Con frecuencia los contratos de obras públicas sufren modificados sobre la licitación inicial, que elevan el gasto de forma inesperada. Como modificado se conoce el cambio en un contrato que se hace a lo largo de su desarrollo. El problema es que en muchas ocasiones no existe una justificación clara y las consecuencias son que se paralice y retrase la obra en curso llegando en casos a judicializarse.

Esa circunstancia, que según las sospechas responde a la intención de los adjudicatarios de asegurarse una obra con una foerta baja para luego elevarla, ha tensado las relaciones entre la Administración (normalmente el Ministerio de Fomento y sus satélites) y las empresas contratistas. Es una práctica que, precisamente, se hace más habitual en periodo electoral.

Ante eso, Fomento, a través del Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif), ha planteado un cambio en la legislación de la contratación. En una carta de su presidente, Gonzalo Ferre, enviada el pasado mes de marzo al director general del Patrimonio del Estado, Juan Antonio Martínez Menéndez, y remitida en copia al presidente del Tribunal de Cuentas, Ramón Álvarez de Miranda García, y al Interventor General de la Administración del Estado, José Carlos Alcalde Hernández, solicita que se permita que la Administración Pública, bajo la tutela del Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales, “pueda proponer la rescisión de un contrato, con incautación de fianza si procede y la adjudicación automática al que quedó en la posición siguiente” al adjudicatario.

“En los últimos años venimos recibiendo ofertas con reducciones significativas de los precios de licitación y últimamente nos estamos encontrando con actitudes de nuestros proveedores que podrían hacer pensar que no están dispuestos a cumplir las ofertas que hicieron”, comienza Ferre la misiva. Y continúa: “La legislación de contratos actual no permite rescindir de forma rápida estos contratos y está dificultando que nuestros servicios puedan llegar a los ciudadanos”. Para después pasar a plantear su solicitud.

Según Adif, el procedimiento que propone “permitiría convivir el interés porque los servicios cuesten a los contribuyentes lo mínimo posible y el de la contratación pública goce de la máxima transparencia, junto al de la eficacia en la prestación de los servicios públicos”. A eso añade “la certeza de que de forma rápida se puede conseguir por la Administración el cumplimiento de las ofertas presentadas, hará sin duda que las empresas aseguren su capacidad para hacer frente a las mismas y que la competencia entre ellas sea más leal de lo que lo pueda ser hoy en día”.

En la última reforma que se hizo, tanto Adif como el Ministerio de Fomento intentaron introducir cambios sin ningún éxito. No obstante, en esa reforma se limitó al 10% los modificados y se cambió el peso de la oferta técnica y la económica, pasando del 50%/50% al 25/75%, respectivamente. De esta forma, se trata de dar mayor preponderancia a un hecho objetivo como es la oferta económica sobre otro más arbitrario como es el técnico. Ahora, Fomento propone que “si fuera necesario este procedimiento exprés se podría limitar a contratos adjudicados con bajas significativas, superiores al 20%”.

La propuesta de Ferre,  que también supone ajustarse a la trasposición de directivas, ha sido recibida de forma positiva por los organismos a los que se dirigía y que tienen capacidad de abrir debate y mejorar la ley, según fuentes sectoriales. Sin embargo, las esperanzas de que prospere en este periodo electoral son bastantes bajas, por no decir nulas. lo que queda en evidencia es que la legislación necesita un meneo desde hace tiempo para acabar con unas prácticas en las que han estado involucrados sector y Administración.

En la actualidad, Adif tiene en torno a una veintena de contratos parados por solicitud de modificado y que no se pueden poner en marcha mientras no se resuelvan las disputas. Con la propuesta de cambio de la Ley de Contratos del Estado, se trata precisamente de evitar los retrasos y de permitir que se resuelvan pronto las diferencias cuando las haya. Es decir, sacar de la judicialización los temas, que lo único que hacen es retrasar la obra. Y, en consecuencia, lograr que los modificados se ajusten a procesos muy limitados, que sean sobrevenidos sobre las previsioens iniciales del proyecto y obliguen a corregirlo y no por subir una oferta intencionadamente baja para ganar el contrato y luego subirla.

El planteamiento se ha debatido en el seno del sector, que en los últimos tiempos atraviesa relaciones tensas como consencuencia de la falta de demanda y los recientes recortes en los Presupuestos del Estado. Desde las patronales y asociaciones (CNC, ANCI, Seopan…) se ha puesto en cuestión más de una vez el sistema español y se ha trabajado en la búsqueda de un sistema más eficaz y vinculante.