La Justicia argentina elevó a juicio oral una causa que investiga la supuesta compra irregular de trenes a España y Portugal durante el kirchnerismo, con el exsecretario de Transporte Ricardo Jaime (2003-2009) como principal acusado por perjuicio al Estado, informaron hoy fuentes judiciales.

En un escrito fechado el 30 de mayo y difundido este miércoles por el Centro de Información Judicial (CIJ), el magistrado Julián Ercolini resolvió clausurar la etapa de instrucción y que la causa vaya a juicio para aclarar si hubo administración fraudulenta y cohecho en la firma de convenios con la empresa portuguesa Caminhos de Ferro Portugueses y las españolas Renfe, EE y Feve.

Para el juez, "se encuentra acreditado", con "el grado de probabilidad que exige el estadio procesal" actual, que en "las contrataciones realizadas (por la Secretaría) para la compra de material rodante" se llevaron a cabo "una serie de maniobras que concluyeron en adquisiciones perjudiciales para el patrimonio" del Estado argentino.

Ello se debe al "elevado precio" que se pagó por el material, especialmente, "dada la falta de proporción en su relación calidad/valor abonado", ya que en ocasiones resultó incluso "inservible" pese al precio "exorbitante" que se pagó, según consideró el magistrado.

Además de Jaime, irán a juicio Manuel Vázquez (de origen español y asesor del exsecretario), Ricardo Testuri (funcionario de la Secretaría) e Ignacio Soba Rojo (intermediario en las operaciones), por los delitos de "administración fraudulenta agravada por haber sido cometida en perjuicio de una administración pública y cohecho".

La etapa de investigación también salpicó a al entonces ministro de Planificación Federal y ahora diputado Julio de Vido, de cuya cartera dependía la Secretaría de Transporte, si bien la elevación a juicio oral no le incluye.

Tanto Jaime como Vázquez, señalado como uno de sus presuntos testaferros, se encuentran detenidos desde abril de 2016, por decisión de Ercolini.

Jaime ya había sido condenado por la Justicia argentina en un caso por dádivas y en otro relativo a un choque ferroviario que, en 2012, dejó 51 muertos y 700 heridos en la ciudad de Buenos Aires.

Además, está pendiente de otro juicio oral por presunto enriquecimiento ilícito y es investigado en varios expedientes más relacionados con sus operaciones durante su etapa como alto cargo del Gobierno.