CapitalMadrid.com

27 febrero 2013

La falta de reciprocidad de Francia y Alemania precipita una normativa proteccionista

El Gobierno descafeina la liberalizacion del AVE para proteger a Renfe de la avalancha de candidatos

Se pone en marcha una liberalización más tutelada, por la que el Estado se reserva la última palabra para dar acceso a la red

Jorge Chamizo.– El Gobierno ha descafeinado la liberalización ferroviaria que tiene previsto iniciar en julio de este año. El negocio de la alta velocidad parece suculento y las importantes muestras de interés que se han producido desde que se anunció el proceso de apertura a operadores privados ha puesto en alerta al Gobierno. Sobre todo por el interés de los grandes operadores públicos de Francia y Alemania que al mismo tiempo se niegan a conceder la reciprocidad a la hora de permitir a Renfe operar en sus territorios. Es una situación recurrente dentro del sector ferroviario en Europa y ante la que España, pese al voluntarismo del Gobierno de Rajoy, se enfrenta de nuevo. También nace la norma con la intención de modular proceso de entrada de competidores y dar algo más de margen a Renfe, en pleno proceso de transformación, para que afile sus armas y pueda defender su posición. De momento la operadora ha puesto en marcha un sistema de precios más agresivo y quiere experimentar con él para intentar llenar los trenes.

Visto lo visto, se pone en marcha una liberalización más tutelada, por la que el Estado se reserva la última palabra para permitir a los aspirantes circular por las líneas del AVE y hacerle la competencia a Renfe.

Fue el pasado viernes, dentro del paquete de medidas de estímulo a la economía,  cuando el Gobierno se descolgó con la  exigencia de los llamados títulos habilitantes para poder operar en la red de alta velocidad española a partir del verano.

Según el Real Decreto-ley 4/2013, de 22 de febrero, publicado en el BOE del día siguiente, será el Consejo de Ministros el que tendrá que determinar el número de esos títulos habilitantes a otorgar para cada línea o conjunto de líneas en las que se prestará el servicio en régimen de concurrencia. Una vez que estén decididos, el Ministerio de Fomento será el que otorgará estos títulos habilitantes "a través del correspondiente procedimiento de licitación". A partir de ahí, el margen de maniobra del Gobierno para descabalgar ofertas que choquen contra los intereses del país o de Renfe, será notorio.

Pese a estas restricciones anunciadas por el Ministerio los operadores privados que quieren pujar por el negocio intentan cerrar contrarreloj sus alianzas para competir con garantías por los títulos o licencias que conceda el Gobierno.

Ya ha trascendido que la familia Lara, dueña del grupo Planeta, está interesada en entrar en la explotación del AVE.  A través de su sociedad patrimonial Hemisferio, los dueños de Planeta y varios expertos en el mundo del transporte, ha constituido la firma Veloi Rail. En esta sociedad aparecen Víctor Bañares, exdirectivo de Renfe y de Orizonia, y Alfonso González, que ha dejado Accenture, donde era responsable del sector del transporte, para involucrarse en esta iniciativa.

También ultiman sus negociaciones para participar en la liberalización ferroviaria el grupo turístico Globalia y Acciona. Ambas compañías todavía tendrían que crear una empresa conjunta y están en ello. De hecho, el grupo de la familia Entrecanales ya posee una licencia para explotar ferrocarril de mercancías y fue la cuarta empresa española en conseguirlo, por detrás de Renfe, Comsa y ACS.

Existe interés de otros grupos, como National Express, Virgin, Avanza, FCC,  ACS, OHL, Arriva o El Corte Inglés.  En el caso de los dueños de Alsa, ya han confirmado en varias ocasiones su interés por la liberalización del ferrocarril de pasajeros español.

La compañía participada por la familia Cosmen se está especializando cada vez más en el negocio del ferrocarril, y prueba de ello es el concurso que ganó recientemente en el mercado alemán, donde explotará dos líneas de Cercanías durante un periodo de 25 años por un importe de 1.600 millones de euros.

Renfe Operadora no necesitará poseer tal título para optar a los concursos. Según la norma "[Renfe] dispondrá de un título habilitante para operar los servicios en todo el territorio sin necesidad de acudir al proceso de licitación". En el sector privado se considera discriminatorio con la libre competencia.