Fomento plantea suprimir el tren Sanabria-Orense

Utilizado por 9.000 viajeros al año, la comarca lo considera imprescindible para no quedarse aislados

J. López / Zamora
Abrigada del viento gélido que el invierno trae al noroeste de la provincia de Zamora, se encuentra la estación de tren de Puebla de Sanabria, que sólo cierra dos horas al día. Pasadas las siete de la mañana y con noche totalmente cerrada, un grupo de no más de diez personas espera la salida de sus vagones. Sólo dos en un día de diario a esa hora: uno a Zamora y el otro a Orense.
El tren de Puebla, como es conocido por sus usuarios, es uno de los ocho servicios ferroviarios de Castilla y León que el Ministerio de Fomento ha dejado fuera de las obligaciones de servicio público, a raíz del plan de racionalización para eliminar trayectos deficitarios. A él se suman la Salamanca-Ávila, Madrid-Segovia, Valladolid-Medina del Campo, Valladolid-Palencia-Burgos, Valladolid-Reinosa, Miranda de Ebro-Logroño y Guadalajara-Arcos de Jalón. Si nada cambia, el 30 de junio realizará su último viaje, una decisión que escuece en una comarca que la considera imprescindible, sin otra alternativa, y cuyos habitantes defienden su continuidad por prestar un servicio público.
El único flotador salvavidas que le queda a estas relaciones de media distancia es que el Gobierno autonómico asuma la gestión de las mismas, algo que ahora mismo parece lejano. Según el informe de Ineco, 335 estaciones españolas de Renfe abrieron en 2011 con menos de cinco usuarios diarios, lo que no invita a pensar en un apoyo de las comunidades autónomas. El alcalde de Lubián, Felipe Lubián, uno de los pueblos afectados, señala que el tren “no tiene por qué ser rentable, que no es un centro comercial, ni pertenece a una empresa con ánimo de lucro lícito”, sino que las vías “son del pueblo español, el tren también es del pueblo, que aportó los terrenos, como está aportando los del AVE, y esta decisión es injusta porque es el último tren que quedaba”.
Si los municipios de Zamora y Orense que atraviesa la línea tienen casi 30.000 habitantes, significa una docena de viajeros diarios. Según las estimaciones, se genera un déficit de 1,3 millones de euros del mantenimiento de la línea, 144 euros por pasajero. Con los datos en la mano, hasta los habitantes de estos pueblos reconocen que tienen la batalla perdida. Pero ellos van más allá y defienden su carácter de servicio público, sus ventajas medioambientales y la atención a una población que solo tendría como alternativa el vehículo propio.