CEST

Tras cumplirse el pasado 24 de julio el primer aniversario del accidente de tren de Santiago que dejó 79 muertos y cientos de heridos, la Audiencia Provincial de A Coruña ha levantado las imputaciones que el anterior juez instructor, Luis Aláez, había formulado sobre 12 exdirectivos de Adif, empresa pública gestora de las líneas ferroviarias. El juez consideraba que debían haber adoptado más medidas de seguridad para evitar un accidente a su juicio “previsible”, mientras que la Audiencia, en línea con la postura del fiscal, no ve más responsables que el maquinista del tren.

La Audiencia ha notificado hoy diversos autos en los que deja sin efecto estas imputaciones al entender, entre otras cuestiones, que no hay base normativa que permita entender que la ausencia de instalación de ERTMS (sistema que supervisa de modo constante la velocidad del tren) en la infraestructura “constituya una infracción de un deber legal”, informa el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia.

Los magistrados entienden que la ausencia de ERTMS supone una conducta peligrosa, pero concluyen que si este riesgo se mantiene “dentro de un nivel que haya de considerarse permitido, no existe infracción del deber de diligencia”. Indican también los autos que la eliminación de este sistema en los últimos kilómetros de la línea no fue gratuita o carente de motivo, pues respondía “a la nueva configuración y regulación del enclavamiento”.

Los magistrados consideran “sencillamente absurdo” que el maquinista “tuviera alguna duda sobre cuáles eran sus obligaciones o sobre qué normativa había de cumplir" y afirman que "el deber establecido en la normativa reglamentaria de llegar al punto del cambio de velocidades a una determinada velocidad es un factor que no se ve afectado" por ninguna "confusión”.

Los autos, que son firmes y contra los que no cabe recurso, concluyen que “no hay indicios de que en la determinación y regulación de las circunstancias de la circulación ferroviaria concurrentes cuando se produjo accidente concurra la infracción normativa, la ilegalidad o la vulneración de pautas técnicas consolidadas recogidas por la normativa de Adif que el auto de imputación proclama”.

Anteriormente la misma Audiencia de A Coruña ya había levantado una imputación similar del juez instructor sobre estos y otros directivos y técnicos de Adif, una resolución que fue muy criticada por las dos asociaciones de víctimas del siniestro. En el accidente de la curva de Angrois, el maquinista del tren, Francisco José Garzón, imputado desde el primer momento, no frenó a tiempo tras recibir una llamada telefónica del interventor. No había activo ningún sistema de control de la velocidad que evitase su despiste, según Adif y Renfe porque nada obligaba a ello, al contrario de lo que consideró el juez instructor.

La decisión del tribunal supone levantar las imputaciones que pesaban sobre quien era presidente de Adif cuando se abrió la línea Ourense-Santiago en diciembre de 2011, Antonio González Marín, nombrado por el PSOE y hoy secretario de Empleo de la Junta de Andalucía, así como los diez vocales de su Consejo de Administración. También estaba imputado el entonces director de Seguridad en la Circulación, Andrés Cortabitarte, perito a su vez en la causa judicial por el accidente del metro de Valencia que en 2006 dejó 43 muertos. Todos ellos se acogieron a su derecho a no declarar cuando fueron citados por el juez Aláez en mayo y recurrieron contra sus imputaciones.

Esta es la segunda vez que este mismo tribunal levanta las imputaciones contra exdirectivos de Adif.  El juez Aláez había imputado en septiembre del año pasado a 27 directivos y técnicos anteriores y actuales de Adif, pero la misma Audiencia de A Coruña consideró dos meses después que carecía de pruebas para considerarlos responsables penales del accidente y le pidió seguir investigando. Desde entonces el instructor comprobó que un maquinista jefe había advertido a Renfe del “riesgo” de la curva de Angrois un año y medio antes del accidente y recibió tres peritajes (uno independiente y dos de parte) que señalaron diversas deficiencias en Angrois. Basándose en esas nuevas pruebas, Aláez volvió a imputar a los 12 exdirectivos ahora amparados por la Audiencia.

El juez Aláez, investigador del accidente desde el momento en que se produjo, dejó hace unos meses por motivos personales el juzgado que lleva la instrucción. Su plaza ha sido ocupada por otro magistrado, Andrés Lago, en cuyas manos queda ahora decidir si prosigue la instrucción en la línea marcada hasta ahora por su antecesor, con Adif en su punto de mira, o si limita las responsabilidades al despiste que sufrió el maquinista.