burgosconecta.es
31 mayo 2017
El Defensor del Pueblo estudiará la responsabilidad de Adif y Fomento en el “abandono” del Tren Directo
La Plataforma por el Ferrocarril Directo ha visto admitida a trámite su queja por la gestión estatal de la línea Madrid-Aranda-Burgos
Aseguran que Adif y Fomento podrían haber cometido sendos delitos de prevaricación y dejación de funciones al no arreglar el incidente de 2011
La línea se ha dejado deteriorar, sin vigilancia ni mantenimiento, y ahora está en riesgo el casco urbano de Somosierra ante un hipotético derrumbe del túnel
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El Directo es una reivindicación social, empresarial y política. GIT
El Defensor del Pueblo ha admitido a trámite la queja presentada por la Plataforma por el Ferrocarril Directo Madrid-Aranda de Duero-Burgos contra el Ministerio de Fomento y Adif por la gestión de la línea férrea, una gestión que “ha derivado en un abandono de facto de la línea, incumpliendo gravemente sus obligaciones legales”, ha asegurado el colectivo en una nota de prensa. La admisión a trámite, en un plazo muy reducido de tiempo (menos del mes habitual), se ve como “un rayo de esperanza” frente al “desinterés” de las administraciones estatales.
De este modo, el Defensor del Pueblo estudiará la responsabilidad que Fomento y Adif tienen en el “abandono injustificado” de una línea que, recuerda la Plataforma, “ha demostrado su viabilidad y capacidad de tráfico en situaciones de necesidad”, como por ejemplo el hundimiento de la línea por Ávila en 1999. “Se ha dejado morir con premeditación y alevosía”, insisten, después de que se produjese el derrumbamiento del túnel de Somosierra en 2011, en cuyo interior sigue atascada la bateadora.
La Plataforma asegura que han “dejado morir con premeditación y alevosía” la línea
Desde la Plataforma del Tren Directo consideran que, al incumplir las obligaciones que le impone la ley en mantenimiento y restablecimiento del tráfico en caso de incidencia, Fomento y Adif podrían incluso haber caído en un delito de prevaricación y dejación de funciones. No han reparado los daños del túnel de Somosierra, lo que ha ocasionado además su “rápido deterioro” por falta de ventilación y eso podría tener consecuencias directas en el caso urbano de Somosierra, lo que también le han explicado al Defensor del Pueblo.
Desinterés y dislates
A todo ello se suma también cierta dejación de funciones al haber consentido el robo de instalaciones y sistemas de seguridad en 250 kilómetros, una pérdida cuantificada en 65 millones de euros. El propio ADIF ha reconocido, en un documento al que ha tenido acceso la Plataforma, la “nula vigilancia y mantenimiento” desde 2010. Tren Directo recuerda que la línea continúa perteneciendo a la Red Ferroviaria de Interés General y que sigue legalmente abierta, puesto que solo el Consejo de Ministros puede acordar su cierre.
De ahí que el colectivo social entienda como un mero interés en “dejar morir la línea” los “dislates” cometidos en los últimos años, frente a la justificación constante sobre la rentabilidad económico-social de la inversión estatal. No solo no se ha arreglado la incidencia de 2011, sino que ya se venía aplicando una política de desatención previa, y a ello se han unido intervenciones para eliminar desvíos, apartaderos y estaciones, “con el único objetivo de reducir artificialmente la capacidad de tráfico de la línea”, apunta la Plataforma.
