En Estados Unidos ya habrían convertido a Antonio Martín García en guión de una película. La tenacidad de un servidor público, arrinconado desde hace 30 años en el organismo municipal donde trabaja porque no comulgaba con las prácticas especulativas ni con las arbitrariedades políticas y administrativas, logra que todos los partidos se pongan de acuerdo para aprobar, el pasado 27 de noviembre, en sesión plenaria y por unanimidad, una moción para reclamar que el Estado, la Junta, Renfe y Adif compensen a la ciudad por el indebido uso patrimonial de 359.989 metros cuadrados de suelo vinculado a la transformación de la red ferroviaria en Sevilla antes de la Expo’92. La moción cifra en 443 millones de euros el perjuicio económico causado a la ciudad. Si les sirve de referencia, la construcción de la única línea de Metro costó 730 millones de euros, según la Cámara de Cuentas de Andalucía. En caso de que el Ayuntamiento lograra esos 443 millones, podría hacerse casi toda la Línea 2 del Metro sin recurrir a otras partidas presupuestarias.

Antonio Martín García no es un héroe. Es un empleado público. Nació hace 61 años en Arahal. Hijo único de padre obrero agrícola y madre empleada en un almacén de aceituna. No había antecedentes en su familia de persona alguna que hubiera estudiado. En su adolescencia, trabajaba mañana y tarde en el campo, y por las noches estudiaba el Bachillerato. “Como otros chavales del pueblo, ahí pude engancharme a la cultura y a la formación”. Desde entonces, siempre ha compaginado el trabajo con el estudio. Hizo en Sevilla la carrera de Geografía e Historia a la par que laboraba en la gestoría administrativa para empresas de quien era gerente de la Universidad de Sevilla, Manuel Pérez González. Después estuvo en el servicio militar y aprovechó el tiempo para leer toda la literatura buena que pudo reunir: Kafka, Antonio Machado,... Y, muchos años después, ha realizado la carrera de Derecho. Su esposa es bibliotecaria en la Hispalense. Tienen dos hijos, ambos han estudiado en la Olavide la carrera conjunta de Derecho y Empresa, uno trabaja para Amazon en Lille (Francia) y el otro en un despacho de abogados y economistas en Sevilla. Vive en el centro, muy cerca del Museo de Bellas Artes.

Fruto de sus investigaciones sobre los suelos de Sevilla (titularidad, cesiones, expropiaciones, compraventas, plusvalías, etc.) ha publicado ‘Desamortización de vías pecuarias en Sevilla, entre 1945 y 1970’ y ‘Los suelos ferroviarios de Sevilla: saqueo de la ciudad’. En este último asevera, con profusión de documentos, que “por autonegación de derechos y/o expresiva desidia, se traspasaron indebidamente plusvalías especulativas a Renfe en 68 hectáreas de suelo edificable, y en 16 hectáreas a la Junta de Andalucía”.

-¿Cabe denominarla la ‘deuda histórica’ con Sevilla?

-Es una de ellas. El Estado central tiene ingentes deudas con Sevilla. La Junta de Andalucía menos, porque es una administración más reciente. Sevilla siempre ha ofrecido al Estado la ciudad y éste ha sido el gran hacedor de Sevilla. Pero lo ha sido sirviéndose de ella y utilizándola como fuente de ingresos para el propio Estado y financiar servicios estatales que se prestan en Madrid. Una de las claves del futuro de Sevilla es cambiar esas reglas del juego. Si no cambia la forma de relacionarse con la Junta de Andalucía y con el Estado, será siempre una ciudad dependiente y de segundo o tercer nivel. Sevilla tiene que ponerse seria, rigurosa y firme para que se le dé lo que es de ella. Sevilla ha pagado siempre muchísimo más que lo que le corresponde.

-¿Cómo empezó a trabajar en el planeamiento urbanístico?

-En el primer Ayuntamiento democrático, tras las elecciones de 1979, Víctor Pérez Escolano, como delegado de Urbanismo, creó un gabinete de planeamiento, fue el germen de la Gerencia Municipàl de Urbanismo. Incorporó a geógrafos, economistas, arquitectos,... Había personas muy valiosas por su profesionalidad y su entrega: Juan Ruesga, Alberto Balbontín, Félix Sánchez Lanza, José García Tapial,... Fue un periodo apasionante, se trabajó mucho y bien, con gran ilusión y criterio. Cuando se convocaron oposiciones, en 1984, las saqué a la primera. Ya se estaba configurando la Gerencia como un organismo de gran peso en la gestión municipal. Y su crecimiento se intensificó muchísimo con la elaboración y ejecución del Plan General de Ordenación Urbana, aprobado en 1987.

-¿Tuvieron entonces la percepción de que Sevilla estaba recuperando el tiempo perdido?

-Casi todas las transformaciones que se han ejecutado en los años 80 formaban parte de los debates sobre los temas urbanos por parte de las personas más cultas de la Sevilla de los años 40. De hecho, el Plan de 1946 es un plan muy avanzado a su tiempo. Y muchos expertos defienden que la Ley del Suelo de 1946 es la mejor que hemos tenido. Resolver la articulación territorial interna, eliminar el dogal ferroviario, derribar los muros que aislaban a la ciudad respecto al río,... Del 87 al 92, al ser la Expo una operación de Estado, en Sevilla se hizo lo que llevaba medio siglo sin acometerse.

-¿Es usted de las personas que disfrutan investigando en archivos?

-Lo que más me gusta es estudiar e investigar. Creo que, tanto en mi ámbito, como en otros, hay un gran desconocimiento de la ciudad, que tiene sus propios tics, sus defectos. Hay conductas que son constantes en la historia de Sevilla. Hace falta que se anime más gente joven a investigar.

Quizá usted ha descubierto que la ciudad real está muy solapada por la ciudad imaginada.

Es muy difícil investigar y a la vez estar trabajando dentro de la Administración Pública con los asuntos del día a día. Es un gran déficit en la calidad de la gestión de las administraciones: no se dedica tiempo a reflexionar. Es decir, las personas que diseñan la ciudad, que la estudian, que la trabajan todos los días, que tienen que responder a los crecientes requerimientos de la ciudadanía, deberían tener también fijados en su calendario momentos para el análisis sosegado, para estudiar tendencias. Y la planificación no tiene que ser solamente toda de golpe cada siete, ocho o diez años con un Plan nuevo, sino que el frecuente debate y análisis de la información urbanística haría una ciudad más reconducible y que los errores no se consolidaran.

-¿Cuáles son esas constantes?

-Es una ciudad a la que no le gusta el control. No le gusta la planificación, ni la solidaridad, aunque ella misma se muestre muy solidaria. Es una ciudad muy propensa a querer sortear la legalidad. Es una ciudad donde el rentista tiene un peso importante. Mucha gente vive de las rentas del suelo, o de las rentas de sus pisos e inmuebles. La mayor riqueza que tiene Sevilla es ella misma. Porque siempre ha sido una ciudad dedicada a negociar con su suelo. Y no ha creído en su potencial de desarrollo.

-¿Eso significa que la economía de la ciudad se estanca sí o sí cuando no se puede convertir el suelo en liquidez y plusvalía?

-Es una ciudad que vive instalada en la dinámica del ir tirando día a día. ¿Tenemos que dejar pasar otros 50 años para avanzar? Los sevillanos deben creer en sí mismos. Pero desde el rigor, la competencia y el trabajo. En cambio, Sevilla ha tenido tendencia en no saber ni quién es ella misma. Por ejemplo, sigue sin saber cuáles son todos sus suelos. No están todos inventariados. Es una barbaridad porque el suelo no es solamente soporte para la actividad y el desarrollo: es patrimonio, es riqueza, es capacidad de endeudamiento de la ciudad. Si eres rico en patrimonio pero no lo sabes, o no te interesa saberlo, es de extrema gravedad esa actitud.

-Ponga un ejemplo de confusión sobre si la propiedad del suelo es pública o privada.

En todos los polígonos industriales de la ciudad. Sevilla todavía no sabe, dentro de cada polígono, qué es público y qué es privado. ¿Dónde están las zonas de equipamiento de los polígonos industriales? ¿Por qué no hay? ¿Por qué no se sabe qué viario es público y cuál es privado? ¿Por qué son zonas donde, realmente, no entra la disciplina urbanística pero sí entra la carga impositiva?.

Pensemos que los polígonos industriales suponen entre el 25 y el 35% de la superficie consolidada de Sevilla. Y son pequeñas ciudades sin ley. No entran aún los autobuses de transporte público, lo que obliga a que todo el mundo llegue en coche. Incluso está emergiendo sin control la construcción de viviendas dentro de los polígonos.

-¿Por qué fue orillado dentro de la Gerencia de Urbanismo?

-Los problemas comenzaron durante el mandato de Manuel del Valle, a raíz de un encargo para la nueva división de distritos de la ciudad. Se me pidió desde la Gerencia que asesorara a la delegación municipal que estaba llevando el tema, pues era la única persona dentro de la Gerencia que había estudiado las divisiones territoriales de Sevilla. Y, en realidad, se me exigió que diera el visto bueno a una división que ya estaba decidida de antemano por criterios de partido político. Yo me negué a darle el visto bueno de esa manera. El empleado público no puede perder nunca de vista que su referencia es la legalidad y el rigor, no la obediencia política. A consecuencia de eso, también con otros temas de tramitación administrativa bajo el mandato de otros alcaldes, he estado arrinconado. Pero he aprovechado el tiempo para mis tareas investigadoras y producir conocimiento e información para beneficio de la ciudad, que a fin de cuentas es la que me paga, más allá de quién esté siendo tu jefe en cada momento.

-¿Conoce a otras personas que se sientan objeto de ‘mobbing’?

-Ni soy el primer caso ni el último en la Gerencia de Urbanismo. También en la Junta de Andalucía y en otras administraciones públicas hay casos parecidos: personas desaprovechadas porque no están dispuestas a trabajar al dictado cuando ello atenta contra los intereses generales de la ciudad y contra la legalidad. No son personas intransigentes: solo quieren que se les respete y que no se les diga de antemano cómo tienen que ser sus informes.

-Imagino que habrá sentido satisfacción cuando todos los partidos han pactado y aprobado una moción gracias a su libro.

-Sí, porque trabajo en favor de la sociedad. Para aportar conocimiento y posibilidades que Sevilla debe aprovechar. Compensar a la ciudad por el gran perjuicio, en términos económicos y patrimoniales, de la gestión que se hizo deprisa y corriendo con los suelos ferroviarios para transformar Sevilla antes de la Expo’92.

-¿Cómo ha logrado tantos datos?

-He investigado en muchos archivos. No solo en Sevilla. Hubo un acopio importante de información que obtuve en Madrid en el archivo del Ministerio de Fomento. El enfoque de esta investigación ha sido pionero en España. Hasta ahora no se había estudiado así la relación entre la ciudad y las empresas del ferrocarril. Nunca se había explicado desde la ocupación de esos suelos por el ferrocarril. Abordar cómo se obtiene ese suelo y qué se hace con él cuando deja de ser ferrocarril, me llevó a dirigirme a una fuente poco estudiada: el manejo de las escrituras públicas de la obtención de esos suelos. Y manejé más de 200.

-¿Cuál es la clave?

-Ahí descubrimos la ingente capacidad patrimonial de suelo que tenía Sevilla. El Ayuntamiento fue uno de los propietarios que más dio al ferrocarril, del orden de casi 400.000 metros cuadrados. Y descubrimos cómo se ocultó información tanto en grandes acuerdos en el siglo XIX, cuando las compañías ferroviarias eran privadas, como en los efectuados en el siglo XX con Renfe en tanto que empresa estatal. Lo que se acordaba en el Pleno nada tiene que ver, en cantidad de terreno, con lo que se elevó a escritura pública. Esa es otra constante de la cultura urbanística sevillana... La ley de creación de Renfe, tras la guerra civil, también se incumplió en Sevilla. La ley fijaba que los suelos expropiados que no fueran necesarios para la explotación del ferrocarril se les devolvieran a sus primitivos propietarios: ayuntamientos, diputaciones, particulares... Eso no se hizo, entre otras cosas porque Sevilla no sabía lo que se había expropiado. Ha dejado escapar en los suelos ferroviarios más de 400 millones de euros.

-¿Y nadie se dio cuenta antes que usted?

-También he descubierto que lo que se ha pactado hace unas semanas en el Pleno municipal, ya se propuso y se acordó por unanimidad en 1931, en el primer Ayuntamiento del periodo republicano. Y aquel Ayuntamiento de 1931 empezó la negociación en Madrid para revertir los suelos. Y entonces no se había hecho un estudio tan amplio como el mío, no tenían conocimiento tan detallado de todo lo que se le usurpó a la ciudad. Ni siquiera los actuales concejales están haciendo algo nuevo. Están moralmente aún más obligados para llevarlo a cabo porque están en deuda con los políticos sevillanos de entonces.

-¿Cree que desde Moncloa, San Telmo, Renfe y Adif van a compensar a Sevilla?

-Mi intención no es buscarle la ruina a Renfe, Adif o Junta de Andalucía. El Estado de Derecho con el que nos hemos dotado es una gran herramienta para recomponer injusticias y entuertos sin causar cadáveres. Que, a lo largo de cinco o diez años, se recompense a la ciudad con inversiones que mejoren tanto a Sevilla como al ferrocarril.

-El ferrocarril más aplazado en Sevilla es subterráneo y se llama Metro...

-Sí, iniciar la construcción de la segunda línea del Metro. Pero también hay que mejorar la red de cercanías, y resolver tramos a cielo abierto que son un cuello de botella y causan a la ciudad problemas de articulación urbana y accidentes con riesgo de muerte. Hay mucha obra pendiente para que el ferrocarril se beneficie beneficiando a Sevilla, es lo que queremos. Es más: El reconocimiento de esa injusticia va a generar nuevos suelos que son nuevos yacimientos de patrimonio para llevar a cabo esos proyectos.

-¿Dónde están esos suelos?

-En la zona sur de Sevilla, desde Bellavista hasta Felipe II, hay mucho suelo que no es necesario hoy para el ferrocarril. Y puede ser puesto en carga para interés de la ciudad. Otro ejemplo: el gran anillo exterior ferroviario que se expropia a finales de los años 60 y principios de los 70, es de una anchura mayor de la que ocupa el trazado del ferrocarril norte-sur. La estación de La Negrilla tiene problemas de articulación para mejorar su rendimiento. Ahí hay que actuar. Esta ciudad no se puede permitir el lujo de esperar otros 60 y 70 años a que vengan de fuera a hacer lo que tenemos que hacer nosotros, que para eso conocemos mejor la ciudad.

-¿La Gerencia de Urbanismo está sobredimensionada en número de trabajadores?

-Llegamos a ser más de 500. Posiblemente demasiados. Pero en cualquier organismo son muchos o pocos en función de lo que mucho o poco que se les encomiende. Sevilla no ha tenido nunca del todo inventariado con precisión cuáles eran, en cada momento, los suelos de su propiedad. Es patrimonio de la ciudad. Y estando tan parada la gestión urbanística porque hay poca actividad inversora, tendría que haber más empleados de la Gerencia de Urbanismo dedicados a lo que yo hago. Por ejemplo, a ver en los archivos todo lo que se expropió cuando se acomete la gran reforma de la red arterial ferroviaria y analizar qué ha sucedido. Eso se podía haber hecho. Los culpables no son los empleados, sino quien no lo mandó hacer.

-¿Qué inercias habría que erradicar?

-Indico una: ¿Para qué vamos a hacer una expropiación a un particular si tenemos suelo público en desuso al lado del que vamos a expropiar?. Hágase la expropiación cuando no hay otra solución posible para el interés general. Pero no porque mi lápiz, y como tengo el lápiz tengo la patente de corso, lo manejo a mi gusto y lo dirijo por donde se me antoje.

-El lápiz del urbanismo ha hecho rico a mucha gente.

-Y también ha arruinado a otros. Y también ha generado mucho perjuicio a la sociedad, a los intereses generales. En esta sociedad la riqueza de algunos es siempre en detrimento de otros.

-En más de 30 años en la gestión urbanística, habrá visto de todo...

-Sí, desde mis primeros años en la Gerencia ya denuncié internamente algunas prácticas especulativas. Nunca he sido compatible con la mala práctica urbanística y el perjuicio a la colectividad. Eso me hace menos agradable para el político, menos cómodo. He advertido internamente en varias ocasiones que no se pueden hacer ciertas cosas de cualquier manera. Nos debemos a la legalidad. Mi conciencia está tranquila. Y soy una persona dispuesta siempre a dialogar y a admitir si me he podido equivocar. La corrupción política y económica que hemos sufrido no es posible sin la colaboración del empleado público. El político por sí solo no puede ejecutar una corrupción económica mediante el uso del patrimonio público. Eso es imposible. Requiere de colaboradores necesarios. Y esa colaboración necesaria, cuando se ha producido, se ha pagado bien promocionando a esas personas. Y también se ha castigado, bien laminando o persiguiendo o haciendo mala prensa del honor de la persona que no se pliega a la colaboración indebida. Eso es así.