La juez Nieves Molina ha abierto juicio este martes contra ocho antiguos cargos de Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana por el accidente de metro de Valencia que en 2006 costó la vida a 43 personas y causó heridas a otras 37. A los acusados se les atribuyen los delitos de homicidio y lesiones por imprudencia y contra la seguridad de los trabajadores.

La magistrada ha dictado el auto 12 años y medio después del siniestro y contra su voluntad: Molina, titular del Juzgado de Instrucción número 21 de Valencia, archivó la causa en tres ocasiones entre 2007 y 2017 al no apreciar indicios de delito, y se ha visto obligada a concluir la instrucción y abrir juicio a golpe de resoluciones de los jueces de las secciones Primera y Segunda de la Audiencia de Valencia, sus superiores jerárquicos.

En el banquillo de los acusados se sentarán Marisa Gracia, que entonces era gerente de Ferrocarrils de la Generalitat (FGV) y sus subordinados Manuel Sansano (jefe de operaciones), Juan José Gimeno (jefe de auditoría para la seguridad), Luis Miguel Domingo Alepuz (jefe de talleres), Sebastián Argente (jefe de la Línea 1 de Metrovalencia), Vicente Contreras (director adjunto de explotación), Francisco García (director técnico) y Francisco Orts (director de estudios).

"Graves deficiencias"

La fecha del juicio todavía no ha sido señalada. La Fiscalía pedirá en él penas de tres años y siete meses de cárcel para los ocho antiguos directivos, a los que acusa de conocer o haber debido conocer las "graves deficiencias" de seguridad de la Línea 1 de Metrovalencia. El ministerio público considera que no disponía de sistema para controlar la velocidad, los trenes que circulaban por sus vías presentaban problemas y el sistema de selección y formación de maquinistas resultaba inadecuado. "Todos ellos eran conscientes de que tales deficiencias detectadas en una actividad de transporte de personas conllevaba un riesgo muy grande para la seguridad de los trabajadores y las personas, como así ocurrió", añade el escrito de calificación de la Fiscalía.

La Asociación de Víctimas 3 de Julio, que ejerce la acusación particular, reclama, por su parte cuatro años de prisión por los mismos supuestos delitos. Su presidenta de la entidad, Rosa Garrote, ha manifestado su satisfacción por el paso dado por la justicia en declaraciones a Efe.

Responsabilidad política

Durante nueve años, los miembros de la asociación se concentraron el día 3 de cada mes en la plaza de la Virgen de Valencia para exigir responsabilidades políticas por el accidente, que consideran consecuencia de la falta de seguridad y de inversiones de la Línea 1 de Metrovalencia, y por la respuesta que el Ejecutivo autonómico dio al siniestro. El Consell, presidido entonces por Francisco Camps, se apresuró a responsabilizar exclusivamente al maquinista del convoy, Joaquín Pardo, que fue uno de los fallecidos, por superar la velocidad en la curva situada entre las paradas de Plaza de España y Jesús donde descarriló el metro.

El auto dictado por la juez Molina considera responsable civil a la aseguradora Zurich y, subsidiariamente, a Ferrocarrils de la Generalitat.

En 2015, después del cambio de color político en la Generalitat valenciana y de que el Gobierno de Ximo Puig se comprometiera a celebrar una comisión de investigación en las Cortes Valencianas, la asociación dejó de las concentraciones. La comisión parlamentaria concluyó en 2017 que la responsabilidad del accidente fue de los antiguos gestores de Ferrocarrils de la Generalitat. Una decisión que el Tribunal Constitucional anuló en diciembre, señalando que un Parlamento no puede formular una "imputación de conductas o acciones ilícitas" al margen de los tribunales.