LIBERTAD DIGITAL

12 febrero 2014

NUEVO PROBLEMA PARA DÍAZ

El AVE de Antequera tiene un agujero de 280 millones de euros

El concurso de Fomento pidiendo propuestas ha quedado desierto. Adif indicó que si el sector privado no lo ve viable, el proyecto no se acometerá

PEDRO DE TENA (SEVILLA) 2014-02-11

El Ministerio de Fomento no quiere asumir otro agujero de la Junta en la alta velocidad, nada menos que de 280 millones de un tramo de AVE regional, el de Antequera, que Susana Díaz ya no puede pagar. El proyecto ferroviario regional para unir por alta velocidad las provincias de Huelva, Sevilla, Málaga y Almería suponía 1.337 millones de euros en un proyecto denominado Eje Ferroviario Transversal de Andalucía. Desde 2011, el gobierno socialista de Andalucía buscaba una solución a las obras del AVE Sevilla-Antequera -Málaga-, 129 kilómetros de doble vía electrificada para viajar a más de 250 km/h parte del proyecto global.

Según publica El Mundo, hace un año la Cámara de Cuentas de Andalucía emitió un informe fiscalizador sobre la política de infraestructuras de la Junta y lo dio por suspendido hasta 2016.

Se ha logrado construir la plataforma sin superestructura -vías y catenaria- ni señalización en el tramo Marchena-Antequera, pero no hay dinero para más.

 

El Banco Europeo de Inversiones -BEI- aportó 180 millones de euros, pero Susana Díaz debe acabar la obra y ponerla en servicio o quedarse con una infraestructura inútil superior en coste a otros famosos fracasos como el aeropuerto de Ciudad Real, el de Castellón o el de Corvera -Murcia- o tendrá que proceder a la devolución del crédito.

Ahora, la Consejería de Fomento del Gobierno andaluz, dirigida por Elena Cortés -IU-, quiere llegar a una solución con la Secretaría de Infraestructuras del Ministerio de Fomento y con Adif, pero éste ente ferroviario nacional tiene una deuda de 14.000 millones de euros y, además, el Ministerio de Fomento carga desde 2011 con la ejecución de otro proyecto vinculado al AVE en Andalucía, el denominado anillo ferroviario de Antequera, promovido por la ex ministra de Fomento, la malagueña Magdalena Álvarez.

Dicha infraestructura, de más de 50 kilómetros, quería ser el mayor campo de pruebas mundial de la alta velocidad. Con un presupuesto de366 millones de euros, un tercio de la financiación debería corresponder a operadores privados. Pero el concurso de Fomento pidiendo propuestas ha quedado desierto y ahora debe ser licitado de nuevo. Adif indicó el lunes que si el sector privado no lo ve viable, el proyecto no se acometerá.

¿Banco de pruebas ferroviario?

Ahora, Susana Díaz ha propuesto a Fomento aprovechar los 70 kilómetros de obra andaluza para instalar allí el banco de pruebas ferroviario. De esa manera la Administración central cubriría los 280 millones de euros que Andalucía se ha dejado en el proyecto fallido de AVE regional entre fondos propios y financiación del BEI, donde Magdalena Álvarez es vicepresidenta.

Susana Díaz quiere que Adif cargue con el mochuelo pero el ente ya ha recortado presupuestos millonarios que no podía afrontar, como la estación diseñada por Norman Foster en Orense, el macroproyecto para la estación de la Sagrera en Barcelona o varias entradas del tren de alta velocidad a capitales que disparaban los costes por el hecho de hacerlas de manera soterrada.

El PP acusa a Susana de cambiar AVE por bicis

La realidad del nuevo modelo productivo del que habla Susana Díaz es la paralización de obras en marcha tan importantes como el AVE Sevilla-Málaga y la no ejecución de 6.313 millones de euros de fondos de la Unión Europea que dejarán de venir a Andalucía. "Cómo se atreve Susana Díaz a poner su gobierno como modelo de gestión cuando los gobiernos socialistas han hecho de Andalucía el paraíso de la corrupción y han permitido la especulación", se preguntó Alicia Martínez, vicesecretaria de Territorio, Medio Ambiente y Asuntos Europeos del PP andaluz.

 

Díaz dijo que Susana Díaz "tira la toalla" del AVE Sevilla-Málaga y acusó al PSOE de ser “el peor enemigo del desarrollo y el empleo en Andalucía” por poner freno a las infraestructuras que ya estaban previstas y ser incapaz de gestionar el dinero que recibe de Europa.

En el Programa Operativo de la UE 2007-2013 estaban previstas tres grandes infraestructuras fundamentales para Andalucía que están paralizadas. Se trata del AVE Sevilla-Málaga con 650 millones de euros, la autovía del Almanzora, con 160 millones de euros, y la Autovía del Olivar con 258 millones de euros.

Martínez puso en evidencia la incoherencia de que Díaz vaya a Bruselas a reclamar el Corredor Mediterráneo y dos semanas después renuncie a una obra fundamental del eje transversal de Andalucía..

El PP considera "un chiste" que Díaz hable de nuevo modelo productivo basado en la construcción sostenible y la bicicleta cuando los gobiernos municipales socialistas han protagonizado pelotazos urbanísticos ante el descontrol de la Junta de Andalucía. Agregó que ahora el gobierno andaluz ha optado por “poner trabas al crecimiento sostenible de Andalucía en vez de ofrecer soluciones” y puso como ejemplo el Plan de Protección del Litoral que tiene más de 4.000 alegaciones o “la batalla” de la Almoraima.

Alicia Martínez afirmó que ante la incoherencia y el desconcierto de Díaz cuando habla de nuevo modelo productivo, el PP defenderá la próxima semana en el Parlamento una proposición no de ley con propuestas concretas en todos los sectores productivos de nuestra comunidad. Martínez avanzó que en el caso del sector de la construcción el PP pedirá:

1- Un nuevo Plan de Licitación de Obra Pública  que active las obras paralizadas e incluya inversiones nuevas.

2- Un nuevo Plan de Colaboración Público-Privada, con el fin de financiar mediante esta fórmula infraestructuras generadoras de actividad económica y empleo.

3- La derogación del Plan de Protección del Litoral y buscar el consenso con municipios y agentes sociales y económicos para hacer compatibles la protección del litoral y la actividad económica generadora de empleo.

4- La derogación del Plan de Ordenación del Territorio de Andalucía (POTA) y la revisión de las normas urbanísticas y de ordenación del territorio aprobadas en las últimas décadas.

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