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11 abril 2019

LA ESPAÑA QUE VOTA

Lucha sin tregua para que el tren no divida Murcia

 

Un colectivo de vecinos lleva 576 días de protestas reclamando que el AVE llegue bajo tierra

 
Miembros de la plataforma. Desde la izda, Paco Ruíz, Joaquín Contreras, Ana Jiménez, Francisco Jara y Pepe Esparcia. Detrás, Carmen Tomás, Carmen Pellicer y José Antonio Espín. Miembros de la plataforma. Desde la izda, Paco Ruíz, Joaquín Contreras, Ana Jiménez, Francisco Jara y Pepe Esparcia. Detrás, Carmen Tomás, Carmen Pellicer y José Antonio Espín. Pedro Martínez

Al final del verano de 2017, Ana Jiménez descubrió que se había convertido en una activista. “Venía de la casa de la playa y me dijeron que ya habían empezado las obras del AVE, que nos iban a poner un muro. Me fui a las vías sin deshacer la maleta”, revive, enérgica, desde el sofá de su casa, en el barrio del Carmen de Murcia, el que tiene la estación de tren y el mayor porcentaje de población extranjera. Ana, de 82 años, es todo un símbolo de la Plataforma Pro Soterramiento del tren de Murcia. La llaman la abuela de las vías. “Cogí mi silleta, me colé por un hueco entre los policías y me planté delante de la máquina. Entonces les dije: ‘si seguís, me sacáis con los pies por delante”, rememora apretando los puños. “La vieja fue como una china en el zapato”, sentencia.

 

Ana aborda con humor y determinación una lucha que los vecinos de Murcia se toman muy en serio: que el tren de alta velocidad llegue a su ciudad por debajo de la tierra y se deje de marginar a los barrios del sur de la ciudad. En los últimos tres años, esta reivindicación (“El tren por abajo, yo por arriba”) ha logrado, con muchas dificultades, hacerse oír en el resto de España. Hasta ese momento, el problema más conocido de la región era la falta de agua para sus cultivos, unas protestas que el PP capitalizó con su “agua para todos”. Pero esta reivindicación ha sido diferente. Nació de los barrios hace 30 años y quienes han tirado del carro en el tramo final han sido vecinos ahora jubilados, como los que salieron a la calle en todo el país el año pasado para reclamar pensiones dignas.

Llevan 576 noches de protestas continuadas en el paso a nivel de Santiago el Mayor, el lugar en el que iban a empezar las obras del AVE en superficie, situado a menos de un kilómetro al este de la estación del tren. “Nos íbamos a quedar igual que en Valladolid, donde la alta velocidad llegó en superficie, de forma temporal y así siguen”, argumenta Pepe Esparcia, técnico de obra de la plataforma, de 70 años. Allí, el 5 de septiembre de 2017 comenzaron su resistencia con una acampada. El 30 de septiembre, coincidiendo con la crisis catalana del 1-O, sacaron a la calle a 50.000 personas, según datos de la organización, convirtiéndose así en la protesta más multitudinaria en la ciudad desde la de la guerra de Irak de 2003.

Los Viakingos, encargadados de poner música y letra las protestas, en su escenario habitual, en Santiago el Mayor. Los Viakingos, encargadados de poner música y letra las protestas, en su escenario habitual, en Santiago el Mayor.
 

Gracias a su pulso, que incluyó cortes de tráfico ferroviario y episodios de gran tensión con los antidisturbios, lograron que el Gobierno del PP comenzara a soterrar un tramo de 1,1 kilómetros en el acceso del AVE desde Alicante —desde la Senda de Los Garres hasta Santiago el Mayor— y que el tren llegara a la estación a ocho metros de profundidad. Desde el pasado junio, con la llegada de Pedro Sánchez al Gobierno, la policía no vigila sus protestas y está pendiente la adjudicación de un segundo tramo de obra con 3,3 kilómetros de soterramiento, entre Barriomar y la pedanía de Nonduermas, que correspondería con la salida de la línea de alta velocidad en dirección a Almería.

El soterramiento del tren está en marcha, pero el final sigue abierto. El presidente de la región, Fernando López Miras, aseguró a comienzos de marzo que si el PP gana las elecciones generales traerán el AVE primero en superficie, como tenían previsto en un principio, para que llegue más rápido. En mes y medio pasarán por las urnas las tres administraciones que costean los 600 millones de la infraestructura. Fomento aporta el 66% del presupuesto; la región murciana, el 26%; y el Ayuntamiento, otro 8%. Los activistas han bajado el ritmo, pero no quitan ojo de las vías.

Joaquín Contreras, portavoz del colectivo, recuerda cómo, tanto PP como PSOE, se pasaron durante años la pelota en función de si estaban en el Gobierno o en la oposición. Comenzaron en 1989. “Se hablaba de un nuevo Chamarín para Murcia”, rememora Contreras, maestro jubilado de 74 años. Por aquel entonces ya veían cómo la ciudad crecía hacia el norte, pero las vías limitaban el desarrollo del sur, una zona “que antes era huerta” y en la que viven trabajadores y gente humilde. Así terminaron uniéndose seis asociaciones de vecinos (El Carmen, Santiago el Mayor, San Pío X, Barriomar-La Purísima, Barrio del Progreso y Patiño). El PP fue el partido más votado en todos estos barrios en las elecciones generales de 2016.

La región ha estado gobernada desde 1995 por el PP y la queja por la “sumisión” de sus políticos “a las órdenes de Madrid” es una constante en las protestas. Casi un tercio de los 1,5 millones de habitantes que tiene la comunidad murciana vive en la capital.

Los Viakingos

Los hijos y nietos de aquella generación han aportado otra dimensión a la protesta. Tienen una banda de música, los Viakingos, que surgió de forma espontánea, y que ha adaptado éxitos como Another brick in the wall, de Pink Floyd, o Resistiré del Dúo Dinámico. Seis de los más de 20 músicos que amenizaron las concentraciones en los momentos más duros evocan los buenos recuerdos, pero también los malos tragos. “Ha sido una lucha dura. Nos han identificado, a algunos nos han multado”, incide Laura Pampliega, de 46 años, que también habla de las dificultades que tenían para salir en los medios y de “manipulación mediática”. Acumularon unos 46.000 euros en sanciones. “Hicimos colectas, subastábamos libretos con las canciones”, añade Fulgencio Serrano, de 53 años. El dispositivo policial costó 2,3 millones de euros, según datos de la delegación del Gobierno de Murcia. “Nos decían, sois unos mataos, y nosotros hacíamos una canción y le dábamos la vuelta”, comenta Rocío Morales, de 44 años. Entre ellos hay varios funcionarios, un médico o un técnico de ambulancias. “Yo siempre sentía que perdíamos en todas las manifestaciones”, remata José Joaquín Andreo, de 43 años. “Pero esta la estamos ganando”.

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