Un juzgado investiga si el fraude de las obras del AVE se extendió a la Región

Sigifredo Hernández, en el centro, junto a la letrada Francisca Cánovas y a su amigo Juan Cánovas, llegando ayer a la Comandancia. / javier carrión / agm

El expresidente de los hacendados de Murcia, Sigifredo Hernández, declara en la Guardia Civil. Cientos de miles de euros se habrían desviado inflando las reparaciones de las acequias

RICARDO FERNÁNDEZ Viernes, 22 febrero 2019, 09:41

El multimillonario fraude presuntamente cometido con las obras de la línea del AVE entre Crevillente y Murcia, investigado en unas diligencias judiciales bautizadas como 'caso César', ha acabado traspasando fronteras. Y se ha metido de lleno en la Región, a través de los términos de Beniel y Murcia, afectando a un territorio de huerta controlado por la Junta de Hacendados, que ahora aparece situada de lleno en el foco de una nueva investigación judicial. El expresidente de esta entidad, Sigifredo Hernández, una institución desde hace décadas entre los agricultores murcianos, tuvo que comparecer ayer en la Comandancia de la Guardia Civil, acompañado de su abogada, para declarar en calidad de investigado en esta causa por supuesta malversación de fondos públicos, entre otros delitos.

La investigación, que desde hace más de un año vienen impulsando codo con codo los especialistas en delitos urbanísticos de la Policía Judicial de la Guardia Civil y los funcionarios de Vigilancia Aduanera, organismo dependiente de la Agencia Tributaria, encuentra todo su sentido y su inspiración en las diligencias que desde el año 2015 coordina el Juzgado de Instrucción número 9 de Murcia y que se encaminan ya de manera prácticamente inexorable hacia la celebración del juicio.

El 'caso César' ha permitido sacar a la luz una extensa trama delictiva, que ha acabado arrastrando a más de medio centenar de presuntos implicados que se habrían enriquecido merced al desvío de decenas de millones de euros de las obras de la alta velocidad a Murcia. En concreto, los investigadores averiguaron que los fondos públicos presuntamente malversados procedían de una cuantiosa partida destinada a reponer las infraestructuras hidráulicas, como acequias y azarbes, que se veían afectadas por el trazado de la línea del AVE. Básicamente, el sistema delictivo consistía en hinchar el precio de esas reposiciones y arreglos de canalizaciones, y también en facturar por obras que no se habrían realizado, todo ello con la presunta connivencia de altos directivos del ente público Adif, de responsables de las firmas constructoras adjudicatarias de los distintos tramos, de un despacho de ingenieros que coordinaba los trabajos y de las agrupaciones de agricultores, representados por el Juzgado Privativo de Aguas de Orihuela y la Comunidad de Regantes San Felipe Neri, cuyas tierras atravesaba la vía de alta velocidad.

Informes de Adif incorporados a este procedimiento, que se centra en los cuatro tramos de obras entre Crevillente y el límite con la Región de Murcia, desvelaron un sobrecoste en esas obras de reposición hidráulica de hasta el 626%: desde los 11,4 millones inicialmente presupuestados a los 71,5 millones que acabaron siendo abonados, lo que supone un 'salto' de 60,1 millones. De ellos, al menos 25 millones habrían sido ilícitamente desviados para el enriquecimiento de los miembros de la trama, según las pruebas recabadas en esa causa.

Hace algo más de un año, una denuncia presentada en la Fiscalía Superior de la Región aportó una serie de datos que apuntaban a que un operativo criminal prácticamente idéntico podría haberse desarrollado de nuevo en torno a la reposición de las acequias, pero esta vez ya en los términos de Beniel y Murcia. La aparente trama, en este caso, conservaba a algunos de los protagonistas principales, como un alto responsable de Adif a quien se atribuye el supuesto papel de 'cerebro' y muñidor del fraude, mientras que otros habrían tenido que ser forzosamente reemplazados debido al cambio de 'territorio'.

Las cuatro patas de la presunta trama

Martínez Pombo, Adif. Aprobación de los expedientes de gasto para las obras: El ingeniero José Luis Martínez Pombo, antiguo jefe de Infraestructuras de Adif, está considerado un personaje clave en las presuntas tramas de malversación de fondos de las obras del AVE al Levante. Sería quien habría diseñado el operativo fraudulento, quien habría impulsado los acuerdos con entidades de regantes como la Junta de Hacendados y quien, en última instancia, habría sacado un importante rédito personal, con el ingreso de grandes cantidades de origen ilícito.
Constructora San José. Supuesta falta de controles sobre los fondos invertidos: La Constructora San José, ya investigada en el multimillonario fraude del 'caso César' y que se verá conducida a juicio como tal mercantil, habría incurrido en una falta de control de los gastos acometidos en las obras del AVE a Murcia. Se está investigando si responsables de esta sociedad pudieron concertarse con una subcontrata, Bluesa, con sede en El Raal y actualmente en proceso de disolución, para inflar artificialmente las facturas por la reposición de acequias.
Junta de Hacendados. Presupuesto para la sustitución de las canalizaciones: Sigifredo Hernández se encontraba al frente de la Junta de Hacendados de Murcia cuando se negoció con Adif el presupuesto para la sustitución de las infraestructuras hídricas que iban a resultar dañadas por las obras de la alta velocidad. La entidad encargó un proyecto a una firma de ingeniería, con domicilio social en El Raal, lo que habría permitido establecer finalmente en casi cuatro millones de euros el presupuesto para reemplazar esas acequias y azarbes.
Constructora Bluesa. La subcontratista elegida para acometer el trabajo: El juzgado está tratando de establecer de quién fue la decisión de que fuera la firma constructora Bluesa la que acometiera las obras de reposición de tuberías en la huerta mediante la fórmula de la subcontratación por parte de San José. La intervención de la mercantil ubicada en El Raal resultaría indispensable para acometer el presunto fraude, ya que habría tenido que inflar el coste de los trabajos de manera irregular o facturar por otros que no se acometieron.

Después de realizar una serie de comprobaciones, que vinieron a consolidar los indicios delictivos esbozados, la Fiscalía presentó una denuncia que fue a parar por turno de reparto al Juzgado de Instrucción número 8 de Murcia, a cuyo frente se encuentra David Castillejos. Este magistrado, curtido en asuntos de corrupción de la complejidad del 'caso Umbra' y sus muchas derivadas, encomendó las gestiones policiales a la Guardia Civil y Aduanas. A lo largo de más de un año, en el que el procedimiento ha permanecido declarado secreto, estos agentes han recabado abundante material probatorio sobre esta aparente red criminal, cuyo 'modus operandi' era básicamente el mismo que el utilizado en las obras ya mencionadas entre Crevillente y Colada de la Buena Vida.

Cuatro millones para acequias

En este caso, el tramo en el que se habría producido la malversación es el adjudicado en 2009 a la Constructora San José, con un presupuesto de casi 42 millones de euros para abrir ocho kilómetros de línea de alta velocidad entre el límite de la provincia de Alicante y Murcia. Dentro de esos trabajos, se destinaron unos cuatro millones de euros adicionales a obras de reposición de acequias, cuyo control se habría dejado en manos de la Junta de Hacendados de Murcia.

Según fuentes de toda solvencia, las investigaciones se vienen centrando en establecer si existió un concierto delictivo entre dirigentes de la Junta de Hacendados, un despacho de ingeniería de El Raal -cuya denominación responde a las iniciales E.I.M.B.-, responsables de la firma San José, la empresa subcontratada para acometer las obras -Bluesa SL, también con sede en El Raal- y altos directivos de Adif, entre quienes el principal sospechoso vuelve a ser el antiguo jefe de Infraestructuras, José Luis Martínez Pombo. Todos los indicios apuntan a que este sería el responsable de haber trasladado el mismo operativo defraudador a los distintos tramos de la línea en construcción del AVE.

Aunque la cuantía final presuntamente malversada está por determinar, las fuentes mencionadas la sitúan provisionalmente entre los 800.000 euros y el millón de euros.

Una vez que el juez Castillejos ha renunciado a seguir prorrogando el secreto de las actuaciones, guardias civiles y aduaneros han comenzado esta semana a tomar declaración a los investigados. Ayer le tocó el turno al expresidente de los hacendados de Murcia, Sigifredo Hernández, quien acudió a la Comandancia acompañado de su amigo Juan Cánovas, quien en su día estuvo al frente de la Confederación Hidrográfica del Segura (CHS), y de la abogada Francisca Cánovas. Una vez finalizada la comparecencia, el antiguo dirigente agrario abandonó las dependencias policiales, a la espera de ser citado por el instructor de la causa.