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30 octubre 2018
Granada
Metro multa a una media de cinco pasajeros al día por impago del billete
Hasta marzo, los revisores instaban a los infractores a que se bajaran; desde marzo, se interponen sanciones de 90 euros
Si finalmente se cumplen las expectativas de la Junta de Andalucía, el metropolitano de Granada contabilizará este año un total de 11.085.870 usuarios. Once millones de personas entrando y saliendo de las veintiséis estaciones y apeaderos, once millones de personas subiendo y bajando de los vagones y once millones de personas moviéndose de arriba a abajo en los dieciséis kilómetros del trazado entre Albolote, Maracena, Granada y Armilla. Pero ¿once millones de viajeros pagando? La respuesta debería ser sí, pero sin embargo es no. No todo el mundo 'pasa por taquilla' para utilizar un transporte que, en efecto, ha marcado un antes y un después en la movilidad de Granada y el área metropolitana -el flujo de vehículos por la Circunvalación, por ejemplo, se ha reducido en once mil diarios-.
Los trenes empezaron a rodar un 21 de septiembre de 2017. Hasta marzo de 2018, por aquello de dar un plazo para que los granadinos se familiarizaran con el sistema, los revisores controlaban, pero no ponían especial celo en denunciar a quienes viajaban y no 'chequeaban'. Sencillamente se limitaban a instarles a que se apearan en la siguiente parada o que regularizaran su título de viaje. Desde marzo, la cosa ha cambiado de forma sustancial. Según los datos facilitados por la Empresa de Obra Pública de la Junta Andalucía, en estos siete meses se han abierto 1.199 expedientes sancionadores por este motivo. Estamos hablando de un promedio de cinco diarios.
¿Qué les ha sucedido a estos 1.199 pasajeros que han sido 'cazados'? Pues básicamente que antes o después tendrán que rascarse el bolsillo y apoquinar 90 euros -la cuantía es similar a la establecida en Málaga y Sevilla-. Antes o después porque la ley regula un plazo máximo de un año para iniciar los correspondientes procedimientos. Un periodo que empieza a contar desde el mismo día en que se comete la infracción.
El supervisor remite los boletines a la Agencia de Obra Pública de la Junta, responsable de la gestión directa del metro -aunque la explotación esté encomendada a Avanza-. Sus servicios centrales inician los procesos administrativos que, tras el cumplimiento de los preceptivos trámites legales, ocasionarán una resolución en forma de multa. En cuanto al importe, se aplica la graduación prevista en la normativa. Este fraude, el no pasar por caja, está tipificado como 'infracción leve'.
La labor inspectora
Si usted se encuentra entre los multados, ya será plenamente conscientes de cómo actúan los interventores. Si se traslada normalmente en los tranvías, también es probable que les hayan parado en alguna ocasión para comprobar que todo está en orden. La mecánica de los operadores que realizan tareas de inspección es sencilla. Se sitúan en las estaciones, junto a los tornos, o se desplazan en el interior de los trenes portando una máquina fiscalizadora, un 'artefacto' parecido a los datáfonos que hay en los restaurantes o en los establecimientos comerciales. Estos señores, que llevan el uniforme oficial del Metro de Granada, requieren la tarjeta monedero o el tique de un solo viaje y lo pasan por el aparato que, automáticamente, comprueba si no hay trampa ni cartón.
Fuentes de la Agencia de Obra Pública de la Junta han señalado que todo el mundo que utiliza este servicio público tiene la obligación de contribuir a su mantenimiento. En caso de no hacerlo, esa contribución es exactamente la contraria: agravar el déficit. En este punto conviene recordar que, según los cálculos que ha hecho la propia Junta, harían falta unos dos millones de viajeros más de los once previstos en este 2019 para satisfacer todos los gastos de explotación. El déficit será cubierto por la Consejería de Fomento, de quien depende la Agencia de Obra Pública, que soportará el 83% del desfase. El 17% restante será asumido por los municipios de Granada, Maracena, Albolote y Armilla en función de su población. Pero no pagar los 1,35 euros que cuesta un viaje simple (0,82 euros para los que tengan bono) no es sólo un ejercicio de insolidaridad hacia lo público, sino que también puede tener otras consecuencias, como no estar cubierto por el seguro en el supuesto de que haya algún tipo de siniestro.
El impago no es el único motivo que puede generar el apercibimiento. El 'Reglamento de viajeros del Metropolitano de Granada', que se puede consultar fácilmente a través de Internet, también detalla una serie de prohibiciones que buscan la normal convivencia entre los usuarios y la perfecta conservación de las infraestructuras e instalaciones tranviarias. No se puede fumar, viajar con animales, comer y beber, circular sobre patines, meterse en los túneles, introducir objetos y materiales molestos, utilizar sin causa justificada elementos de parada de emergencia de las escaleras mecánicas y ascensores, impedir o forzar la apertura o cierre de las puertas de acceso a los vehículos... y así hasta una treintena de prescripciones. Unas basadas en el sentido común y otras en normas de seguridad. Más allá de los castigos pecuniarios que se deriven de las conductas indebidas, el susodicho tendrá que afrontar la indemnización por los daños y perjuicios que haya causado.
