El Gobierno central cumplió in extremis con el plazo y el cometido que se había propuesto. Cuatro días antes de que acabara 2012, límite planteado por el Ejecutivo que preside Mariano Rajoy, el Ministerio de Fomento anunció otro de sus planes de racionalización, en este caso el aplicado a los servicios de transporte ferroviario de viajeros de media distancia. Que no es otra cosa que la selección de las líneas que son insostenibles para las arcas del Estado por su escaso uso por parte de los pasajeros y su elevado coste económico.

El Consejo de Ministros del pasado viernes lo que hizo fue certificar y aprobar el estudio de Ineco que recoge qué trayectos del tren convencional corren el peligro de ser eliminados del mapa actual o, en el mejor de los casos, sustituidos por otras alternativas de transporte terrestre más rentables para las maltrecha caja de los fondos públicos. Unas horas antes, la ministra de Fomento, Ana Pastor, ya había allanado el camino para justificar este nuevo plan de racionalización, que en realidad traerá consigo la reestructuración del entramado ferroviario de trenes regionales de media distancia.

La titular precisó hace una semana que a lo largo y ancho de la red española hay hasta 176 estaciones o apeaderos con uno o ningún viajero diario y 328 con menos de cinco. A ello agregó la deuda que arrastra su departamento, que asciende a unos 40.000 millones de euros, que. En el caso de Renfe, cifró ese debe en más de 5.000 millones. «No es razonable que haya billetes que al ciudadano le cuesten 4 euros y por los que la Administración tenga que poner 210 euros», ahondó Pastor en la necesidad de compatibilizar la garantía de asegurar y facilitar la movilidad de los ciudadanos con la consecución de una rentabilidad económica.

Unas cifras de tráfico insuficientes a tenor de las pérdidas registradas por el operador ferroviario: la explotación por parte de Renfe del actual servicio de trenes de media distancia convencional arrojó en 2011 un déficit de 275 millones.

Este plan se implantará en varias fases y definirá los servicios que se regirán por obligaciones de servicio público. Quédense con estas siglas, OSP, que son el salvoconducto de la supervivencia. Estos trayectos serán los que contarán con la financiación estatal y, por lo tanto, se libran de momento de la espada de Damocles que pende sobre el resto. Cada dos años se revisará el mapa.

El Ministerio de Fomento ya ha hecho público el listado de esos trenes regionales de media distancia prestados sobre la red convencional que quedan sujetos a la citada obligación de servicio público. Son 88 líneas. Y sí, las sospechas que intuían la posible afección sobre la conexión entre Segovia y Madrid se han cumplido. Los siete convoyes que salen de la vieja estación de Renfe de la carretera de Villacastín –cinco frecuencias diarias y tres de lunes a viernes– hacia la capital de España no figuran en la relación de servicios que dispondrán de financiación estatal. Lo mismo que los otro siete que circulan en sentido contrario.

En su recorrido por la provincia segoviana estos trenes tienen programadas escalas habituales en los apeaderos y estaciones de Navas de Riofrío, Ortigosa del Monte, Otero de Herreros, Los Ángeles de San Rafael, El Espinar y San Rafael. Además, algunas frecuencias también recalan en Gudillos y La Losa. Luego, ya en la Comunidad de Madrid, esta línea ferroviaria también presta servicio a pasajeros que se suben o apean en las localidades de Tablada, Cercedilla y Villalba antes de cubrir el itinerario por las estaciones de la capital de España.

Precisamente el enlace entre Cercedilla y Segovia sí está incluido en la relación del Ministerio de Fomento como obligación de servicio público, por lo que su continuidad queda garantizada por la inyección de dinero público durante al menos dos años, como marcan las reglas del plan de racionalización.

Una vez conocida la relación de trenes cuyo futuro queda en el aire, se establece un plazo de seis meses para la aplicación de este acuerdo. Fomento deberá formalizar con Renfe antes del 30 de septiembre de este año que ahora empieza el contrato de servicio público en el que se reflejen las condiciones en que se habrán de ejercer las obligaciones de servicio, así como los mecanismos para su compensación.

El ministerio de Ana Pastor abre una puerta a las líneas condenadas a ser suprimidas o sustituidas por otros medios de transporte terrestre. En Castilla y León, la llave de la caja la tiene la Junta, ya que «en caso de que alguna comunidad autónoma tuviera interés en la prestación de un servicio ferroviario de viajeros sobre alguna de las relaciones que no han sido declaradas de obligación de servicio público, podrá formalizar el correspondiente contrato con Renfe Operadora asumiendo la financiación del déficit de explotación de dicho servicio», informan fuentes ministeriales.