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29 septiembre 2015

"Cada día sin el Corredor Mediterráneo, perdemos un tren en materia de competitividad"

María José Salvador, consellera de Vivienda, Obras Públicas y Vertebración del Territorio. (G.Lucas).

María José Salvador explica que ha vivido sus tres primeros meses al frente de la Conselleria de Vivienda, Obras Públicas y Vertebración del Territorio de la Generalitat Valenciana "con mucha intensidad y con mucha responsabilidad". Su elección no es casual. Licenciada en Derecho por la Universidad Jaime I (UJI) de Castellón, y con un postgrado en Política Internacional de la Universidad de Barcelona, Salvador tiene conocimientos y experiencia directa en sus ámbitos de actuación: ha formado parte de las comisiones de Obras Públicas y de Infraestructuras y Transporte de Las Cortes valencianas -donde ha sido diputada desde el año 2007- y, desde 2012 hasta su incorporación al Consell, fue secretaria de Vivienda de la Comisión Ejecutiva Nacional del PSPV-PSOE. (Puede leer la entrevista completa en la revistaelEconomista Comunitat Valenciana).

¿Cuál es el balance de los tres primeros meses en su nuevo cargo?

Han sido muy intensos. Desde el primer momento, estamos trabajando y tomando decisiones para resolver situaciones imperativas y de emergencia de la ciudadanía y con la impresión de que nos queda todo por hacer. En algunos casos, las soluciones no podrán ser todo lo rápidas que queremos, pero lo importante es comenzar. Más que un cambio de legislatura, estamos viviendo un cambio de ciclo, dejando atrás 20 años de gobierno del Partido Popular por un gobierno de progreso, esperado y demandado por los ciudadanos, como se visibilizó en las urnas el 24 de mayo.

Al asumir las riendas de la Conselleria, anunció que iba a realizar una auditoría de la situación real. ¿Qué ha revelado?

Nos encontramos en una situación de partida muy complicada desde el punto de vista económico, por la gestión desarrollada por los anteriores Gobiernos. Hay una importante deuda y muchos compromisos asumidos, que hacen que gran parte de los presupuestos de 2015 y 2016 estén hipotecados. Hemos descubierto unos 340 millones de euros en impagos de ayudas a compradores de vivienda y promotores y en obras de infraestructuras. A estas cantidades debemos sumar los 100 millones derivados de la Fórmula I que recaen en la sociedad pública Eige -Entidad de Infraestructuras de la Generalitat-, que nació para asumir las políticas de vivienda y se ve encadenada por este crédito, mientras tenemos un parque público de viviendas abandonado, con 700 pisos que necesitan reformas para poder ser ocupados y que requerirían de esos fondos.

El sector constructor pide que se le tenga en cuenta en las nuevas políticas. ¿Se le ve a apoyar?

Hemos crecido por encima de nuestras posibilidades y queremos centrarnos en la ciudad consolidada, con rehabilitaciones y mejoras de accesibilidad. La construcción tiene una segunda oportunidad en el ámbito de la construcción sostenible y la rehabilitación. Ésta crea tres puestos de trabajo por cada uno generado por la obra de nueva construcción. Hay un programa de Fondos Feder europeos para el periodo 2014-2020 de apoyo a la rehabilitación energética, desarrollo urbano sostenible y zonas urbanas degradadas. En 2014-2015, el PP perdió la posibilidad de acceder a esas ayudas, porque no las solicitó. Nosotros esperamos contar con unos 500 millones de euros de fondos europeos para el periodo 2016-2020, que la Generalitat Valenciana va a completar con otros 400 millones.

Una de las principales reivindicaciones del Consell es elevar la inversión estatal en infraestructuras. ¿Cómo se está abordando?

Solucionar el problema de infrafinanciación de la Comunidad y garantizar un volumen de inversiones en base a criterios de peso de la población son dos de nuestros objetivos prioritarios. El Congreso ha aprobado, con apoyo de todos los grupos presentes en Les Corts, tramitar la reforma del Estatut de Autonomía de la Comunitat Valenciana, para equiparar las inversiones en la región al volumen de población. Es un paso muy importante, tras 4 años de bloqueo, pero lo fundamental es que se traduzca en hechos. Aún estamos a tiempo de demostrarlo, en las enmiendas a los Presupuestos Generales del Estado. Pero me temo que el PP votará que no a las enmiendas. Desde que tomé posesión de mi cargo, me dirigí por escrito a la ministra de Fomento. He enviado dos cartas, pero aún no ha habido un encuentro.

Estamos pidiendo infraestructuras que son necesarias y fundamentales para la economía y el bienestar social de nuestros ciudadanos. La lista es casi interminable, si tenemos en cuenta el escaso volumen de inversiones de los últimos años, pero, sin duda, una de las principales reivindicaciones es el Corredor Mediterráneo, tal y como Europa lo concibe: ancho europeo y doble plataforma. El Eje Atlántico está recibiendo más financiación europea que el Corredor Mediterráneo y el Gobierno no hace nada. El tercer hilo era una solución provisional, que nos tememos que se convierta en definitiva. Y cada día que pasa, perdemos un tren en materia de competitividad, lo que afecta al tejido industrial y al empleo. Para 2016, sólo se han destinado 122 millones de euros para el tercer hilo, lo que es claramente insuficiente, por lo que es probable un retraso a 2018.

Hay muchos otros proyectos pendientes en el ámbito ferroviario, como el plan de Cercanías, el Tren de la Costa o la línea Sagunto-Teruel-Zaragoza, clave para la mejora de la conexión de Valencia con el Norte de España y con el Norte de Europa, y que también está en el cajón de las cuestiones abandonadas por el Ministerio de Fomento.

En carreteras, hay muchas cosas por hacer, pero una de las reivindicaciones básicas es la liberalización de la AP7 en diciembre de 2019; que no haya una prórroga de la concesión, para mejorar la competitividad de la red logística y la actividad de exportación e importación.

¿Se actuará también en la estrategia territorial autonómica?

La vertebración del territorio tiene que basarse en la sostenibilidad y nosotros no tenemos miedo a planificar, porque es fundamental, y lo vemos como una responsabilidad que corresponde a la Generalitat. La estrategia territorial se aprobó en 2011, cuando ya casi todo el suelo había sido explotado y recalificado, en la burbuja inmobiliaria. Vamos a definir una estrategia territorial que no sólo tenga caracter consultivo, sino que sea vinculante. Hemos aprendido del pasado lo que no tiene que volver a ser.

*Este texto es un breve extracto de la entrevista completa, que puede leer en el último número de la revista elEconomista Comunitat Valenciana