• "En Estados Unidos habría protestas en el juzgado"

David Reinero Santiago 16 ENE 2015 - 12:56 CET

Un senador de Estados Unidos, el republicano John Cornyn, del estado de Texas, ha pedido al Departamento de Estado, su ministerio de asuntos exteriores, información sobre la investigación judicial española del accidente de Angrois. Lo ha hecho a petición de la familia de una víctima del siniestro, la estadounidense Myrta Fariza, que falleció en el descarrilamiento del Alvia del 24 de julio de 2013 en el que murieron otras 78 personas.

Myrta Fariza viajaba en el tren que se estrelló a la entrada de Santiago acompañada por su marido, Robert Fariza, que resultó herido. Ambos residían en Houston, Texas, y él, que ya había peregrinado en una ocasión a Santiago, pretendía enseñarle la ciudad a su mujer. De vuelta en Estados Unidos, Robert y sus hijas han iniciado una campaña para reclamar una investigación a fondo del accidente. Entre sus iniciativas, escribieron al senador Cornyn, que ahora acaba de contestarles con una carta fechada el 13 de enero. “Gracias por facilitarme información adicional sobre sus dificultades con el sistema judicial español. He pedido más información al Departamento de Estado de Estados Unidos en su nombre y contactaré con usted de nuevo tan pronto como reciba una respuesta”, dice la misiva. “Aprecio tener la oportunidad de representarla en el Senado de los Estados Unidos y de ser de ayuda en este asunto”, finaliza la carta de Cornyn, que fue juez en Texas antes de ser elegido senador por el Partido Republicano en 2002.

Antes de recibir esta respuesta del senador, la familia de Myrta Fariza había mostrado su disgusto, como otras víctimas en España, por la decisión de la Audiencia Provincial de A Coruña de levantar la imputación que pesaba sobre una docena de cargos de Adif, la empresa pública gestora de la línea Ourense-Santiago, así como por la celeridad con que el nuevo juez instructor quiere avanzar en la investigación. La carta al senador, dice una de las hijas de Fariza, pretendía “conseguir algún apoyo del Gobierno de Estados Unidos para mostrar al Gobierno español que los americanos no han olvidado y quieren justicia”.

El marido de Myrta ha vuelto a santiago tras el accidente en varias ocasiones, tanto para personarse en la causa como para los actos del primer aniversario del siniestro. En marzo del año pasado, a las puertas del juzgado, mientras en su interior declaraban varios cargos de Adif, Robert Fariza mostraba su sorpresa por cómo se estaba tratando el caso en España. “En Estados Unidos, con un accidente así, hoy habría decenas de personas manifestándose a la puerta del juzgado, pero aquí parece que no interesa ni a los medios de comunicación”, decía.

Tras levantarse la imputación contra los cargos de Adif, actualmente el único imputado vuelve a ser el maquinista del tren, Fracisco José Garzón, que reconoció que circulaba despistado y no frenó a tiempo antes de la curva de Angrois sin que existiese ningún sistema de seguridad que lo supervisase. El anterior juez instructor se basó en varios informes periciales provisionales que advertían diversas deficiencias de seguridad para imputar a los cargos de Adif. Pero la Audiencia no opinó lo mismo y levantó esas imputaciones, por lo que ahora el nuevo instructor está a la espera de los peritajes definitivos para decidir el futuro de la causa.

Esta misma semana diversas partes personadas en la causa se han adherido al recurso que la Plataforma de Víctimas del accidente ha presentado ante la Audiencia Provincial contra la decisión del instructor de esperar a esos peritajes definitivos antes de decidir si practica nuevas diligencias que se le han solicitado. El abogado del maquinista considera, como ambas asociaciones de víctimas, que es ahora el momento adecuado para, entre otras cuestiones, llamar a declarar al jefe de seguridad de Renfe, Antonio Lanchares, ya que “es el firmante y responsable máximo del informe técnico aportado al sumario por dicha empresa, en el cual se basan las acusaciones frente a nuestro defendido, y es además quien solicitó la desconexión del ERTMS de los trenes”, en referencia al sistema de control constante de la velocidad que estaba apagado a bordo de los Alvia.

Frente a esa visión de las víctimas y del abogado del maquinista, la abogada del Estado sostiene que el juez no tiene por qué ordenar ahora las diligencias que se le piden y elogia el retraso de su decisión como algo “racional y ponderado, pues una correcta valoración de la necesidad de las diligencias permite prescindir de las que sean supérfluas, propiciando la agilidad del procedimiento y evitando dilaciones innecesarias”. El fiscal del caso también se ha mostrado contrario a practicar ahora esas nuevas diligencias.