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6 mayo 2014

El Tribunal de Cuentas investiga un sobrecoste del 230% en el AVE barcelonés

Los pagos sin explicación ni justificación en cuatro tramos superan los 400 millones de euros

Madrid 6 MAY 2014 - 20:04 CET


El Tribunal de Cuentas, tras concluir en abril de 2013 su informe de fiscalización de las principales contrataciones relacionadas con la construcción del AVE Madrid-Barcelona, detectó unas anomalías tan graves, con sobreprecios de hasta el 230%, que decidió abrir una investigación interna que aún no ha concluido. Las irregularidades, distintas de que las investiga Anticorrupción, se resumen en los dos siguientes aspectos. Por un lado, se detectó un incremento en el precio del contrato para la construcción de la Plataforma en el tramo Hospitalet-La Torrassa de 247 millones de euros, lo que representa un 230% del incremento del precio de adjudicación del contrato. Los hechos investigados son las obras de la línea, desarrolladas desde 1 de enero de 2002 hasta la entrada en funcionamiento de la línea.

En segundo lugar, so pretexto de que se detectaron deficiencias en el proyecto para la construcción de los tramos Castellbisbal-Papiol, Hospitalet-Can Tunis y La Torrassa-Sans se modificaron los contratos primitivos. Estos añadidos supusieron 18 millones en el primer tramo, 23,7 en el segundo y 126 en el tercero. El Tribunal de Cuentas no logró acreditar que la Administración, la empresa Adif dependiente del Ministerio de Fomento, hubiera exigido responsabilidad alguna a ninguno de los contratistas.

Ante la envergadura de este malgasto y descontrol, estos hechos fueron puestos en conocimiento de la Sección de Enjuiciamiento del Tribunal de Cuentas, que en la actualidad, un año después, se encuentran en fase de investigación para determinar las circunstancias en las que se produjeron esas deficiencias, la identidad de sus presuntos responsables y el importe de los perjuicios que pudieran haber sufrido los caudales públicos. Estos datos son el paso previo para poder ejercitar acciones jurídicas para exigir su reparación a las arcas públicas. Si, por añadidura, se advirtiera algún indicio penal, se pondría en manos de la justicia ordinaria.

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