La Comisión Europea anunciará hoy la apertura de un procedimiento formal de infracción a España por no cumplir con las directivas comunitarias en materia de seguridad ferroviaria. Aunque el Ejecutivo comunitario no pone en duda que el sistema sea seguro, considera que los métodos de trabajo de los organismos públicos que se ocupan tanto la inspección de los accidentes como de la homologación de las líneas y los trenes no se ajusta a los parámetros de la normativa comunitaria, informaron a EL PAÍS fuentes conocedoras del expediente.

El expediente pone en duda los procedimientos llevados a cabo por la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios (CIAF), un organismo independiente bajo el organigrama del Ministerio de Fomento creado en diciembre de 2017 para la investigación técnica de los accidentes e incidentes ferroviarios acaecidos en la Red Ferroviaria de Interés General.

El expediente de Bruselas no se fija en ningún accidente en concreto, pero constata que las investigaciones llevadas a cabo por el CIAF no contienen una serie de parámetros a los que obliga la directiva comunitaria. El CIAF tiene actualmente varias investigaciones en marcha, entre las que se encuentra la del accidente de O Porriño (Pontevedra), en septiembre de 2016, en el que descarriló un tren de Renfe a la entrada de la estación de esa localidad causando la muerte a cuatro personas (el maquinista, el interventor y dos pasajeros) y medio centenar de heridos. También tiene expedientes abiertos por los descarrilamientos en Brazatortas (Ciudad Real), Capcanes (Tarragona) o Arahal (Sevilla), entre otros.

La Comisión Europea también pone en cuestión la labor de la Agencia Estatal de Seguridad Ferroviaria (AESF), otro organismo público dependiente del Ministerio de Fomento, que se encarga de homologar y certificar el material ferroviario tanto de las vías e infraestructura que presta el Adif, como de los trenes de Renfe. También ejerce las competencias del Ministerio de Fomento en materia de personal ferroviario, y en particular, otorgar, renovar, suspender y revocar las licencias y títulos de conducción de personal ferroviaria.

El procedimiento de infracción se inicia hoy con el envío de la carta de emplazamiento solicitando más información al Estado español, que dispone ahora de dos meses para remitir una respuesta detallada. Si la contestación no deja satisfecha a la Comisión y no se adoptan las medidas para corregir los errores, esta enviará un dictamen motivado, es decir, una petición formal para que se dé cumplimiento a dicha legislación. Y, en último caso, remitirá el asunto al Tribunal de Justicia de la Unión Europea para que le imponga una sanción.

Respuesta de Fomento

El Ministerio de Fomento será el responsable de dar respuesta a esa carta de las autoridades comunitarias. El departamento que dirige José Luis Ábalos ha encargado a un grupo de expertos la elaboración de un informe sobre la seguridad en las infraestructuras del Estado (carreteras, ferrocarril y aeropuertos) que tiene previsto presentar al Consejo de Ministros en las próximas semanas.

En el mismo, se contienen medidas que pueden subsanar los defectos que ha encontrado la Comisión para la apertura del expediente. En este informe se revisarán todos los aspectos relacionados con la seguridad de competencia del Ministerio de Fomento: la supervisión de la seguridad operacional (safety), la seguridad frente a actos ilícitos (security), el funcionamiento de las comisiones de investigación de accidentes y el mantenimiento de las infraestructuras frente al riesgo de accidentes.

El ministro encargó este informe el pasado mes de septiembre, días después de reunirse con la plataforma de víctimas del accidente del Alvia que acabó con la vida de 80 personas el 24 de julio de 2013 en la entrada de Santiago de Compostela. El equipo del Ministerio ya informó a la Comisión Europea de las líneas generales contenidas en este informe en un encuentro que tuvo lugar en Bruselas el pasado mes de noviembre.

La directiva comunitaria de seguridad ferroviaria data del año 2004 aunque fue modificada en mayo de 2016, y ahora está también en revisión. La normativa tiene cuatro ejes fundamentales: la creación, en cada país de la UE, de una autoridad responsable de la supervisión de la seguridad; el reconocimiento mutuo de los certificados de seguridad expedidos por los países de la UE; la creación de indicadores comunes de seguridad destinados a evaluar que el sistema cumple los objetivos comunes de seguridad y a facilitar el seguimiento del grado de seguridad ferroviaria; y la definición de normas comunes aplicables a las investigaciones de seguridad.