capitalmadrid.com
6 febrero 2017
MONITOR DE INFRAESTRUCTURAS
Los intereses políticos del PP desbarataron un proyecto que lleva más de 20 años en el limbo
Operación Chamartín: cuando la política prima sobre la economía
En el Grupo Popular admiten que les sobró convicción de que seguirían al frente del Ayuntamiento
La Operación Chamartín sigue estancada veinte años después y no logra reivindicarse por más que BBVA y la constructora San José -propietarios de Distrito Castellana Norte (DCN)- se empeñen en que salga adelante. El proyecto inmobiliario más ambicioso en décadas ha vuelto a sufrir un nuevo varapalo después de que el Tribunal Supremo haya avalado la anulación parcial del Plan de Prolongación de la Castellana de Madrid.
En el Grupo Popular admiten que les sobró convicción de que seguirían al frente del Ayuntamiento Título: Los intereses políticos del PP desbarataron la Operación Chamartín Subtítulo: El foro interno del partido reconoce que el proyecto debió aprobarlo Ana Botella pero se aplazó para que Aguirre lo sellase
El Ayuntamiento de Manuela Carmena tiene la llave y, aunque el Ministerio de Fomento está presionando, la entidad que preside Francisco González no acepta recortar a la baja el proyecto aprobado por el anterior Consistorio.
Desde el propio partido del PP, se está cargando toda la culpa de esta situación a la anterior alcaldesa de Madrid, Ana Botella, que, a última hora, no se atrevió a dar el sí definitivo al proyecto y dejar la decisión para la nueva corporación municipal que saliera de las elecciones del 24 de mayo de 2015. La ex alcaldesa quiso eludir posibles responsabilidades futuras y que fuera la nueva corporación municipal del PP quien cargase con la aprobación del macroproyecto de la zona norte de Madrid. Otras fuentes admiten que se prefirió aplazar el proyecto para que Esperanza Aguirre fuera quien estampase la firma.
Posteriormente, el resultado electoral cambió radicalmente la situación y, en contra de lo previsto, el PP ganó las elecciones pero no alcanzó la mayoría absoluta y Ahora Madrid se hizo con el mando, gracias al apoyo del PSOE. Fuentes del PP reconocen que la Operación Chamartín podría haber sido aprobada antes de las elecciones de 2015 si Ana Botella se hubiera decidido a convocar un pleno extraordinario para su aprobación una vez que el plan había pasado todos los trámites urbanísticos.
Botella se había comprometido a sacarlo adelante antes de las elecciones del día 24 de mayo pero no fue así. De hecho, Botella había anunciado que todos los trámites administrativos relativos a la aprobación del nuevo plan parcial urbanístico como su aprobación por el gobierno regional estarían listos antes de las elecciones municipales, de modo que las obras pudieran arrancar a finales de 2015.
El equipo de la alcaldesa había concluido todos los trámites administrativos y sólo estaba pendiente de contestar las 1.800 alegaciones de vecinos y asociaciones. Hay que admitir en su descargo que ninguno de los grupos de la oposición apoyó a la edil madrileña para celebrar un pleno extraordinario. Ante tal imposibilidad, el Ayuntamiento desistió en el empeño y optó por dejar su aprobación para la nueva Corporación.
Aguirre prefería ser la protagonista
Otras fuentes consultadas admiten, en cambio, que la propia candidata del PP Esperanza Aguirre prefirió entonces que el proyecto se aplazase para después de las elecciones autonómicas y municipales y que fuera ella y no Ana Botella quien se llevase el éxito de la aprobación definitiva.
Desde el PP se considera ahora que faltó decisión a la ex alcaldesa Ana Botella y sobró convicción dentro del propio partido de que las elecciones municipales las ganaría de calle su candidata Esperanza Aguirre y que Podemos y Ahora Madrid se pegarían un castañazo. El resultado final fue al contrario y los socios de Distrito Castellana Norte se encuentran ahora vagando y tratando de convencer al nuevo Ayuntamiento para que el proyecto inicial se mantenga en su gran parte.
Y es que, la irrupción de Ahora Madrid y de su actual alcaldesa Manuela Carmena en la Corporación madrileña dio al traste con todo. La nueva edil y su equipo enterraron el plan nada más aterrizar en el edificio de Correos gracias al apoyo del PSOE pese al voto en contra de PP y Ciudadanos. La alternativa que ofrece el nuevo equipo municipal a la idea inicial reduce considerablemente el proyecto inicial en cuento al número de viviendas y recorta drásticamente las infraestructuras previstas.
Muchas partes afectadas
Pero no sólo BBVA y Constructora San José, dueños de la empresa Distrito Castellana Norte pueden salir trasquilados, Adif y Renfe, propietarios de la mayor parte de los terrenos, también salen gravemente perjudicados de no salir adelante el proyecto. De ahí el interés del actual ministro de Fomento, Íñigo de la Serna, porque la Operación Chamartín vaya a buen puerto.
El administrador de infraestructuras Adif junto con Renfe serían los principales afectados si no reciben los 1.250 millones de euros que BBVA debe abonar por los terrenos adquiridos en los años 90 a la compañía ferroviaria.
De no ir a buen puerto el proyecto, la empresa Constructora San José lo tendría también muy complicado. La compañía ha estado al borde de la quiebra y un nuevo varapalo sería un golpe mortal para la misma.
La entidad que preside Francisco González obtuvo por concurso público una parte de las 320 hectáreas sobre las que se instalará lo que sería la mayor operación urbanística realizada en los últimos años en Madrid. En la firma del contrato, el banco se comprometía abonar dicha cifra cuando la ejecución del proyecto obtuviera la luz verde. Este compromiso se habría cumplido de facto una vez que la Corporación madrileña hubiera aprobado el plan parcial y que el proyecto en sí hubiera sido respaldado por todo el Consistorio.
Continuos aplazamientos
La Operación Chamartín se ideó en 1993, pero la falta de consenso entonces entre el Gobierno, la Comunidad de Madrid y el Ayuntamiento mantuvo bloqueado el proyecto hasta diciembre de 2008. Posteriormente, el Plan Urbanístico de 2011 intentó relanzarlo nuevamente pero éste fue recurrido y no fue hasta enero de 2015 cuando vio nuevamente la luz tras sufrir algunos cambios en el proyecto inicial.
De no salir adelante el plan, generará graves conflictos jurídicos razón por la cual a ninguna de las partes le interesa -Ayuntamiento, BBVA, Constructora San José y Ministerio de Fomento- que el problema se enroque en los tribunales. Las partes afectadas, incluido el Ministerio de Fomento, tienen recurrido ante los tribunales el veto de Carmena y su equipo a la Operación Chamartín. El propio concejal de Urbanismo, José Manuel Calvo, ha reconocido días pasados que el Ayuntamiento está haciendo grandes esfuerzos para desbloquear el tema. De hecho, se ha establecido una comisión tripartita para estudiar posibles alternativas.
La inversión del proyecto asciende a 5.947 millones de euros, de los que 4.800 millones serán aportados por Distrito Castellana Norte. De esta cantidad, 3.500 millones se destinarían a edificaciones y 1.300 millones a infraestructuras. Los 1.150 millones restantes correrán a cargo de las administraciones para inversiones en equipamientos públicos (centros de salud, centros culturales, sociales, bibliotecas y centros deportivos).
El proyecto inicial supone también ampliar la Castellana madrileña en 3,7 kilómetros, la construcción de más de 17.000 viviendas (unas 1.800 protegidas) y una zona de negocios con varios rascacielos. Pero lo más importante es el nivel de empleo que puede generar. Se prevé crear unos 120.000 puestos de trabajo.