El Tribunal de Cuentas, al analizar los contratos estatales de 2012, halla sobrecostes injustificados de hasta el 18% en obras del AVE. El total del exceso pagado en obras de infraestructura abonados por Fomento supera los 70 millones.

Francisco Mercado

Un año más, el Tribunal de Cuentas ha vuelto a aflorar un reguero de contrataciones irregulares del Estado. Y esta vez es un ejercicio de completo mandato del PP: 2012. Los mismos excesos generados bajo gobierno socialista en áreas de fuerte inversión, como son las obras ferroviarias, se han reproducido. El Tribunal de Cuentas reprueba los sobrecostes de hasta un 18% de una serie de contratos del AVE que no ve en modo alguno justificados.

Pero también censura el rechazo de algunos ministerios a aceptar rebajas en las ofertas de un 10%, pese al ahorro que supondrían; denuncia la falta de justificación de múltiples externalizaciones de servicios que bien podrían hacerse con personal propio y critica la opacidad que preside excesivos contratos.

Paradójicamente, el tribunal practica igual hermetismo y elude, en pleno éxtasis político de la transparencia, identificar al contratista sospechoso de irregularidades. Sólo da un número de expediente interno lo que impide conocer quién es ese amable constructor al que, tras años de retraso, además se le regala un contrato adicional para rematar una obra fuera de todo plazo y en la que pretexta unos problemas de última hora para cobrar más. Por grave que sea el legal desfalco, el tribunal nos hurta el nombre. Alguien ha matado a alguien.

La suma de los sobrecostes en infraestructuras abonados por Fomento (más de 70 millones) y del hipótetico ahorro perdido por no aceptar rebajas inferiores al 10% en las ofertas por algunos ministerios (otros 70 millones) daría para abonar los gastos de todos los contratos de varios ministerios.

Los detalles de algunos de los enriquecidos contratos ferroviarios adjudicados por Adif (Administrador de Infraestructuras Ferroviarias), organismo dependiente de Fomento, son los siguientes:

-Tramo Colada de la Buena Vida (Ave a Murcia). El contrato principal fue adjudicado el 30 de enero de 2009 por 41,7 millones. El plazo de ejecución ha sido prorrogado dos veces hasta sumar 24 meses de retraso. Sin embargo, tuvo premio: el 26 de octubre de 2012 se le añadió un contrato por obras complementarias por otros 7,4  millones más. Esto suponía un 18% del precio del contrato principal. Y otros seis meses más de plazo para realizar la obra. Adif alegó que dio tal contrato al constructor ya contratado para "adelantar la solución a dos afecciones que el proyecto iba a causar en Beniel (Murcia) como eran la permeabilidad y los impactos acústicos".

El Tribunal de Cuentas desnuda tal argumentación. "No puede afirmarse que siendo obras necesarias, e incluso siendo necesario adelantarlas, se deban a una circunstancia sobrevenida e imprevista pues la existencia del núcleo urbano de Beniel ya se conocía al redactarse el proyecto". Beniel no era la Atlántida. Estaba en el mapa. Nadie lo puso ahí para que el constructor chocara con el pueblo. ¿Qué hace ahí Beniel? Y, por ello, no ve razonable que el mismo contratista cope el proyecto y su posterior corrección. A juicio de los auditores, no está justificada la adjudicación directa de tal contrato bis.

-Tramo Ponts-Borrasa (AVE a Francia). El contrato principal fue adjudicado el 29 de junio de 2007 por 23,5 millones. Fue prorrogado tres veces hasta sumar 18 meses adicionales. Casi igual duración que el plazo de ejecución inicial: 20 meses. Pero doblar el tiempo pactado aquí también tuvo una distinción: el 16 de julio de 2012 se le contrata por otros 4,2 millones, un 18% del precio inicial, y otros 12 meses para acabar la obra. Adif alegó que había que ejecutar obras complementarias como estabilizar la ribera del río Fluviá o rehabilitación de viales. El Tribunal de Cuentas es meridiano: no ve por qué tales obras son inseparables del contrato inicial ni por qué son necesarias para su perfeccionamiento.

-Tramo Arrazúa/Ubarrundia (AVE de Euskadi): El contrato inicial fue aprobado en 2007 por 19 millones. Cinco años después, se firmó un contrato extra el 2 de junio de 2012 por 2,2 millones. Tal mordida suponía un 16% del monto del contrato inicial y otros tres meses extra para rematar la obra. Adif alegó que, oh sorpresa, el proyecto exigía unas voladuras especiales porque, cinco años después, habían descubierto que la AP1 y una línea eléctrica estaban cerca de la obra. ¿Quién ha dejado ahí una autopista? Pero el Tribunal de Cuentas, que nuevamente parece manejar mejores mapas, afirma que esas "circunstancias ya eran conocidas cuando se aprobó el proyecto".

Sólo estos tres tramos suponen 13,8 millones de sobrecostes injustificados, especialmente cuando se abonan a un constructor tan lento como torpe. Es una cifra lacerantemente cercana a lo gastado con las tarjetas black de Caja Madrid, 15,5 millones. Pero este dato ferroviario no será un escándalo. Es una gota en un mar de descontrol del gasto.  Y lo afloran unos funcionarios a los que se cuestiona por su sospechoso parentesco como si eso fuera la clave de la escasa repercusión de sus demoledores informes. Unos peritos que miden perfectamente la eficacia o ineficacia de cada ministerio al gastar el dinero público. Pero sus titulares nunca son premiados o destituidos por tal radiografía de su rigor y transparencia.

Sólo estos tres tramos suponen 13,8 millones de sobrecostes injustificados, especialmente cuando se abonan a un constructor tan lento como torpe.

Y salpica a todos los ministerios, empezando por la Presidencia, cuna de la guerra por la transparencia.  Porque bien está que el CNI envuelva en una notable opacidad los 116 contratos que suscribió por valor de 12,4 millones. Pero cuando firma que el contrato puede cobrarse antes de haberse ejecutado "podría dar lugar a la realización de pagos sin respetarse la regla del servicio hecho". Y eso no parece muy conforme con "los principios de eficacia y de eficiencia en la utilización de fondos públicos".

En otro caso, se contrata continuadamente a un servicio que prestaban ocho personas, si bien el CNI les daba todo su material y asumía su dirección. La reflexión del Tribunal de Cuentas es obvia: un centro que se denomina de inteligencia debería "examinar la posibilidad de realizar con medios propios las actividades objeto de contratación y proceder a valorar el ahorro que ello supondría en los gastos de la propia entidad".

Todos los contratos fueron realizados sin publicidad. Y sobre el precio todo eran vaguedades: "se señalaba que sería objeto de negociación la fijación de los precios y los demás aspectos técnicos, que no se precisaba, indicando que esta negociación se realizaba de forma abierta". En ocasiones, no se justificó el carácter secreto del servicio, pero, sin embargo, se alegó que sólo había un único proveedor y, por ello, logró el contrato. En este vicio incurre otro organismo hermano en tales secretismos, Interior, que en repetidas ocasiones alega que sólo hay único posible contratista pero no explica por qué. Y comparte igualmente la ineficacia de externalizar servicios sin justificar la incapacidad para hacerlo con sus propios funcionarios.

Hay un error común en el que incurren ministerios como Asuntos Exteriores. Consideran baja temeraria toda oferta que sea un 10% inferior a la media. "La previsión establecida en este pliego desincentiva de manera injustificada la presentación de ofertas bajas". Si se evitase tal norma, el gasto total de este ministerio podría reducirse en 3,2 millones. No es una cifra menor, pese a ser un ministerio poco gastador. Equivale al pago de sus 29 expedientes de servicios fiscalizados.

Pero esta funesta manía de vetar bajas de más de un 10% tiene mayor repercusión cuando es un ministerio de amplio monedero como es Defensa: 671 millones de gasto en contratos. El ahorro hipotético sería de 67 millones. Tal chocolate del loro (militar, por supuesto) da para pagar todos los contratos de un departamento entero: Cultura (46,5 millones), Empleo (20,2 millones), Industria (13 millones), Agricultura (42,5 millones), Sanidad (24 millones)...

Pero tampoco le gustan a los auditores del Tribunal de Cuentas los excesos en las bajadas de precios. Y así censuran que en cuatro expedientes de Hacienda se detectó unas rebajas del precio de adjudicación igual o superior al 30% "lo que podría indicar que el cálculo del presupuesto de licitación se realizó sin ajustarse a los precios de mercado". Y señalan como incidencias contractuales en Hacienda las prórrogas por valor de 23,4 millones y esos modificados por valor de 41 millones.

Y en este capítulo no se queda atrás Fomento: 11 modificados por valor de 61 millones (11% de aumento sobre el precio inicial) y cinco prórrogas por 4,6 millones. En menor medida, Industria sumó 2,8 millones por prórrogas. Y Sanidad abonó 7,4 millones por prórrogas.

Acuden licitadores a la apertura de sobres de ofertas que no saben que ya han sido eliminados o con una propuesta económica enloquecida porque actúan a ciegas

No podía quedar  RTVE fuera del tal escaparate del malgasto público. El informe censura que envuelve en un verdadero galimatías la contratación al distinguir entre "aspectos técnicos" y "condiciones económicas" mientras que la legislación sólo contempla entre criterios evaluables subjetivamente y objetivamente. Los licitados, según el tribunal, nunca saben por qué criterios subjetivos se les elimina y premia. Y eso origina caos. Acuden licitadores a la apertura de sobres de ofertas que no saben que ya han sido eliminados o con una propuesta económica enloquecida porque actúan a ciegas.

Pero el caos se hace más entendible cuando se analiza el contrato de un millón de euros para mantenimiento de los equipos de producción y emisión. ¿Por qué había que externalizarlo? "Por el manejo de una tecnología exclusiva de la empresa adjudicataria". Pero dado que este servicio venía prestándose año tras año el Tribunal de Cuentas apunta que tal tecnología no podía ser tan novedosa para TVE. Y como TVE también alegara que además era difícil de prestar por la dispersión de efectivos propios, el tribunal les invitó a juntarse un poco: "cabría valorar la posibilidad de centralizar los diferentes equipos".

En ocasiones, aparecen facturas en TVE con posterioridad a la extinción de un contrato por un total de 2,4 millones. Otro contrato firmado por 84 días el 30 de agosto de 2012 se siguió prestando hasta octubre de 2013...

En suma, el Tribunal de Cuentas vuelve a pedir que se justifiquen las necesidades o causas imprevistas que originan las modificaciones contractuales; un mayor seguimiento de la ejecución de los contratos y del cumplimiento de los plazos, haciendo efectivas las garantías en caso de incumplimientos y, en su caso la imposición de penalidades. Y exige un ramillete de medidas mínimas: que se justifique  por qué hay que externalizar servicios, que sea excepcional y justificada la falta de concurrencia y publicidad, y que se cumpla algo tan perogrullesco como comprobar que el servicio se ha prestado. Gastar el dinero ajeno como si fuera propio. El celo casero para pagar la encimera aplicado al tramo del AVE.