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7 noviembre 2016
Fomento abre una inspección a Feve por cancelar un centenar de trenes en verano
El tren por la costa fue uno de los afectados por las supresiones del verano. / JUAN GARCÍA LLACA
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La operadora asegura al ministerio que «en todos los casos» ofreció a los afectados un taxi o autobús. «Es una mentira muy grave», opone la Unión de Consumidores
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RAMÓN MUÑIZ
- GIJÓN
Feve -hoy una división dentro de Renfe- canceló un centenar largo de trenes de cercanías en Asturias entre junio y julio pasados. La medida desató la indignación de clientes, alcaldes, sindicatos y Gobierno regional, aunque fue la Unión de Consumidores de España (UCE) la que dio un paso más: denunció los hechos ante el Ministerio de Fomento. Su reclamación ha obligado a la Dirección General de Transporte Terrestre a abrir un proceso de inspección. Este departamento es el encargado de supervisar que todas las empresas públicas y privadas cumplan las condiciones que tienen estipuladas para prestar el tráfico de pasajeros.
CRONOLOGÍA
18 de junio: ocho trenes cancelados en la línea Gijón-Avilés.
20 de junio: se repite el problema.
22 de junio: la situación empeora, con once supresiones al mediodía.
30 de junio: tres maquinistas se jubilan, lo que se suma a los seis del mes anterior. Hubo 40 supresiones en cuatro líneas.
1 de julio: Renfe promete soluciones, pide tiempo y anuncia que avisará de los problemas.
8 de julio: el presidente de Renfe visita Asturias y anuncia 15 maquinistas de refuerzo, retraso de vacaciones al resto e inversiones.
En el caso de Feve, lo que se verificará es si el operador se ajustó en todo momento a las obligaciones que desde 2010 el ministerio exige en los servicios públicos. El acatamiento de estos requisitos es el que permite a Renfe acceder al presupuesto público para compensar sus pérdidas.
La empresa ya entregó un primer informe a la Dirección General dando su versión de lo sucedido. En él ciñe las cancelaciones sufridas en Asturias al mes de junio y asegura que «en todos los casos Renfe ha garantizado la movilidad de los viajeros mediante transportes alternativos por carretera, ya sea en autobús o taxi». La versión contrasta con la realidad descrita por los afectados y la propia UCE.
«Es una tomadura de pelo porque ocurrió todo lo contrario», manifiesta Dacio Alonso, presidente de la organización. «La gente quedó tirada por las estaciones, varias jornadas, sin que se adoptase ninguna medida alternativa, lo que constituye una negligencia porque con el pasar de los días la empresa sabía dónde iba a tener problemas y no daba información», abunda.
El enfado llegó al punto de obligar al presidente de Renfe, Pablo Vázquez, a dar explicaciones en el ministerio y desplazarse hasta Asturias, donde se comprometió a reforzar la plantilla de maquinistas y de mantenimiento, además de invertir en mejorar los trenes. «Desde entonces sí hay autobuses preparados para atender las cancelaciones desde Oviedo, Gijón y Avilés», reconoce el presidente de la UCE.
El informe de Renfe para el ministerio atribuye el origen de las supresiones a «la coincidencia de un periodo de conflictividad laboral con un incremento del absentismo y del número de maquinistas declarados no aptos según la nueva Orden Ministerial». La protesta laboral se solventó en realidad semanas antes. Sí hubo conductores que no pasaron los nuevos exámenes para transportar pasajeros, más exigentes, pero la versión oficial omite sin embargo otro dato fundamental. Tras el ERE de 2014, Renfe aplicó este año un plan de bajas incentivadas, al que se han acogido 19 maquinistas de la base asturiana. De ellos once se fueron desvinculando en fechas posteriores al 30 de abril, tal y como comunicaron por anticipado.
«Renfe está mintiendo deliberadamente al ministerio», sostiene Dacio Alonso. El presidente de la UCE recuerda cómo en 2008 Fomento abrió un expediente sancionador a la concesionaria Aucalsa, después de que 1.260 vehículos quedaran atrapados en la autopista del Huerna en mitad de un temporal de nieve de los que fueron rescatados por el ejército. A pesar de los informes recabados y de la propuesta de castigo recibida, tras años de tramitación el ministerio dio por buenas las tesis de la empresa, según las cuales todo se debió a «una situación excepcional», y archivó el asunto.
«Sabemos que las inspecciones pueden acabar así, pero si ya empiezan con un informe que engaña al ministerio, mucho nos tememos que estemos ante una tomadura de pelo a los asturianos», advierte Dacio Alonso.
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