Una maraña de correos electrónicos, actas, informes, y declaraciones firmadas forman parte de la documentación que Renfe remitió ayer al juzgado. Aunque más que arrojar luz sobre el recorrido del correo electrónico que alertaba del peligro en la curva de Angrois, abre nuevos interrogantes sobre el funcionamiento de la operadora, sus protocolos de respuesta ante avisos de riesgo y su conexión con el ADIF, el organismo que de verdad debe velar por la seguridad. Uno de los aspectos que quedan bien claros es que al menos nueve cargos de Renfe, algunos con altas responsabilidades a nivel estatal, recibieron el correo. Aunque varios de ellos admiten no haberle prestado atención.

El correo que el jefe de maquinistas José Ramón Iglesias Mazaira envió hace dos años al jefe de Producción, José Luis Rodríguez Vilariño, tenía otros destinatarios ocultos: el resto de los jefes de maquinistas de Galicia, a los que el propio Vilariño pidió que les enviasen propuestas y consideraciones para una reunión de seguimiento de los S-121 que iba a celebrarse en Madrid el 28 de diciembre del 2011. Por tanto, la advertencia llega también a los maquinistas formadores de media distancia: José Manuel Pousa Fernández, José Manuel Veiga, Manuel González Sánchez y Francisco Javier Fernández Castro. Ya son cinco los cargos de Renfe en Galicia que el 26 de diciembre del 2011 estarían al tanto de la advertencia.

A su vez, Rodríguez Vilariño envía el correo al gerente de Producción de Viajeros, Rafael Sardón Tejedor (convocante de la reunión), al jefe de Producción de Viajeros, Nicolás Izquierdo Navidad y, en copia, al gerente de Media Distancia de Galicia, Javier Pérez López. En una nota explicativa reciente, además, Iglesias Mazaira revela que envió un correo con las deficiencias de señalización a Ángel Lluch Perales, que formaba parte de la Gerencia de Seguridad en la Circulación de Viajeros, aunque este lo niega en una declaración escrita presentada en el juzgado (este asunto se desarrolla en la página siguiente).

Todos los maquinistas jefes e incluso Iglesias Mazaira y Rodríguez Mazaira aseguran en las declaraciones aportadas que después de la advertencia «decidimos intensificar la formación», tal y como publica hoy La Voz, «dado que la transición de velocidad se ajustaba a la normativa reglamentaria vigente».

Por su parte, la compañía ferroviaria, en una «consideración final» que acompaña a la documentación enviada al juzgado, asume que la recomendación de implantar señales de limitación de velocidad en la llegada a la curva de Angrois no fue trasladada ni a la Comisión Territorial de Seguridad de Renfe en León, «de la cual es vocal el propio Iglesias Mazaira», ni a la Comisión Operativa de Seguridad en la Circulación de Viajeros ni a la Comisión Central de Seguridad. La compañía aporta certificados en los que se constata que este asunto nunca fue llevado a estos foros. Están firmados por los secretarios de actas de estas comisiones. Se incide por tanto en que este aviso nunca se llevó por los canales oficiales que están previstos en los protocolos de la compañía.

La operadora ferroviaria también explica que el cauce habitual para reclamar medidas preventivas relacionadas con la seguridad es mediante el envío de escritos entre los departamentos de seguridad de Renfe y el ADIF, pero en este caso, alegan, las advertencias ni siquiera llegaron a los departamentos especializados de la propia Renfe.

Los investigadores de la operadora, que abrió una investigación el pasado mes de diciembre, revisaron las correspondencias de salida de la gerencia territorial y la dirección de Seguridad de la Circulación desde la inauguración de la línea «y no consta escrito alguno dirigido al ADIF» sobre la señalización de la curva.