Con una nota pública repleta de requiebros, el Ministerio de Fomento informó ayer de su acuerdo para acometer la «liquidación de la Sociedad León Alta Velocidad», cuyas «actuales funciones» serán asumidas por «el grupo de trabajo formado por la Junta, los ayuntamientos de León y San Andrés, el Adiministrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif) y Renfe Operadora». Una decisión con la que se consiguen «ahorrar costes de estructura que serán asumidos por todas las instituciones». Un ahorro que, según informó a Efe la concejala de Urbanismo de la capital, Belén Martín-Granizo, ronda los 330.000 euros anuales, en los que se incluyen todos los gastos de la estructura gerencial, dotada con cuatro personas, a la que se había encomendado la gestión del proyecto con el mismo modelo que al resto sociedades de integración de España: armar un soterramiento a partir de la venta del suelo que queda libre en la superficie.

El objetivo

El ministerio apunta que el objetivo de crear el grupo de trabajo es «impulsar la llegada de la alta velocidad a León», por medio de la «definición de un proyecto de integración viable técnica y económicamente, que garantice una correcta explotación ferroviaria y aumente la eficiencia operativa». Unos términos que no aclaran cuál es la solución que se va a buscar, ni si se renuncia por completo al soterramiento de las vías en la ciudad. Vías que, según el proyecto aprobado, suponía más de 2,7 kilómetros soterrados: desde la altura del Palacio de los Deportes hasta superar el paso elevado del Lidl.

4,1 millones gastados

Una operación —que cuenta con unos proyectos de redacción a punto de entregar después de una factura de más de 4,1 millones de euros— ferroviaria y urbanística que se calcula que costaría cerca de 600 millones de euros, dentro de los cuales 158 corresponderían a la ampliación que Zapatero prometió que asumiría el Gobierno para llegar a San Andrés, pero que no se reflejó en ningún documento oficial. Compromisos que el actual Gobierno ya ha avanzado que no esrá dispuesto a mantener.

La misma indefinición manifestaron ayer los representantes leoneses en la reunión celebrada en Madrid con la que, en cinco minutos, se dio por aprobada la decisión de liquidar la sociedad. La concejala de Urbanismo de León, Belén Martín-Granizo, insistió en que se pretende «redefinir el proyecto, siempre manteniendo los objetivos», aunque sin citar cuáles son.

Desde julio

Un planteamiento que ya expuso en julio, cuando promovió la liquidación, en el que hablaba de «redefinir el proyecto en el escenario que corresponda a cada momento, no vinculado todo a una operación crediticia de 300 millones de euros vinculada a la desafectación de suelo avalada por las administraciones». Entonces, se limitó a avanzar que se querían «fragmentar las inversiones», mediante la venta de bolsas de suelo para viviendas, y que los primeros fondos se destinasejn al complejo ferroviario de Torneros: la infraestructura cuyo coste rondaría los 157 millones de euros para trasladar a un mismo espacio Clasificación, Contenedores y los talleres de material motor y remolcado.