Es de­cir, que to­davía no se ha con­vo­cado el con­curso para elegir al com­pe­tidor de Renfe en el Corredor de Levante y por tanto ya no hay plazo para re­sol­verlo esta le­gis­la­tura. Cuando se con­vo­que, se dará un plazo de tres meses para pre­sentar ofertas y dos meses para re­solver quién es el ga­na­dor. En el mejor es­ce­nario nos iríamos a marzo.

Será por tanto el pró­ximo go­bierno quien de­cida y aquí se abren una serie de hi­pó­tesis que hacen bas­tante im­pro­bable que el pro­ceso li­be­ra­li­zador ac­tual puede lle­varse a cabo. Sólo una ma­yoría am­plia del PP que le per­mi­tiera go­bernar en so­li­tario per­mi­tiría dar con­ti­nuidad al pro­ceso ac­tual, pero de mo­mento las en­cuestas no an­ti­cipan que ese es­ce­nario po­lí­tico sea fac­ti­ble.

La crea­ción de un go­bierno que re­qui­riera la con­fluencia de vo­lun­tades de dos par­tidos ame­na­zaría se­ria­mente el es­quema li­be­ra­li­zador ac­tual, que ha sido muy con­tes­tado desde dis­tintos ám­bitos y grupos de in­te­rés. Dada la tras­cen­dencia po­lí­tica y so­cial del asunto, será tema clave en la agenda pro­gra­má­tica del nuevo eje­cu­tivo. Son mu­chas las po­si­bi­li­dades de que el con­curso, si fi­nal­mente se con­voca antes de las elec­cio­nes, sea anu­lado por el nuevo eje­cu­tivo.

Realmente, el im­pulsor de este fra­ca­sado pro­yecto li­be­ra­li­zador fue Bruselas, dentro del pa­quete de exi­gen­cias que puso a España para res­catar a la banca. Dentro del Gobierno siempre ha ha­bido dos almas sobre este asunto. El mi­nistro de Economía, Luis de Guindos, ha se­cun­dado la exi­gencia de Bruselas, pero Fomento no ha tras­mi­tido nunca tener una con­vic­ción clara sobre la ma­te­ria. Los dis­tintos lob­bies que con­fi­guran el sector fe­rro­viario han pre­sio­nado fuer­te­mente para man­tener el status quo, en el que todos ellos están muy có­mo­da­mente asen­ta­dos: altos cargos mi­nis­te­ria­les, de Adif, de Renfe, sin­di­ca­tos, su­mi­nis­tra­do­res, etc.

Al otro lado del campo de ba­ta­lla, los grandes in­tere­sados en esta li­be­ra­li­za­ción han sido las grandes cons­truc­toras de la in­fra­es­truc­tura y al­gunas ope­ra­doras del bus y la avia­ción. Para todas ellas su­ponía un con­trato por siete años, que si bien bajo las pri­meras con­di­ciones ex­pre­sadas por Fomento res­pecto de la cuantía de los cá­no­nes, ofrecía una ren­ta­bi­lidad dis­cu­ti­ble, Fomento ya ha echado marcha atrás.

Sea como fuere, y una vez más arras­trando los pies, el Ministerio de Fomento daba el pa­sado miér­coles el pe­núl­timo paso de este pro­ceso para elegir a la pri­mera em­presa pri­vada que en­trará a com­petir con Renfe en trans­porte de via­jeros en tren.

La Orden Ministerial pu­bli­cada n el BOE, además de los plazos para con­cursar es­ta­blece los re­qui­sitos que deben re­unir las com­pañías in­tere­sadas en el ne­go­cio. Así, deben contar con li­cencia fe­rro­viaria y cer­ti­fi­cado de se­gu­ri­dad, pero no están obli­gadas a tener dis­puestos todos los me­dios ma­te­riales (trenes) y per­so­nales en el mo­mento de con­cu­rrir al con­curso, sino que bas­tará con el «compromiso de ob­te­ner­los» en caso de ad­ju­di­ca­ción. Fomento es­tima que «el in­terés pú­blico no re­quiere ese exor­bi­tante es­fuerzo eco­nó­mi­co».

En cuanto a la va­lo­ra­ción de las ofer­tas, el Ministerio otor­gará al plan de ne­gocio que pre­senten las com­pañías la mayor im­por­tancia (el 55% de la pun­tua­ción total de la ofer­ta), con el fin de ase­gu­rarse de que «tiene vo­luntad de per­ma­necer en el ne­gocio de ma­nera es­ta­ble».