10/10/2016 08:17

Quienes saquearon los fondos que el Estado destinó a las obras del AVE entre el sur de la provincia de Alicante y Murcia, tenían claro que estar a buenas con las comunidades de regantes de la zona afectada por los trabajos era fundamentalpara que prosperara lo que iba a convertirse en un negocio redondo si no llega a ser por la pericia de la Agencia Tributaria. Tanto es así, que reservaron al colectivo una parte del dinero presuntamente desviado y le construyeron una nueva sede que costó 360.673 euros, según revela el sumario al que ha tenido acceso EL MUNDO.

La investigación cifra en 18 millones las cantidades supuestamente distraídas a través de facturaciones millonarias por servicios no prestados en las que participaron las grandes adjudicatarias entre ellas Hormigones Martínez SL, una compañía a la que Anticorrupción, en el marco del 'caso Gürtel', acusa de financiar al PP de la Comunidad Valenciana a cambio de adjudicaciones, tal como publicó ayer este periódico.

La trama, precisan las actuaciones, pagó las obras de la nueva sede de la Comunidad de Regantes San Felipe Neri (CRSFN), un organismo que junto al Juzgado Privativo de Aguas de Orihuela (JPAO) decidía quienes se iban a encargar de recolocar el laberinto de canales de riego tras los trabajos de construcción del trazado. Fueron estos trabajos menores el eje del descomunal desfalco. La construcción de la infraestructura costó 360.673 euros, tal como consta en la contabilidad del colectivo del año 2014 incorporada a las actuaciones.

El Equipo de Delincuencia Económica de la Guardia Civil sospecha que fue un premio a cambio de que los regantes impusieran a las grandes adjudicatarias la subcontrata de la empresa elegida por la trama para canalizar la supuesta malversación que investiga una juez de Murcia. De hecho, en el concepto de esta cantidad de los apuntes contables de la CRSFN puede leerse «compensación obras AVE».

Pero la trama liderada por el ingeniero del Juzgado de Aguas de Orihuela, José Manuel Fernández Pujante -acusado de meterse en el bolsillo siete millones de dinero público-, no se quedó ahí. También corrió con los gastos, revela el sumario,del acondicionamiento del edificio, incluidos los muebles. Todo ello ascendió a 50.000 euros.

El presidente de la CRSFN, Emiliano Riquelme, así lo relató a los investigadores y así queda recogido en el sumario. «El mobiliario de la sede lo compró la Comunidad de Regantes San Felipe Neri con un dinero facilitado por el ingeniero Pujante mediante entrega de un talón de unos 50.000 euros». El ingeniero creó una sociedad inmobiliaria, Liberitas Desarrollos Inmobiliarios SL, y consiguió que el propio Juzgado de Agua del que formaba parte la contratara para gestionar las reparaciones de las acequias que, en teoría, iban a quedar afectadas por las obras.

De hecho, en las actuaciones consta que fue esta compañía la que se hizo cargo de levantar la nueva sede de los regantes y que, posteriormente, emitió una factura «sin sello ni firma».

Fernández Pujante lo había previsto todo. Incluso logró la manga ancha de un alto cargo de Adif. Negoció con las grandes constructoras del AVE ( Acciona, Sacyr, Dragados y Constructora San José) para conseguir que fuera una pequeña empresa familiar, Obras Marimar SL, la que se quedara con la contrata de los arreglos de las canalizaciones. Fue precisamente esto lo que puso en alerta a Hacienda, desde donde empezó a tirar del hilo.

La operación comenzó en 2014 al advertir la Agencia Tributaria que las adjudicatarias de la alta velocidad subcontrataban con la misma empresa los trabajos de canalización del agua. El dinero desviado procedía de unospresupuestos que se inflaban. Es decir, de obras que no se realizaban, se facturaban y que, según investigación, nunca se hicieron.