El juez instructor de la causa judicial abierta para aclarar el accidente ferroviario en Santiago de Compostela ha decidido pedir un informe a la Agencia Ferroviaria Europea solicitándole que determine si, en atención a la normativa comunitaria, era necesario que España hubiese realizado una evaluación integral de riesgo en la línea en la que se produjo el siniestro, circunstancia en la que insisten peritos y víctimas, pero sobre la que hasta ahora no se había ahondado en el juzgado.

El magistrado, Andrés Lago Louro, del Jugado de Instrucción número 3 de Santiago de Compostela, ha dictado un nuevo auto en el que especifica que ese informe de la Agencia Ferroviaria Europa debe responder a la necesidad "normativa y/o técnica" de que se hubiese realizado esa evaluación de riesgo teniendo en cuenta "la situación de peligro concretamente existente en la curva" de A Grandeira, en el barrio de Angrois.

El accidente del Alvia, con 80 pasajeros fallecidos y 144 lesionados, se produjo a las afueras de Santiago de Compostela, el 24 de julio de 2013. Casi cuatro años después, ni éste ni el primer juez instructor del accidente habían pedido la intervención de la Agencia, a pesar de que sí lo hicieron las víctimas y de que, ya en julio de 2016, este organismo comunitario cuestionó la independencia de la investigación técnica realizada por España sobre el accidente y a principios de 2017 se ofreció a colaborar en la investigación judicial.

La Agencia Ferroviaria Europea deberá incluir en su informe si considera necesaria esa evaluación de riesgo tanto antes de la puesta en servicio de la línea Ourense-Santiago en diciembre de 2011 como con posterioridad en caso de haber algún "cambio significativo", como efectivamente hubo.

Aspectos "controvertidos"

Ese informe que ahora solicita el juez se refiere a determinados aspectos que el juez considera "controvertidos", como, por ejemplo, qué entiende la Agencia, en términos de seguridad ferroviaria y evaluación de riesgo, por "cambio significativo", y si merece tal consideración la construcción de una nueva línea de alta velocidad o la modificación de un proyecto inicial. En esta línea se sustituyó el sistema de supervisión continua de la conducción (ERTMS) proyectado por un sistema de apoyo o respaldo a la conducción (ASFA DIGITAL).

Una de la cuestiones controvertidas que las partes personadas en la causa mantienen es que los operadores ferroviarios no habían advertido correctamente a los maquinistas de la línea en la que se produjo el accidente de los riesgos existentes. Al respecto, el juez también pregunta a la Agencia si considera que al maquinista del Alvia le habían informado de forma correcta o no de los riesgos de la línea y, en concreto, del de accidente por descarrile en curva en caso de exceso de velocidad.

Tanto las víctimas del accidente como la defensa del maquinista, Francisco José Garzón Amo, uno de los dos investigados en esta causa, insisten en que no se ha tenido en cuenta lo suficiente el llamado factor humano a la hora de establecer las condiciones de seguridad de la línea ferroviaria. Al respecto, el juez le pregunta a la agencia si a la hora de realizar la evaluación integral de riesgos, ha de tenerse o no en cuenta o no.

No archiva la causa

El juez instructor decidió en marzo citar en calidad de investigado en esta causa al director de Seguridad en la Circulación de ADIF en la fecha de puesta en funcionamiento de la línea, Andrés Cortabitarte. Tras citarle y negarse éste a declarar, tanto su abogado defensor como el propio administrador de Infraestructuras Ferroviarias recurrieron su imputación y pidieron el archivo de la causa.

Ahora, el magistrado rechaza su solicitud. Sigue pendiente de que la Audiencia Provincial de A Coruña se postule sobre el particular, pero el juez Andrés Lago ya ha acordado que "no procede el sobreseimiento de la causa", pues "resulta procesalmente inviable".