Adif da por «suspendido» el montaje de vía en el lado asturiano de la variante

RAMÓN MUÑIZ
OVIEDO

Muro de contención de la ladera, con la superficie en la que irá la vía aún a medio aglomerar. / J. M. PARDO

La obra en la vertiente leonesa está lista en un 65,7%, y acabará en junio tras la cuarta ampliación de plazo otorgada al constructor

El montaje de vía en la variante de Pajares avanza a dos velocidades. En la vertiente leonesa, FCC Construcciones y Acciona Infraestructuras van al ralentí, y acaban de lograr una cuarta ampliación de plazo. Ya han ejecutado el 65,7% de la faena y la entrega final está fijada para el 26 de junio. En la asturiana, Dragados inició en su día los acopios, recibió orden de parar, y lleva tiempo discutiendo con el Ministerio de Fomento los términos de un modificado que permitan retomar la obra. El lunes pasado la sociedad Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif) aseguró a este periódico que «el contrato, en estos momentos, se encuentra en suspensión mientras se soluciona el muro de contención» de la ladera de Campomanes.

El proyecto de construcción del montaje de vía fue elaborado por Ineco y aprobado en julio de 2013. El trabajo salió a licitación en 19,1 millones (IVA incluido), imponiéndose en la puja Dragados, que aseguró ser capaz de ejecutar el encargo con una rebaja de precio del 50,8%. La adjudicación se produjo en mayo de 2014. Fomento, a través del Adif, estimaba en 15 meses el plazo de obra, sin embargo pronto se pudo comprobar que había que posponer esa cuenta atrás.

El motivo es que por razones topográficas, el montaje debe comenzar desde la estación de Pola de Lena, y remontar hasta la divisoria entre las dos vertientes, que se encuentra en el interior de los macrotúneles. Dragados podía materializar los primeros metros de la vía, en el entorno de la estación, pero a los pocos meses de faena iba a tropezar con la ladera de Campomanes, zona conflictiva, con varios corrimientos localizados que impiden todavía disponer de la plataforma a la cota deseada.

Una rescisión unilateral expone a Dragados a dejar de trabajar para su principal cliente
El pliego de prescripciones técnicas del contrato obligó a Dragados a presentar un plan de obra, a cuya ejecución se comprometía. Las bases le forzaban igualmente a poner un acopio de material y maquinaria inicial.

Esta fase permitió al contratista facturar unos 260.000 euros. El pasado mes de noviembre, debido al retraso en la contención de la ladera, no había podido cobrarse ninguna suma adicional. Es una situación perjudicial para la empresa, pero habitual en la obra pública y que la Administración suele aplicar con la Ley de su parte. El propio pliego que reguló la licitación, por ejemplo, era rígido con la constructora pero reservaba a la Administración «el derecho a prohibir que se comiencen nuevos trabajos, siempre que vayan en perjuicio de las obras ya iniciadas».

Para que no corrieran los plazos, el Adif aplicó la citada suspensión del contrato a Dragados. En los últimos meses, considerando que la obra de la ladera ya estaba suficientemente avanzada, transmitió a la constructora que ya podía retomar la faena desde Lena. Es ahí cuando la empresa, perteneciente al Grupo ACS, reclamó una compensación económica por el tiempo de parón y cierta garantía de que, en caso de avanzar el montaje hasta la zona de Campomanes y verse obligado de nuevo a esperar, sería indemnizada.

Adif y el contratista llevan semanas de pulso en los despachos. En los tajos de la variante, la ausencia de operarios de Dragados ha alimentado la sospecha de que la sociedad renuncia por completo a la obra. Eso equivaldría a una rescisión unilateral del contrato, medida extrema que, por perjudicial que sea la situación, las multinacionales del sector apenas han dado en su historia.

Un asunto menor

El motivo principal es que un incumplimiento de contrato expone a la empresa a ser sancionado por Fomento con la prohibición para volver a asumir encargos. Aunque la constructora tenga argumentos jurídicos a su favor, el conflicto terminaría ante un tribunal, con un resultado que por incierto, supone una amenaza considerable para sociedades que reciben buena parte de sus ingresos directamente del ministerio. El grupo ACS por ejemplo tenía en 2014 una cartera de 3.247 millones en España, fundamentalmente a través de los trabajos que Dragados hace para Fomento. El montaje de vía, desde esta perspectiva, es un asunto menor.

Las opciones más verosímiles pasan pues por un modificado que permita reactivar el tajo o rescindir el contrato de mutuo acuerdo. En este último supuesto, Dragados percibiría 537.000 euros en concepto de beneficio industrial, y quedaría por discutir si existe lucro cesante.