El Gobierno decidirá cuántas compañías competirán con Renfe

04.04.2013 Madrid Agencias

Fomento busca fórmulas para evitar la quiebra de las autopistas de peaje para evitar que suba más el déficit público.

La ministra de Fomento, Ana Pastor, ha asegurado que será el Gobierno quien determine el número de operadores que entrará a prestar servicio de tráfico de viajeros en tren en competencia con Renfe cuando este servicio se liberalice a partir del próximo mes de julio.

"La liberalización será un proceso muy progresivo, donde queremos que el operador público Renfe sea potente y competitivo, y que puedan entrar otros operadores, pero finalmente es el Gobierno el que determinará cuántos operadoras podrá haber", explicó Pastor. En declaraciones a la Cadena Ser recogidas por Europa Press, la titular de Fomento rechazó que dicho proceso liberalizador vaya a suponer una privatización del servicio de Cercanías.

Según reiteró, el Gobierno estudia ceder en concesión la explotación de estas redes de transporte, "como han hecho otros países europeos". No obstante, añadió que su Departamento está "trabajando en el modelo y no hay una decisión tomada". En todo caso, aseguró que todo ello se abordará "garantizando el servicio público de este transporte en tren y la financiación del Estado".

La liberalización, en julio
En virtud de la reforma ferroviaria aprobada el pasado año por el Gobierno, el transporte de viajeros en tren comenzará a abrirse a la competencia el 31 de julio de este año. No obstante, en un principio esta competencia arrancará en la explotación de los trenes turísticos que Renfe heredó de la extinta Feve (el Transcantábrico, el Al Andalus y el Expreso de la Roda).

La entrada de empresas privadas a explotar servicios AVE y Larga Distancia se abordará en una segunda fase, para la que no se ha determinado una fecha. Las empresas privadas tendrán que pujar por alguno de los "títulos habilitantes" que el Gobierno sacará a concurso a través de un proceso "público y competitivo". Para una tercera fase de la liberalización se dejan los trenes de Media Distancia convencional (regionales) y las Cercanías, las conexiones ferroviarias consideradas de servicio público.

Una salida para las autopistas
La ministra de Fomento ha explicado que con la eventual sociedad pública que su Departamento baraja para asumir las autopistas en problemas se busca evitar que estas vías quiebren y su deuda compute en el déficit. "El Estado tiene una responsabilidad patrimonial sobre las autopistas, de forma que si se deja caer una autopista, esa responsabilidad va al déficit", detalló Pastor. "Estamos ante un gravísimo problema y hay que darle una salida, y una salida razonable para todos", añadió la ministra.

La titular de Fomento confirmó que su Departamento estudia la constitución de una empresa pública dependiente de Fomento para que asuma la decena de autopistas que actualmente afrontan un riesgo de quiebra y su correspondiente deuda, un total de unos 3.500 millones de euros. "Estamos trabajando con el sector para ver las distintas salidas (al problema) y ésta es una de las propuestas que están sobre la mesa", aseguró la ministra, que reconoció que las dos líneas de ayudas que se habían articulado para las vías, los créditos participativos y las cuentas de compensación, constituyen "un parche para hoy, pero no la solución al problema".

Pastor recordó que las causas de la situación de estas vías es la caída de los tráficos y el sobrecoste que afrontaron en las expropiaciones. "Algunos tribunales decidieron que un metro cuadrado de esos terrenos valía lo mismo que un metro cuadrado en la Gran Vía", apuntó al respecto.

De la decena de autopistas con problemas económicos y financieros, seis de ellas se han declarado ya en concurso de acreedores. Se trata de tres radiales de Madrid R-3, R-5 y R-4, la Madrid-Toledo, la Ocaña-La Roda y la Cartagena-Vera. Entre las vías en dificultades también figuran la R-2 y la autopista al aeropuerto de Barajas Por el contrario, la ministra Fomento rechazó que el Gobierno sopese imponer peaje en las autovías actualmente libres de pago directo para el usuario. "Tenemos un sector de transporte, con muchos pequeños transportistas, en una situación que, en caso de imponer ese servicio (peaje), les llevaría a cerrar la empresa", argumentó.

Aena, bajo control público
Por otro lado, Pastor ha insistido en que el Gobierno mantendrá el control sobre AENA pese a plantear una privatización parcial que permitirá la entrada de capital privado en el gestor de los aeropuertos españoles antes de finales de año. La ministra ha remarcado que la presencia estatal en la compañía continuará siendo "mayoritaria", por lo que dicha privatización nunca supondría más del 49% del gestor, al considerar que la gobernanza de AENA debe seguir siendo pública en este periodo.

"Cuando llego me encuentro 14.000 millones de deuda, no se podía pagar prácticamente la nómina porque se han hecho todas esas infraestructuras faraónicas", ha recordado la titular de Fomento haciendo alusión a la anterior gestión de los aeropuertos estatales. Ha recordado que durante el último año se han realizado esfuerzos para ahorrar en "costes superfluos" como la salida a concurso de las tiendas libres de impuestos, con el fin de obtener mayores retornos. "Hacemos todo lo posible para que los aeropuertos no le cuesten dinero a los españoles, que por cierto no se pone ni un solo euro del Erario público en aeropuertos", ha concluido.