-El consejero argumenta que no tenían antecedentes y que quieren devolver los 2,7 millones malversados.

-Iniciativa y el PSC denuncian un trato de favor de la Generalitat y el consejero invoca la legalidad

Pere Ríos Barcelona 17 JUL 2013 - 11:42 CET

Son delincuentes primarios, tienen una condena corta, ingresaron voluntariamente en la cárcel, existe un bajo riesgo de reincidir y tienen la intención de devolver a las arcas públicas lo que malversaron. Estos son los argumentos que empleó ayer el consejero de Justicia de la Generalitat, Germà Gordó, para justificar en el Parlament el tercer grado penitenciario concedido a los expresidentes de la Ferrocarriles de la Generalitat (FGC) Enric Roig y Manuel Herce.

El PSC e Iniciativa-Esquerra Unida rechazaron el argumentario de Gordó y coincidieron en que los dos exdirectivos en la época de Jordi Pujol se han beneficiado de un trato de favor de la Generalitat. El principal motivo de esa acusación es que solo han cumplido 48 días de cárcel de una condena de cuatro años y medio por malversar 2,7 millones de euros con un plan de pensiones ilegal. La justicia consideró esa actuación como un delito de prevaricación y los dos condenados solo han devuelto a las arcas públicas poco menos de una cuarta parte de ese dinero.

“Para ser primarios eran bastante espabilados”, le espetó al consejero Salvador Milà, diputado de ICV, que calificó la situación de “absolutamente injusta”. En su opinión, el dinero malversado por Roig y Herce forma parte de “una herencia de más de ocho millones y medio de euros” que desaparecieron de las arcas públicas si se suma a ese plan de pensiones ilegal las cantidades desviadas a Unió del caso Pallerols y los 5,1 millones del caso Palau.

El diputado del PSC Ferran Pedret consideró que el tercer grado penitenciario puede ajustarse a la legalidad pero negó que fuera una decisión “habitual u ordinaria”, como sostiene Gordó, sino “sospechosamente excepcional”. Su argumento fue la celeridad con la que se otorgó a Roig y Herce el régimen abierto cuando aún faltan por devolver a las arcas públicas más de dos millones de euros. Además, el mismo día que salieron en tercer grado penitenciario fueron trasladados a un centro de régimen abierto para que ni siquiera tuvieran que regresar a dormir a la cárcel de Quatre Camins. El tiempo habitual para gozar de esta situación a un preso corriente es de un mes.

Para ser primarios eran bastante espabilados

Salvador Milà, diputado de ICV

Milà también preguntó por qué Roig y Herce acudieron a finales de mayo a la cárcel para cumplir la pena acompañados de José Luis Valdivieso, subdirector general de Prisiones de la Generalitat. El consejero no respondió y tiró de estadística parajustificar la actuación. Gordó recordó el número de terceros grados que se concedieron en la época del tripartito: 11.740 casos, de los que más de 5.500 fueron sin el cumplimiento de la mitad de la pena.

Esas cifras genéricas le sirvieron para concluir que los funcionarios de prisiones “lo hicieron bien y ahora lo continúan haciendo”, como si su departamento fuese ajeno a las juntas de tratamiento de las prisiones. Gordó, además, leyó una sentencia referida a un delincuente habitual que justificaba la concesión del tercer grado sin haber pagado el dinero robado. Como Roig y Herce.