Andrés Cortabitarte, máximo responsable de la seguridad en la línea de Angrois, sigue siendo una pieza clave para el proceso del caso Alvia, pero una pieza muda. El ahora responsable de Innovación y Desarrollo Tecnológico del ADIF optó por segunda vez por acogerse a su derecho constitucional a no declarar. Llegó este martes por la mañana a los juzgados de Santiago una hora antes de las 10.30, cuando estaba fijada su declaración, probablemente para zafarse del gran número de periodistas que iban a estar pendientes de él. Finalmente se zafó también de la declaración. Quienes esperaban que al menos contestara a su abogado y a la Abogacía del Estado, incluso al juez y el fiscal, se fueron decepcionados. Numerosos abogados cogieron sus aviones de vuelta a Madrid sin nada que llevarse de vuelta. Las víctimas reconocieron que la decisión de Cortabitarte, o de sus abogados, era legal, «pero inmoral».

¿Por qué el ADIF se niega a que declare?

Quienes estaban convencidos de que Cortabitarte no declararía aducen que es una postura coherente con la reciente estrategia procesal de su abogado y de la Abogacía del Estado, que solicitaron la suspensión de la comparecencia a la espera de que la Audiencia Provincial de A Coruña resolviera los recursos contra su imputación. Esta jugada les salió bien en dos ocasiones. En la primera el recurso se resolvió antes de la citación y en la segunda se negó a declarar, como el resto de los imputados. La negativa a no declarar es plenamente legítima, pero casa mal con los continuos alegatos en favor de la colaboración con la Justicia tanto por parte de Fomento como del ADIF. Se da la circunstancia de que su superior jerárquico inmediato sí declaró como testigo, pero el testimonio del alto cargo permanece inédito. Algunas partes del proceso creen que existe miedo a que Cortabitarte, muy independiente y vehemente, puede desviar la atención judicial a otros cargos de responsabilidad política. De momento, solo sus abogados han hablado por él para desviar la responsabilidad de la evaluación integral de riesgos a las empresas y a Ineco.

¿Qué hará la Audiencia esta vez?

La respuesta a esta pregunta exige cierta especulación, pero hay algunos puntos de partida objetivos. La Audiencia obligó al juez instructor, Andrés Lago Louro, a reabrir hace casi un año una instrucción que había dado por cerrada con el maquinista como único imputado. Y le impuso una nueva línea de investigación centrada en los análisis de riesgo en la curva de Angrois. El juez decidió imputar a Cortabitarte a la luz de las orientaciones de los magistrados de la Audiencia y de los informes periciales, especialmente el del ingeniero de telecomunicaciones César Mariñas. Así que sería difícilmente digerible que la Audiencia desmontara su propia línea de investigación.

¿Cómo queda ahora la instrucción?

La causa Alvia, orientada a aclarar las circunstancias en las que perdieron la vida 80 personas y 144 resultaron heridas en la curva de Angrois, queda en un cierto impás, pero no porque no haya asuntos que investigar, sino porque todo dependerá en última instancia de lo que decida la Audiencia. Después se verá si se vuelve a citar a Cortabitarte en el caso de que se mantenga la imputación, algo que sin duda pedirán las partes. Negarse a declarar en este escenario sería una posición aún más difícil de defender. Hay diligencias en esta situación de transición que pueden ejecutarse, como la necesaria participación en el procedimiento de los técnicos de la Agencia Ferroviaria Europea, especialmente después de que las víctimas revelaran un correo electrónico del responsable de seguridad en el que aseguraba que la evaluación integral de riesgos de la línea Santiago-Ourense era obligatoria.

¿Cómo asumieron las partes la no declaración?

Las víctimas, en su legítima búsqueda de la verdad del accidente, afrontaron la declaración frustrada con decepción, y su portavoz, Teresa Gómez-Limón, calificó esta actitud de «inmoral», especialmente al tratarse de un cargo público «que pagamos todos» y que ha estado imputado tres veces. El abogado del maquinista, Manuel Prieto, atribuyó la decisión a la «cobardía». Cree que es preciso que declare para que se aclaren las «responsabilidades compartidas» en la «omisión de medidas de seguridad» en Angrois.

La comisaria de Transportes confirma al BNG que el caso sigue abierto en Bruselas

La portavoz del BNG en Europa, Ana Miranda, se reunió ayer en Estrasburgo con la comisaria de Transportes, Violeta Bulc, de quien depende la Agencia Ferroviaria Europea, un organismo muy crítico con la gestión del accidente de Angrois por parte del Gobierno español. Según la propia Ana Miranda, la comisaria le confirmó que, «a efectos do Executivo europeo, o caso da traxedia de Angrois permanece aberto». Bulc, que visitó recientemente España y se reunió con las víctimas, está dispuesta a mantener un segundo encuentro para ponerse al día sobre las novedades en la investigación del accidente.

Ana Miranda, por su parte, transmitió a la comisaria la necesidad de abrir otro procedimiento de infracción contra España por incumplir las directivas europeas en materia de seguridad ferroviaria. En su momento se abrió uno por la falta de independencia del organismo que investiga los accidentes, pero se cerró cuando España cambió la normativa.

Bulc, por su parte, se ha comprometido a «seguir vigilando» la aplicación de la normativa, según señalaron fuentes de la Comisión Europea consultadas por Europa Press.