MADRID. Durante el pleno del Senado, el Ministro ha respondido así al ser interpelado por la senadora del Grupo Vasco, Maria Eugenia Iparragirre, sobre las medidas que adoptará Fomento para garantizar tanto la seguridad como la accesibilidad a los usuarios de tren en el País Vasco.

En la interpelación, ambos se han referido al caso de Maria Luisa Goikoetxea, vizcaína de 56 años que se desplaza en silla de ruedas y que sobrevoló el cielo de Orduña en un ultraligero a motor para reivindicar mejoras en la accesibilidad en la línea ferroviaria que une las ciudades vizcaínas de Orduña y Bilbao por no poder acudir en tren a sus sesiones de rehabilitación.

El ministro ha admitido que las obras y actuaciones no son suficientes y ha explicado que, de las 61 pendientes, se han iniciado procesos -redacción de proyectos, licitaciones y contrataciones- en varias estaciones, entre ellas, Amurrio, Areta, Andoain, Ordizia, Urrieta, Arrigoriaga, San Mamés, Tolosa, Ventas de Irun, Orduña o Barakaldo.

Ha reafirmado el compromiso "prioritario" del Gobierno para que no ocurran casos como el de Goikoetxea, aunque ha matizado que existen limitaciones para llevar a cabo actuaciones inmediatas debido a los plazos administrativos.

En materia de seguridad, el ministro ha indicado que también se ha iniciado la redacción de proyectos para la modificación y supresión de 74 pasos a nivel con la finalidad de evitar arrollamientos y accidentes.

De la Serna ha trasmitido también el compromiso Adif y Renfe por la accesibilidad universal y, en este sentido, ha apostado por conseguirla en un 97 por ciento en las "multiperador", en un 94 por ciento en las de alta velocidad y en un 88 por ciento en la de cercanías.

Iparragirre, que inició su intervención citando el caso de Goikoetxea, ha asegurado que algunas de las actuaciones, principalmente en Gipuzkoa, no se han ejecutado en los plazos previstos y ha añadido que en otros casos las obras "no van tal como se estaban planteando".

Ha considerado "suficiente" el marco normativo para obligar a los poderes públicos a adoptar las medidas pertinentes para la seguridad y accesibilidad y ha criticado que el Gobierno esté "muy lejos" de lograr un objetivo que representa un derecho universal para las personas discapacitadas o con movilidad reducida.