“!Hay tanto de qué hablar señor [José Luis] Ábalos! Cuando quiera. Los ingenieros estamos preparados y esperanzados con los nuevos pliegos de contratación”. Este mensaje, a modo de telegrama, fue escrito el pasado viernes por el presidente de Tecniberia, Juan Lema, en su cuenta de Twitter. La patronal de la ingeniería pedía turno de este modo para mantener un primer contacto con el nuevo ministro de Fomento. Y expresaba a las claras cuál es el caballo de batalla: el modelo de contratación. Pese a recientes modificaciones, que el sector aplaudió meses atrás, se pide mucho más.

La actualización de la Ley de Contratos del Sector Público es la mejor noticia que dejó el anterior Ejecutivo al sector que diseña las obras públicas. Fue con la transposición de las directivas 2014/23 de contratos de concesión, 2014/24 sobre contratación pública y 2014/25 de contratación en los sectores del agua, energía, transportes y servicios postales. La norma exige ahora que la valoración de la propuesta técnica tenga mayor peso en la puntuación de los concursos que la económica, especialmente en trabajos de contenido intelectual, con lo que la ingeniería ve reconocida una reivindicación histórica.

A falta de nuevos contratos en marcha (hubo una avalancha de contratación previa al cambio normativo), al menos comenzaron a publicarse los pliegos tipo y ya se aprecian cambios. Fuentes del sector apuntan que el documento que sirve de base para próximos concursos del Adif fija una ponderación del 51% para la propuesta técnica, por el 49% que se otorga a la oferta económica. Justo al contrario de lo que sucedía hasta ahora.

Y más allá ha ido la Dirección General de Carreteras, cuyo pliego para contratar servicios de ingeniería otorga hasta un 63,5% de la puntuación al proyecto técnico, dejando en un papel mucho menos relevante que en el pasado al presupuesto económico.

Este vuelco supone adjudicar proyectos de obra a la mejor solución ingenieril y no a la más barata, con lo que el espíritu de la ley busca acabar con las subastas a la baja, respecto a los presupuestos que propone la Administración, y evitar problemas técnicos y sobrecostes conforme avanza la fase de construcción.

Con todo, los representantes del sector están demandado una baremación de 80 puntos para la oferta técnica y 20 puntos para el precio, propuesta que será llevada hasta la mesa del ministro Ábalos.

El director general del Foro para la Ingeniería de Excelencia (Fidex), Fernando Argüello, apunta que “España es de los pocos países en que una empresa se lleva cero puntos si igualas el presupuesto estimado por la Administración, con lo que claramente se anima a pujar a la baja”. Y añade que numerosos países desarrollados, organismos de cooperación y entes dependientes de la UE reparten sus contratos de ingeniería bajo la fórmula 80%-20% a favor del apartado técnico.

Fídex lanzó una fuerte carga contra el Adif a finales de 2017. La gota que colmó el vaso fue la adjudicación de un pequeño contrato de 1,5 millones con una baja del 39% respecto al presupuesto de licitación. Una decisión que sobrepasaba, a juicio de las empresas, los umbrales de la temeridad. Máxime cuando se trataba de un trabajo de coordinación en materia de seguridad y salud durante las obras de construcción de un tramo de la red ferroviaria convencional. A raíz de ese hecho, el colectivo que reúne a las mayores ingenierías del país recuperó la campaña para que la Administración cambiara sus pliegos.

Movimientos tras la crisis

El Ministerio de Fomento ya dio pasos, desde los primeros meses de gestión de Íñigo de la Serna, hacia un mayor equilibrio en la contratación pública en detrimento de las adjudicaciones a precio que se impusieron durante los años de crisis económica.

 

En febrero de 2017, con la llegada de Juan Bravo al Adif y la consiguiente reestructuración del cuadro directivo de la empresa pública, se elevó la ponderación de la propuesta técnica hasta el 49% de la puntuación, frente al 51% de la oferta económica. También se endurecieron las condiciones para dejar en temeridad las ofertas que estuvieran más de 2,5 puntos porcentuales por debajo de la oferta media en un concurso.

El precio continuaba siendo determinante, pero la puntuación al proyecto subió desde el 25% anterior, y la que valoraba el presupuesto bajó desde el 75%. Antes de la etapa de Bravo se llegó a licitar ingeniería con el precio como único criterio de adjudicación, como los 74 polémicos contratos de 2016 para suprimir pasos a nivel.

Que Adif y Carreteras adapten sus pliegos base es fundamental para un sector que debe diseñar modificaciones en las autopistas quebradas, supervisar las obras del corredor Mediterráneo o el avance del AVE en líneas como la que va de Madrid a Galicia.