El siniestro de O Porriño del pasado 9 de septiembre, con cuatro muertos, es el primero en el que se da voz a los afectados tras la crítica de la UE al Gobierno por obviar a las víctimas de Angrois

España tardó diez años en aplicar la normativa europea, pero la matiza incluyendo un plazo de 21 días para que los afectados muestren su interés en personarse

Web de la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios (CIAF) con el proceso para que las víctimas participen

Las víctimas de accidentes de tren ya pueden tener acceso directo y opinar sobre las investigaciones oficiales de los siniestros que realiza la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios (CIAF) del Ministerio de Fomento. Así lo obliga una directiva europea de 2004, que el Estado español no traspuso completamente a la normativa estatal hasta 2014, diez años después. Esto provocó duras críticas de la UE al Gobierno central por cómo los investigadores de Fomento dieron de lado a las víctimas del accidente de tren de Angrois, en Santiago, en el que el 24 de julio de 2013 murieron 80 personas y 144 resultaron heridas. El accidente de tren de O Porriño (Pontevedra), en el que el pasado 9 de septiembre murieron cuatro personas y otras 48 resultaron heridas, es el primero con daños personales en el que se abrió la posibilidad de que las víctimas participen en la investigación. Sin embargo, los afectados tienen que comunicar de manera activa que quieren participar en el proceso en un plazo de 21 días desde que la CIAF informa su web. En el caso de O Porriño, nadie lo hizo.

La  Directiva europea 2004/49/CE dice que la investigación técnica de los accidentes ferroviarios debe realizarla un organismo independiente del Gobierno "con la mayor apertura posible, oyendo a todas las partes y compartiendo los resultados. Se informará periódicamente de la investigación y de sus avances [entre otros] a las víctimas y a sus parientes [...] y se les brindará, siempre que sea factible, la oportunidad de exponer sus opiniones y puntos de vista durante la investigación y la posibilidad de hacer observaciones". La norma europea nada dice de plazos para esa participación de las víctimas.

Esa Directiva de 2004 no fue traspuesta por completo a la normativa española hasta diez años después, a través del Real Decreto 623/2014, de 18 de julio, en el que se recoge un planteamiento similar con el añadido de que, en caso de que haya abiertas también diligencias judiciales, esa participación de los afectados quedará supeditada "a lo establecido en la legislación procesal". La norma española añade también un plazo de 15 días para realizar alegaciones a la investigación, pero nada dice de ningún plazo para previamente tener que personarse como afectado.

En el accidente de tren de Santiago, ocurrido antes de la transposición de la normativa europea a la española, la CIAF no facilitó la participación de las víctimas en su investigación. En ella concluyó que el maquinista del tren Alvia había sido el único responsable del descarrilamiento a pesar de las decisiones de Adif, la empresa pública gestora del AVE Ourense-Santiago, de reducir su seguridad, algo con lo que no están de acuerdo las víctimas.

La Agencia Ferroviaria Europea, en un duro informe hecho público el pasado julio, criticó que la CIAF no diese voz a las víctimas de Santiago y que se limitase a culpar el maquinista sin analizar los defectos de seguridad de la línea. La UE también certificó que la investigación de la CIAF no era independiente ya que sus miembros habían sido nombrados discrecionalmente por Fomento. En 2014, tras la transposición de la normativa comunitaria, los miembros de la CIAF pasaron a tener que contar con el visto bueno del Congreso para garantizar su independencia del Gobierno. Y ahora, después de las críticas de la UE por no dar voz a las víctimas de Santiago, la CIAF acaba de cambiar su proceder en sus investigaciones.

El primer siniestro ferroviario con daños personales tras la divulgación en julio del informe europeo sobre Angrois fue el de O Porriño del pasado 9 de septiembre, en el que murieron cuatro personas y 48 resultaron heridas, después de que un tren Vigo-Oporto que circulaba a 120 kilómetros por hora fuese desviado a una vía secundaria en la que no podía superar los 30 sin que el maquinista frenase, desconociéndose aún los motivos.

Mes y medio después del accidente, el pasado 25 de octubre  la CIAF publicó en el apartado de su web dedicado a sus investigaciones en curso la apertura de un plazo para que las víctimas mostrasen su interés por participar: "Aquellas personas y entidades que se consideren que pueden estar incluidas en alguno de los colectivos [a los que la directiva europea pide dar voz] y estén interesados en tener acceso a información relativa sobre los hechos acaecidos y las investigaciones efectuadas, disponen de 21 días naturales para registrarse como tales a partir de la fecha de publicación". Y facilita una dirección de correo electrónico en la que hacerlo. La CIAF también indica que la información será facilitada cuando avance la investigación y que se abrirá un nuevo plazo "de quince días hábiles para que, en su caso, se formulen observaciones al respecto".

Este diario preguntó directamente a la CIAF, que se presenta ahora como independiente de Fomento, si la apertura de ese plazo en su web estuvo acompañada de algún contacto directo y activo con las víctimas o sus representantes y si alguien se ha acogido efectivamente a esa posibilidad en el caso del accidente de O Porriño. La respuesta íntegra de la CIAF es la siguiente: "Ninguna víctima se ha personado en la investigación de la CIAF del accidente de Porriño del 9 de septiembre de 2016, no habiendo existido por el momento ningún contacto entre las víctimas o sus representantes y la CIAF. No obstante, desde esta comisión se solicitaron los datos de las víctimas y resto de viajeros con el fin de poder contactar con las mismas.”

Al margen de las investigaciones técnicas, en los accidentes de Angrois y O Porriño hay investigaciones judiciales abiertas. En el caso del siniestro de Santiago, la Audiencia Provincial de A Coruña, que también calificó a la CIAF como no independiente en su investigación sobre Angrois, pidió que se determinase mejor  si Adif analizó correctamente el riesgo que suponían sus decisiones de reducir la seguridad en el AVE Ourense-Santiago y derivar toda la responsabilidad en el maquinista.