Nuevo pulso en la CNMC entre las operadoras privadas del ferrocarril de mercancías y Renfe, a escasos 30 meses de que se liberalice el transporte de pasajeros. El grupo de compañías reunidas en la Asociación de Empresas Ferroviarias Privadas (AEFP), entre las que se encuentran filiales de ACS, OHL, Acciona, Comsa o Ferrovial, ha cargado contra el operador público, tal y como adelantó Cinco Días, denunciando un plan para dificultar la competencia a base de atraer maquinistas del ámbito privado. Renfe ha reaccionado y deja entrever que ese personal no se mueve por cuestiones salariales sino por la mejora en sus condiciones sociolaborales.

Las convocatorias de empleo y becas de Renfe suelen tener el poder de un imán hacia los maquinistas de la AEFP, que reclama un calendario con este tipo de promociones para prepararse ante las salidas del que considera personal estratégico. Entre las operadoras privadas con licencia para transportar carga en España reúnen unos 230 maquinistas, mientras el operador público tiene en nómina a más de 5.000.

La empresa que preside Juan Alfaro ha reaccionado a las acusaciones de la AEFP presentando sus propios argumentos a la CNMC. Si la asociación de operadoras privadas dice que Renfe ofrece condiciones fuera de mercado pese a estar en pérdidas, desde la firma dependiente de Fomento se subraya que la “baja productividad de los maquinistas de Renfe respecto a los de las empresas de la AEFP” se debe a que es “absolutamente respetuosa y escrupulosa” con el cumplimiento de las normas de seguridad que afectan al transportes ferroviario. Esto incluye los descansos de los maquinistas entre jornadas, las horas de conducción continuadas, el máximo cada 24 horas, o los descansos semanales.

Renfe argumenta ante la CNMC que cualquier maquinista que se incorpora a la entidad para trabajar en la división de mercancías recibe una retribución anual de 32.000 euros brutos anuales, por los cerca de 40.000 euros que puede ganar en el sector privado. De este modo, quiere hacer ver que su oferta de empleo no es lo suficientemente atractiva como para causar una desbandada en la competencia: “Deben existir otras razones que animan a los trabajadores”, insiste la empresa ferroviaria.

• 54 años de edad media

Con 14.000 empleados y una edad media de 54 años, Renfe se ha marcado como objetivo renovar la mitad de la plantilla en cinco años. En este contexto, lanzó el año pasado una convocatoria de empleo con 340 plazas de maquinistae hizo exámenes la semana pasada para becar a otras 210 personas en un programa de “formación especializada en infraestructura y vehículos ferroviarios en el Grupo Renfe al objeto de facilitar la incorporación al mercado laboral”. La prueba de acceso a la beca se realizó el miércoles y acudieron 500 candidatos, quedándose en cuadro los servicios privados de transporte de mercancías.

La convocante defiende ante el regulador que no se trata de una promoción de empleo, sino de una iniciativa de formación, y argumenta que pagará 645 euros mensuales a quienes accedan al curso, que durará medio año. Así, vuelve a poner en duda que muchos maquinistas del ámbito privado abandonen sus puestos para someterse a medio año de formación y por debajo de salario mínimo interprofesional.

Un último argumento utilizado por Renfe en su defensa es el de la formación de un millar de maquinistas desde 2008, en sus escuelas repartidas por el país, a los que se sumarán otros 500 estudiantes entre este 2017 y el próximo 2018, frente a los 930 ingresos en Renfe en el mismo plazo. Los centros privados, por su parte, han formado a otros 600 conductores y tienen previsto sacar 400 maquinistas más hasta finales del próximo ejercicio.

“Desde la liberalización del mercado, Renfe ha mantenido abierta su escuela de formación, que ha ido nutriendo tanto las necesidades que han surgido dentro de la empresa como las del sector ferroviario emergente”, señala la empresa.

Ante las críticas de la AEFP, Renfe sostiene que los trabajadores tienen el derecho a elegir el lugar en que prestan sus servicios. Las empresas privadas reclaman 500.000 euros a la pública amparándose en la orden FOM 2872/2010, por la que Renfe debe indemnizar cuando capta personal de sus rivales hasta dos años después de haberse invertido en su formación.