El horizonte para los 14,8 kilómetros de vías de tren con los que se pretendía ampliar la línea de Cercanías de Móstoles a Navalcarnero continúa sin aclararse. Los boquetes de los túneles que se quedaron a medias como testigos del desastre, permanecen en el mismo estado de abandono desde que la concesionaria paró las obras sin avisar en 2010, y los vecinos continúan a la espera de la prometida infraestructura, que cada día parece más lejana.

Mientras, la Comunidad de Madrid y la empresa concesionaria Cercanías Móstoles Navalcarnero (Cemonasa, participada de forma mayoritaria por OHL) mantienen abiertos varios litigios para intentar recuperar en lo posible el dinero y los esfuerzos invertidos. La Consejería de Transportes ha ganado el último pulso de la batalla judicial, y se queda, al menos de momento, con los 16 millones de los avales depositados por Cemonasa como garantía de cumplimiento de contrato.

Las arcas públicas ingresaron el martes de la semana pasada dos transferencias, una por 12,7 millones y otra por 3,2. De esta forma, el Ejecutivo regional cobra casi la mitad de una sanción de 34 millones que impuso el año pasado a la mercantil por dejar las obras a medias. Los trabajos se adjudicaron en 2007 y debía haberse finalizado en 2013, pero la empresa paró en 2010.

El cobro se ha realizado en primera instancia y, debido a que todavía quedan dos frentes judiciales abiertos, la situación puede dar la vuelta de tal forma que el montante retorne a las cuentas de la concesionaria, indican fuentes próximas a OHL. Por una parte, falta por conocerse la sentencia de los tribunales en cuanto al recurso que planteó la empresa contra la millonaria multa que les impuso la consejería. Por otra, todavía está pendiente la resolución de la reclamación administrativa que presentó OHL en junio de 2015 contra la decisión de la Comunidad de no resolver el contrato. Los técnicos del Gobierno de Cifuentes desestimaron las pretensiones de la firma al considerar que no concurría ninguna de las causas que invocaba para romper el contrato.

OHL considera que la Administración regional forzó la paralización de las obras. Así lo puso de manifiesto en un duro comunicado después de que les sancionaran. Cemonasa explicaba en el documento que la parada de los trabajos se debía a que Móstoles incumplió un convenio en el que se había comprometido a pagar 50 millones de euros, tal como “aparecía en los pliegos de condiciones”, por enterrar las vías a su paso por el municipio. En su opinión, si Móstoles no se hizo cargo de sus obligaciones contractuales, la responsabilidad se trasladaba al Gobierno regional. “Ha habido un incumplimiento culpable de la Comunidad de Madrid”, acusó Cemovasa.

Por este motivo, OHL reclama al Ejecutivo regional 370 millones de euros (320 por la inversión realizada y 50 de daños y perjuicios). La concesionaria se declaró en concurso voluntario de acreedores en mayo de 2016 y ya ha entrado en fase de liquidación. También solicitó al Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) que la Comunidad no retuviera los 16 millones de avales. Pero los jueces no les dieron la razón. OHL interpuso un recurso a esta sentencia que se encuentra pendiente de resolución.

La Comunidad sabe que tiene complicado cobrar el resto de la multa, ya que es un acreedor más en la lista de Cemovasa. En el caso de no conseguirlo por esa vía, estudiarán reclamar la cantidad directamente a OHL. A pesar de la situación, el consejero de transportes Pedro Rollán se muestra satisfecho por haber logrado ejecutar los millones de los avales.

El liquidador de Cemonasa ya ha presentado un plan en el que prevé la recuperación de los 370 millones que reclama a la Comunidad como el único activo que permitiría el pago a los acreedores, según fuentes de la empresa. El Gobierno regional solicitó en marzo de este año la resolución del contrato por incumplimiento del mismo.