La Voz de Galicia
4 septiembre 2015
¿Es posible que una obra cueste al final lo que se firmó al principio?
Una de las fuentes de sobrecostes más habitual en las obras públicas: las revisiones de precios
redacción / la voz, 03 de septiembre de 2015. Actualizado a las 05:00 h.
Los sesenta millones de euros que el ADIF ha abonado a constructoras de la línea de alta velocidad Santiago-Ourense años después de su puesta en servicio revelan una de las fuentes de sobrecostes más habitual en las obras públicas: las revisiones de precios. El ADIF era consciente del problema que se le avecinaba con la aplicación retroactiva de una norma que reducía estas actualizaciones para salvaguardar las arcas públicas. Hasta el punto que reservó provisiones para abonar estas eventuales indemnizaciones sobrevenidas ante la posibilidad de que los fallos judiciales fueran desfavorables para los intereses del administrador ferroviario.
Para evitar que estos problemas se repitan en un futuro, y sobre todo conjurar la incertidumbre sobre el precio final de las infraestructuras, el ADIF modificó algunos requisitos de cara al proceso de adjudicación de obra pública, de tal forma que se valora que las empresas que concurren a los concursos renuncien a la revisión de precios una vez terminada la obra. Estos sobrecostes son especialmente gravosos en proyectos que se alargan en el tiempo, como son las líneas de alta velocidad. En paralelo, el consejo de administración del ADIF modificó el baremo para valorar las ofertas, otorgando más peso (un 75 %) a la vertiente económica que a la técnica. Antes, la previsible baja sobre el presupuesto de licitación estaba al mismo nivel que la calidad del proyecto, algo que, al parecer, ofrecía menos garantías.
Esta estrategia de dar más relevancia al coste de la obra quizás es la explicación de las importantes bajas sobre el presupuesto de licitación que últimamente se aprecian en las adjudicaciones. Los más descreídos argumentan que, una vez que las empresas se hacen con la obra con bajas cercanas a lo temerario, desarrollan una estrategia para recuperar el dinero perdido -o más bien no ganado-, bien a base de modificados, bien con la revisión de precios y posteriores pleitos contra la administración. De ahí que también el ADIF sea reacio a aceptar modificados, escaldado por los abultados sobrecostes en varios proyectos de alta velocidad. El objetivo es que las obras cuesten al final lo que se firmó al principio en el contrato con la adjudicataria, salvo sorpresas o complicaciones no previstas. El país no está para fiestas.
En el 2010, con José Blanco al frente de Fomento, se ajustaron los precios de distintos aspectos de la obra pública «para optimizar los recursos públicos» en plena crisis, «sin que esto suponga una merma de calidad». En una de sus disposiciones se recomendaba incluso que en las obras en ejecución se estudiara la posibilidad de aplicar la orden ministerial con el nuevo baremo de precios, modificando los contratos si fuera necesario.
