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6 febrero 2017

MONITOR DE INFRAESTRUCTURAS

Los intereses políticos del PP desbarataron un proyecto que lleva más de 20 años en el limbo

Operación Chamartín: cuando la política prima sobre la economía

En el Grupo Popular admiten que les sobró convicción de que seguirían al frente del Ayuntamiento

 
Centro Comercial Dolce vita.
Un proyecto comercial en el limbo.

La Operación Chamartín sigue estancada veinte años después y no logra reivindicarse por más que BBVA y la constructora San José -propietarios de Distrito Castellana Norte (DCN)- se empeñen en que salga adelante. El proyecto inmobiliario más ambicioso en décadas ha vuelto a sufrir un nuevo varapalo después de que el Tribunal Supremo haya avalado la anulación parcial del Plan de Prolongación de la Castellana de Madrid.

En el Grupo Popular ad­miten que les sobró con­vic­ción de que se­gui­rían al frente del Ayuntamiento Título: Los in­tereses po­lí­ticos del PP des­ba­ra­taron la Operación Chamartín Subtítulo: El foro in­terno del par­tido re­co­noce que el pro­yecto debió apro­barlo Ana Botella pero se aplazó para que Aguirre lo se­llase

El Ayuntamiento de Manuela Carmena tiene la llave y, aunque el Ministerio de Fomento está pre­sio­nando, la en­tidad que pre­side Francisco González no acepta re­cortar a la baja el pro­yecto apro­bado por el an­te­rior Consistorio.

Desde el propio par­tido del PP, se está car­gando toda la culpa de esta si­tua­ción a la an­te­rior al­cal­desa de Madrid, Ana Botella, que, a úl­tima hora, no se atrevió a dar el sí de­fi­ni­tivo al pro­yecto y dejar la de­ci­sión para la nueva cor­po­ra­ción mu­ni­cipal que sa­liera de las elec­ciones del 24 de mayo de 2015. La ex al­cal­desa quiso eludir po­si­bles res­pon­sa­bi­li­dades fu­turas y que fuera la nueva cor­po­ra­ción mu­ni­cipal del PP quien car­gase con la apro­ba­ción del ma­cro­pro­yecto de la zona norte de Madrid. Otras fuentes ad­miten que se pre­firió aplazar el pro­yecto para que Esperanza Aguirre fuera quien es­tam­pase la firma.

Posteriormente, el re­sul­tado elec­toral cambió ra­di­cal­mente la si­tua­ción y, en contra de lo pre­visto, el PP ganó las elec­ciones pero no al­canzó la ma­yoría ab­so­luta y Ahora Madrid se hizo con el mando, gra­cias al apoyo del PSOE. Fuentes del PP re­co­nocen que la Operación Chamartín po­dría haber sido apro­bada antes de las elec­ciones de 2015 si Ana Botella se hu­biera de­ci­dido a con­vocar un pleno ex­tra­or­di­nario para su apro­ba­ción una vez que el plan había pa­sado todos los trá­mites ur­ba­nís­ti­cos.

Botella se había com­pro­me­tido a sa­carlo ade­lante antes de las elec­ciones del día 24 de mayo pero no fue así. De he­cho, Botella había anun­ciado que todos los trá­mites ad­mi­nis­tra­tivos re­la­tivos a la apro­ba­ción del nuevo plan par­cial ur­ba­nís­tico como su apro­ba­ción por el go­bierno re­gional es­ta­rían listos antes de las elec­ciones mu­ni­ci­pa­les, de modo que las obras pu­dieran arrancar a fi­nales de 2015.

El equipo de la al­cal­desa había con­cluido todos los trá­mites ad­mi­nis­tra­tivos y sólo es­taba pen­diente de con­testar las 1.800 ale­ga­ciones de ve­cinos y aso­cia­cio­nes. Hay que ad­mitir en su des­cargo que nin­guno de los grupos de la opo­si­ción apoyó a la edil ma­dri­leña para ce­le­brar un pleno ex­tra­or­di­na­rio. Ante tal im­po­si­bi­li­dad, el Ayuntamiento desistió en el em­peño y optó por dejar su apro­ba­ción para la nueva Corporación.

Aguirre pre­fería ser la pro­ta­go­nista

Otras fuentes con­sul­tadas ad­mi­ten, en cam­bio, que la propia can­di­data del PP Esperanza Aguirre pre­firió en­tonces que el pro­yecto se apla­zase para des­pués de las elec­ciones au­to­nó­micas y mu­ni­ci­pales y que fuera ella y no Ana Botella quien se lle­vase el éxito de la apro­ba­ción de­fi­ni­tiva.

Desde el PP se con­si­dera ahora que faltó de­ci­sión a la ex al­cal­desa Ana Botella y sobró con­vic­ción dentro del propio par­tido de que las elec­ciones mu­ni­ci­pales las ga­naría de calle su can­di­data Esperanza Aguirre y que Podemos y Ahora Madrid se pe­ga­rían un cas­tañazo. El re­sul­tado final fue al con­trario y los so­cios de Distrito Castellana Norte se en­cuen­tran ahora va­gando y tra­tando de con­vencer al nuevo Ayuntamiento para que el pro­yecto ini­cial se man­tenga en su gran parte.

Y es que, la irrup­ción de Ahora Madrid y de su ac­tual al­cal­desa Manuela Carmena en la Corporación ma­dri­leña dio al traste con todo. La nueva edil y su equipo en­te­rraron el plan nada más ate­rrizar en el edi­ficio de Correos gra­cias al apoyo del PSOE pese al voto en contra de PP y Ciudadanos. La al­ter­na­tiva que ofrece el nuevo equipo mu­ni­cipal a la idea ini­cial re­duce con­si­de­ra­ble­mente el pro­yecto ini­cial en cuento al nú­mero de vi­viendas y re­corta drás­ti­ca­mente las in­fra­es­truc­turas pre­vis­tas.

Muchas partes afec­tadas

Pero no sólo BBVA y Constructora San José, dueños de la em­presa Distrito Castellana Norte pueden salir tras­qui­la­dos, Adif y Renfe, pro­pie­ta­rios de la mayor parte de los te­rre­nos, tam­bién salen gra­ve­mente per­ju­di­cados de no salir ade­lante el pro­yecto. De ahí el in­terés del ac­tual mi­nistro de Fomento, Íñigo de la Serna, porque la Operación Chamartín vaya a buen puerto.

El ad­mi­nis­trador de in­fra­es­truc­turas Adif junto con Renfe se­rían los prin­ci­pales afec­tados si no re­ciben los 1.250 mi­llones de euros que BBVA debe abonar por los te­rrenos ad­qui­ridos en los años 90 a la com­pañía fe­rro­via­ria.

De no ir a buen puerto el pro­yecto, la em­presa Constructora San José lo ten­dría tam­bién muy com­pli­cado. La com­pañía ha es­tado al borde de la quiebra y un nuevo va­ra­palo sería un golpe mortal para la misma.

La en­tidad que pre­side Francisco González ob­tuvo por con­curso pú­blico una parte de las 320 hec­tá­reas sobre las que se ins­ta­lará lo que sería la mayor ope­ra­ción ur­ba­nís­tica rea­li­zada en los úl­timos años en Madrid. En la firma del con­trato, el banco se com­pro­metía abonar dicha cifra cuando la eje­cu­ción del pro­yecto ob­tu­viera la luz verde. Este com­pro­miso se ha­bría cum­plido de facto una vez que la Corporación ma­dri­leña hu­biera apro­bado el plan par­cial y que el pro­yecto en sí hu­biera sido res­pal­dado por todo el Consistorio.

Continuos apla­za­mientos

La Operación Chamartín se ideó en 1993, pero la falta de con­senso en­tonces entre el Gobierno, la Comunidad de Madrid y el Ayuntamiento man­tuvo blo­queado el pro­yecto hasta di­ciembre de 2008. Posteriormente, el Plan Urbanístico de 2011 in­tentó re­lan­zarlo nue­va­mente pero éste fue re­cu­rrido y no fue hasta enero de 2015 cuando vio nue­va­mente la luz tras su­frir al­gunos cam­bios en el pro­yecto ini­cial.

De no salir ade­lante el plan, ge­ne­rará graves con­flictos ju­rí­dicos razón por la cual a nin­guna de las partes le in­teresa -Ayuntamiento, BBVA, Constructora San José y Ministerio de Fomento- que el pro­blema se en­roque en los tri­bu­na­les. Las partes afec­ta­das, in­cluido el Ministerio de Fomento, tienen re­cu­rrido ante los tri­bu­nales el veto de Carmena y su equipo a la Operación Chamartín. El propio con­cejal de Urbanismo, José Manuel Calvo, ha re­co­no­cido días pa­sados que el Ayuntamiento está ha­ciendo grandes es­fuerzos para des­blo­quear el tema. De he­cho, se ha es­ta­ble­cido una co­mi­sión tri­par­tita para es­tu­diar po­si­bles al­ter­na­ti­vas.

La in­ver­sión del pro­yecto as­ciende a 5.947 mi­llones de eu­ros, de los que 4.800 mi­llones serán apor­tados por Distrito Castellana Norte. De esta can­ti­dad, 3.500 mi­llones se des­ti­na­rían a edi­fi­ca­ciones y 1.300 mi­llones a in­fra­es­truc­tu­ras. Los 1.150 mi­llones res­tantes co­rrerán a cargo de las ad­mi­nis­tra­ciones para in­ver­siones en equi­pa­mientos pú­blicos (centros de sa­lud, cen­tros cul­tu­ra­les, so­cia­les, bi­blio­tecas y cen­tros de­por­ti­vos).

El pro­yecto ini­cial su­pone tam­bién am­pliar la Castellana ma­dri­leña en 3,7 ki­ló­me­tros, la cons­truc­ción de más de 17.000 vi­viendas (unas 1.800 pro­te­gi­das) y una zona de ne­go­cios con va­rios ras­ca­cie­los. Pero lo más im­por­tante es el nivel de em­pleo que puede ge­ne­rar. Se prevé crear unos 120.000 puestos de tra­bajo.

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