Las líneas de tren que parten de Sevilla son menos costosas que buena parte del resto de España. El plan de racionalización de los servicios ferroviarios de viajeros de media distancia aprobado por el Ministerio de Fomento solo afectaría a la línea de Llerena (Badajoz); las otras superar el 15% de aprovechamiento o son de interés público. Bajo el término «aprovechamiento» se tienen en cuenta tanto los datos de explotación económica como los usuarios y la rentabilidad social de las líneas -se trata de un transporte público fundamental tanto para garantizar la movilidad de los ciudadanos como para generar actividad económica- y medioambiental -el tren genera un gasto para contrarrestar la emisión de gases contaminante estimado en 7,8 euros por cada mil viajeros frente a los 22,4 del vehículo privado-.

Siete de los diez servicios ferroviarios de media distancia que se prestan desde Sevilla superan ese 15% marcado como límite, algunos ampliamente, como el Sevilla-Málaga, que con sus más de 77.000 viajeros alcanza el 47,8%, el Sevilla-Cádiz (46%) o el Sevilla-Granada-Almería, que llega al 40,3%. La línea Sevilla-Huelva sin embargo está en el límite establecido, con un 14,7%, aunque en ese caso no corra peligro como tampoco lo corre la línea Sevilla-Mérida, a pesar de que en este caso el porcentaje de aprovechamiento es el segundo más bajo de todas las líneas de media distancia que salen de Santa Justa, un 11,3%, sólo supera al 5% que tiene la línea de Llerena, que la usan una media de 9 pasajeros al día. Esta última, al estar fuera de esas líneas de obligado servicio público, tiene todas las papeletas para desaparecer en seis meses.

Pero este plan, además de aclarar qué líneas de media distancia convencional están en la picota, incluye un informe de Ineco que desvela el coste de las mismas y cuánto tiene que aportar el Estado, para garantizar su funcionamiento, algo por otra parte normal en el transporte público que de por sí es deficitario. En el caso de las díez líneas de media distancia existentes en Sevilla, su coste se elevó en 2011 a casi 63,5 millones de euros, de los que solo 46,1 son aportados por los usuarios al adquirir sus billetes y el resto, 17 millones de euros, fue aportado por el Estado.