El Estado envía a la Fiscalía la presunta malversación de fondos que atribuye al socialista Ángel Villalba

Álvaro Caballero | León 23/04/2014

La Intervención General de la Administración del Estado vuelve a poner en su punto de mira la gestión del leonés Ángel Villalba al frente de Feve por una presunta responsabilidad contable. La acusación, armada en un informe que maneja ya la Abogacía del Estado para su traslado a la Fiscalía y al Tribunal de Cuentas, en el que se advierte de la posible incursión en una infracción de «alcance o malversación en la administración de fondos públicos». La advertencia que se sustenta en el documento, al que ha tenido acceso en exclusiva este periódico, elaborado por la Intervención Territorial de Gijón para auditar la compra de dos parcelas con edificios construidos en el entorno de la estación de Matallana, en la capital leonesa, en el año 2010. Terrenos, comprados para la urbanización del sector de acuerdo al proyecto de integración ferroviaria, por las que la compañía estatal pagó 1.770.000 euros. Una cifra que, como se hace constar en el documento, es casi el doble de los 887.558,84 euros que la Sociedad Estatal de Gestión Inmobiliaria de Patrimonio (Segipsa) tasa como su valor de mercado.

El informe incide en que «de los expediente de inversión y de compra se deduce que las fincas se adquirieron a propuesta del entonces presidente de Feve, Ángel Villalba, que firmó el contrato de opción de compra el 21 de junio de 2010 y la escritura de compra venta el 22 de diciembre de 2010». Las pruebas con las que apuntan hacia el socialista leonés como «presunto responsable», ya que en el momento de la rúbrica del contrato «se fijaron el precio y las condiciones de pago, sin informar de ello al consejo de administración, pese a que se reunió en sesión ordinaria 3 días después, el día 24».

El documento abunda en que «la primera vez que en las actas del consejo de administración de Feve se menciona la adquisición es la sesión del 25 de noviembre de 2010, cuando se propone y así se acuerda ejecutar la operación de compra antes del 31 de diciembre de 2010, sin que en la misma conste que a sus miembros se les explicara cómo, cuando y quién fijó las condiciones y el precio de la compra acordados».

Sí que se hace constar que «el único documento anterior a la firma de la opción de compra» es el «informe de tasación emitido en Luarca el 15 de junio de 2010 por el arquitecto Felix Gordillo García», el mismo que diseñó toda la integración, que «fija el valor de las fincas en 1.770.003 euros». La tasación de la que «no se tienen constancia de la forma y la fecha en la que se encargó», aunque se remarca que «la factura correspondiente figura como expedida el 15 de noviembre de 2011, 17 meses después del informe». La tasación de un profesional externo ante la que la Intervención del Estado contrapone la de la Segipsa, con «precios de mercado de 2010», aunque «emitida el 27 de junio de 2013».

La misma mecánica de auditoría, a partir de la contraposición de tasaciones, con la que se emitió el informe en abril de 2013 que investiga ahora Fiscalía sobre el presunto pago, durante la presidencia de Villalba, de un 40% más por la sede de Feve en Oviedo y de la venta de chatarra a un 50% del valor.