EL ADIF no está personado en el caso Alvia como acusación por las víctimas del accidente, sino tan solo para reclamar responsabilidades penales y civiles por los daños sufridos en la infraestructura que gestiona tras el descarrilamiento del Alvia. De ahí que resultara muy extraño que solicitara cuatro años de cárcel para el maquinista, Francisco José Garzón Amo, que es el máximo que se puede pedir por los 80 homicidios imprudentes del accidente.

La Abogacía del Estado intenta enmendar ahora lo que consideran «un evidente error material» y piden al juez instructor, Andrés Lago Louro, que tenga en cuenta el error y sea subsanado en el escrito de acusación. El abogado del Estado explica que en ese escrito se señaló como pena aplicable a un delito de daños del artículo 267 del Código Penal «una elevada pena de prisión e inhabilitación [los cuatro años de cárcel e inhabilitación especial de seis años para el ejercicio de la profesión], cuando el precepto señala una pena de multa tres a nueve meses».

De ahí que solicite la modificación del apartado quinto de su escrito de acusación de la siguiente manera: «Procede imponer al encausado la pena de multa de nueve meses, con responsabilidad personal subsidiaria, en caso de impago de la multa, de un día de privación de libertad por cada dos cuotas diarias de multa no satisfecha».

Como prueba evidente del error, en el mismo escrito de acusación que ahora se pretende corregir la Abogacía del Estado aclaraba que el ADIF «no estaba legitimado» para formular acusación por los delitos de homicidio y lesiones por imprudencia grave, sino solo por unos daños que ascienden a 1.388.081 euros.

La instrucción del caso Alvia se salda con 80 delitos de homicidio por imprudencia grave

Pablo González

Acuerda el sobreseimiento para el exdirector de Seguridad en la Circulación de Renfe y otro cargo territorial del ADIF, así como para los tres técnicos de la empresa pública de ingeniería Ineco

El juez del caso Alvia ha dado el segundo carpetazo a la instrucción del accidente ferroviario de Santiago. Si en el primero la perspectiva era ir a juicio con el maquinista como único imputado -algo que impidió la Audiencia Provincial de A Coruña-, esta vez Francisco José Garzón Amo estaría acompañado en el banquillo por Andrés Cortabitarte, el que era director de Seguridad en la Circulación del ADIF cuando se puso en servicio la línea de alta velocidad Ourense-Santiago. Les imputa a ambos 80 delitos de homicidio por imprudencia grave profesional, así como 144 delitos de lesiones. Las partes pueden ahora recurrir el auto, elaborar sus escritos de acusación o solicitar diligencias complementarias, para lo que tienen un plazo de diez días.